(*) Documento de la coordinadora Basta es basta. En un nuevo intento por ampliar la legalidad de los envenenamientos masivos, nuestra legislatura intentará este martes 14 de diciembre aprobar un proyecto de ley que habilita la fumigación con agrotóxicos en las banquinas de nuestras rutas y caminos ( Proyecto 24501).
En dicho proyecto, escondido entre frases que aluden a sembrar árboles nativos para combatir el cambio climático aparece en el artículo 11 la autorización a las prácticas agroindustriales en las banquinas.
Las banquinas son los miles de metros cuadrados públicos donde la biodiversidad resiste el embate de las fumigaciones con agrotóxicos. Pretender ocuparlas también con monocultivos contaminantes significa condenar a muerte nuestros suelos, nuestras aguas y lo que nos queda de biodiversidad junto con nosotrxs. Significaría además viajar rodeados de venenos, envenenar incluso los árboles nativos que justificaría la ley, contribuir finalmente a empeorar el cambio climático que se pretendería disminuir y un nuevo acto de privatización de lo público en pocas manos.
Hagamos un poco de historia y veamos que esta ley retrocede en términos de justicia social y ambiental. La provincia habilitó la fumigación en banquinas en el año 2004 mediante Ley 9583. Nunca fue reglamentada y su ejecución se ha llevado en forma desordenada y caótica. En buen tino, el Senado en 2014 con un dictamen donde se alega “la posible afección a la salud humana provocada por las fumigaciones que necesariamente ocurrirían …“ , intentó poner freno a estas prácticas nocivas (proyecto de los legisladores Natalio Gerdau (PJ-Gualeguaychú) y de César Garcilazo (PJ-Victoria). Dato importantísimo es que esta práctica ha sido prohibida a nivel Nacional; para caminos y rutas Nacionales; como asimismo muchas provincias, en forma paulatina la han profundizado; prohibiendo este tipo de práctica a los fines de garantizar la seguridad vial y fundamentalmente conservar los pocos corredores biológicos que cumplen la esencial función de ser fitodepuradores con los que contamos; sin dejar de mencionar la importancia fundamental como fuente de alimento para los polinizadores. Asimismo debemos resaltar que las banquinas son tierras de dominio público provincial y por tal carácter cualquier fin que se les designe, debe ser en pos de beneficios colectivos y no un acto más de privatización de lo común.
Otro tema que nos preocupa y ocupa es la necesidad de que nuestra provincia adhiera en forma efectiva a Ley Nacional Nº 27.592, denominada “LEY YOLANDA. La provincia intenta aprobar su propia ley sobre Capacitación ambiental ( Expediente: Nª 24309); pero ADHERIR a la nacional es medular atento a la importante plataforma y contenido que se está trabajando desde Nación; contenidos consensuados por organizaciones de todo el país, en foros democráticos de debate, que enaltecen a la institucionalidad democrática. Sería de gran valor para la provincia contar con ese respaldo como asimismo poder ser incluidos en los programas a desarrollarse; más aún siendo Entre Ríos una provincia tan fumigada, la educación que propicia la ley yolanda es fundamental para cambiar el modelo que nos enferma.
Por lo expuesto proponemos: Celebrar la iniciativa de forestar las banquinas con vegetación nativa acorde al lugar; prohibir la actividad productiva en estas zonas; y adherir en forma expresa a la Ley Yolanda.
Lo expresado representa la opinión y el reclamo de más de 25 asambleas provinciales que trabajamos en forma conjunta, por un Entre Ríos más justa a nivel ambiental y social.
