El pasado lunes 25 de julio comenzó un nuevo plan de lucha docente en Entre Ríos, con un paro de 48hs y una movilización que sin dudas fue la más importante y masiva que cualquier gremio haya realizado en lo que va del año en la provincia. Posteriormente, el congreso de AGMER, tomando los mandatos de las asambleas de las escuelas de los 17 departamentos de la provincia, definió una continuidad dura e intensa para el plan de lucha: cinco días de paro, con actividades en cada seccional, y como cierre una nueva movilización provincial, el próximo jueves 11 de agosto. Llamativamente (¿o ya no?), esta resolución que en otros momentos habría sido noticia de tapa para todos los matutinos, de cabecera para todos los noticieros y de flash permanente para todas las radios; pasó casi desapercibida en los medios masivos de incomunicación de la provincia.

Esta es una nueva etapa, por lo visto, en el avance del gobierno sobre nuestros derechos humanos a la expresión y a la información. A veces fue la tergiversación (y los noticieros hablaban de “crisis educativa” sólo cuando había paro, responsabilizando a docentes y sindicatos de esa “novedosa” situación), otras fue la manipulación (y los diarios planteaban que en el reclamo de los maestros hacia el gobierno quedaban “en el medio los chicos”, de lo cual aparentemente sólo eran culpables los docentes, buscando así sensibilizar a la opinión pública en contra del reclamo) y otras fue también la mentira lisa y llana (como cuando se “informa” que el acatamiento al paro es de un 10% en días en los que sólo basta con mirar cómo pasan los colectivos urbanos a las 7 de la mañana para constatar que ese dato es una tomada de pelo).

Efectivamente, tomando como reales los datos oficiales de presentismo docente (que generan risas hasta en el CGE, donde los funcionarios compiten entre sí para ver cuál de ellos se anima a decir el número más alto), anunciando la no adhesión de AMET a los primeros dos paros pero no su adhesión a los siguientes, consultando solamente a dirigentes gremiales opositores a la conducción del AGMER y afines al gobierno, o recortando las declaraciones de los “Rojo y Negro” y sacándolas de contexto, difundiendo disciplinadamente la amenaza del gobierno de que todos los días de paro serán descontados y ocultando las acciones del sindicato tendiente a impedir este tipo de persecuciones; algunos medios masivos le estuvieron haciendo los “deberes” al gobierno casi como si fueran una secretaría de “información pública” paralela.

Así, en un contexto en el que el gobierno nacional (al que adhiere de un modo casi incestuoso el gobierno provincial) “denuncia” las campañas mediáticas en su contra y el “ocultamiento” de su voz en la compleja telaraña periodística que tanto incide en la agenda de discusión pública en la actualidad, en Entre Ríos se exacerba a extremos increíbles exactamente lo contrario. Si bien a esta altura muy pocos se creen en Argentina la voluntad “democratizadora” del gobierno nacional (mientras vemos crecer frente al oligopolio de “la corpo” –Clarín- el oligopolio mediático “K”), en nuestra patria chica la hipocresía llega a niveles inauditos.

No inventamos nada: UTCER (el gremio de los trabajadores de la comunicación, surgido en el marco de la CTA Paraná) lo denunció con claridad. Los periodistas de la provincia están trabajando bajo niveles de presión, persecución, amenaza y extorsión, pocas veces vistos anteriormente. En el caso de la lucha tomada como ejemplo, a esta altura ya nadie ignora en el gremio docente que todo programa de televisión o sitio digital que publique sus reclamos hacia el gobierno corre peligro de “perder” las publicidades oficiales que hasta al mes anterior le hubieran correspondido.

Es así, vivimos en una provincia en la que las “inversiones” gubernamentales en propaganda y difusión, ya sea las del Poder Ejecutivo directamente o las de cualquiera de los múltiples entes e institutos que de él dependen; se definen en función de la servidumbre demostrada por los medios hacia los intereses del partido gobernante y sus aliados. Fondos públicos, en caudales cada vez más voluminosos, surgidos de los impuestos que se les cobran a los trabajadores, son destinados a abultar los bolsillos de los dueños y gerentes de las empresas periodísticas que son puestas al servicio de la difusión de la voz oficial, la única voz que aparentemente en Entre Ríos tiene derecho a ser divulgada.

En este contexto, los trabajadores de la educación entrerrianos saben que para convocarse a las marchas (como la del próximo jueves 11) y a la lucha, no les queda otra que generar caminos distintos y propios de comunicación: las asambleas, los delegados de AGMER y su relación constante con el gremio, los correos y las redes sociales en Internet, los mensajes de texto telefónicos, las volanteadas, las pegatinas, fotocopiar y repartir el “material de las asambleas”, charlar y charlar con los padres de sus alumnos, con sus vecinos, con los compañeros que hayan sido atemorizados por la presión de la monótona voz “oficial”, volver a reunirse en asambleas, volver a salir a las calles, volver a marchar. 

¿Y la nueva “ley de medios”?

Si bien la recientemente sancionada Ley de Servicios Audiovisuales no se dedica a regular ni legislar sobre diarios y revistas, por ejemplo, sí es interesante retomar en este caso las discusiones que esta ley habilitó y supuestamente impulsó. El gobierno nacional y su marioneta provincial, se acalambraron la lengua hablando de la “democratización de la comunicación”, de la “libertad de expresión y de información del pueblo”, del respeto por la “pluralidad de voces”, desde hace tres años a esta parte. Sin embargo, quienes se paren desde la vereda de la lucha por los derechos de los trabajadores sabrán, por experiencia propia, que cada vez es más difícil en la “realidad concreta” encontrar caminos, hendijas y vías de expresión para estas luchas en los medios masivos de incomunicación. De hecho, las coincidencias entre los medios oficialistas y los medios “clarinistas” a la hora de ningunear, deslegitimar y bastardear las luchas populares, son llamativamente importantes. Pareciera ser que no están de acuerdo en casi nada, salvo en eso: los trabajadores no tenemos derecho al pataleo.

Cabe entonces la pregunta, que quizá moleste a muchos que honestamente militaron por una nueva “ley de medios” que reemplazara a la de la dictadura (que, en realidad, era todavía más autoritaria que la original, tras la reforma realizada por el menemismo): ¿éste era el objetivo? Casi ningún medio importante en la provincia (hay excepciones como Análisis Digital, AIM, Inventario 22 y diversos programas de radio, blogs o bien sitios definidamente populares o “alternativos”) refleja las instancias de lucha que se da un gremio de trabajadores buscando, entre otras cosas, una mejora salarial. ¿Eso era todo? ¿Esa es la famosa “democratización de la comunicación” que tanto pregonaron? ¿La que difunden en sus pomposos “talleres de comunicación popular”? Que nadie se entere de que hay laburantes reclamándoles por sus derechos al gobierno, ¿es a lo que tiene que aspirar un periodista comprometido con la realidad en la que vive y trabaja?

Lo peor, quizá, sea que algunos se lo creen. Porque mientras muchos laburantes del periodismo confiesan sus limitaciones, las prohibiciones y censuras cotidianas, pero se justifican por la necesidad de seguir sosteniendo el sueldo que le da de comer a su familia, haciendo lo que se puede hasta que lleguen tiempos mejores; hay otros que se lo creen. Que se creen, en serio, que mientras defienden a un gobierno provincial que amarretea en sueldos para sus trabajadores pero regala los fondos que a la provincia le corresponden (para que el gobierno nacional pueda pagar tranquilo la deuda externa que contrajo la dictadura militar); algunos creen, en serio, que se la están jugando por un modelo “nacional y popular”. Y hasta lo citan, de paso y de vez en cuando, al periodista Rodolfo Walsh, asesinado y desaparecido por la última dictadura.

Pero sobre el uso que hacen los kirchneristas del nombre del magistral periodista y escritor, en todo caso, que hable Patricia Walsh, su hija, quien hace pocas semanas dijo: "No era un periodismo de llevarse bien con el poder de turno. No entendieron, no comprendieron o no respetan la idea que puede traer el nombre Rodolfo Walsh. Elegir el nombre para quedar bien en tiempos de campaña electoral con el oficialismo, es pésimo, patético y muy poco inteligente".

Y a quien le quepa el sayo, que se lo ponga.

Publicado por Río Bravo el 04 de agosto de 2011.