El conflicto de las termas es un termómetro social. Una manera de medir el grado de tolerancia a las políticas públicas que van a contramano de muchos ideales y anhelos de jóvenes entrerrianos, que por suerte encuentran reparo en las asambleas. Ayer no más se perdió recuperar bajo control de los trabajadores la fábrica Ejemplar. Luego hubo revancha. Fue cuando se dio marcha atrás con la venta del Delta. Atrás del la consigna EL DELTA NO SE TOCA, un vasto sector del pueblo se unió y el gobierno dio marcha atrás con la entrega. Vino el Fracking y en varias localidades se dijo no. En Paraná ya se resistía a la privatización de Gloria Montoya. Ahora vivimos el No al desmonte. Pequeñas peleas de un pueblo paranaense que sabe de los gustos y las ganas de cambiar.

Al estilo indignado, acampando, dieron el puntapié. Contenidos por movimientos ambientalistas, juntos, la “experiencia” y la fuerza de la juventud que quiere cambios, los llamados imberbes, ambos, manifestaron su bronca por el atropello al derecho. Está en juego el qué quieren como ciudadanos y qué quieren para la naturaleza que, sujeta de derecho, debería ser protegida por ser el espacio vital donde vivimos. El derecho a la madre tierra, como otras naciones ya han declarado, es lo que aquí se pone en juego. El mundo está en juego.

El problema generado en torno al proyecto de las termas, el hotel cinco estrellas, etc., pone de relieve varias aristas de la sociedad: los bienes comunes. La tierra y el agua. Los animales. La economía. La economía política. La justicia.

Uno. Que los gobernantes deciden por encima del pueblo qué hacer con ellas. Han dejado de ser verdaderos representantes. Error de la Constitución. En un punto es un problema legal. De hecho, el Colegio de Abogados envió una carta a su homónimo de Arquitectos, advirtiendo si para dicho proyecto se habían realizado los estudios de impacto ambiental. No fue contestada. Se está violentando el decreto Nº 4977, del 2009, que prevé la realización de estudios de impactos ambiental previos[1]. Los funcionarios y empresarios, entonces, quedan al borde de una acción legal en su contra.

Dos. Además de jurídico, es político, pues, dicho proyecto termal y turístico, forma parte de una política pública, lanzada oficialmente. Lo reprochable (y lamentable), es que, luego de destapado públicamente el caso en la Toma Vieja, reconozcan que se cometió un “error involuntario”[2], en este caso por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Provincial, al emitir la aprobación de las obras sin dicho estudio.

Tres, es jurídico, político y económico. "Hay que reforzar los argumentos para que más gente venga a invertir y a conocer Paraná. La explotación termal jerarquizada es un negocio probado en Entre Ríos", dijo el gobernador, sobre un proyecto que la perforación ronda en un millón y medio de pesos[3].

Cuatro. Es ambiental. Dijo Daniel Verzeñassi que el proyecto termal prevé la extracción de 250 metros cúbicos por día de agua salada. En un rápido cálculo aseguró que las termas sacarán del subsuelo unos 25.000 kilos diarios de sal marina, lo que equivale a 750.000 kilos por mes, mucho más de lo que puede soportar el río con su capacidad de dilución.

A modo de cierre, agrego, necesariamente, un aporte general de Silvia Bleichmar, que viene del palo de la educación, y dice: “Tenemos que partir de reconocer el país que construimos para poder educar a los jóvenes en el país que queremos construir”[VER Pág. 39 de “Violencia Social/ Violencia escolar, la puesta de límites y la construcción de legalidades”].

Publicado en kaosenlared.net y reproducido por Río Bravo el 05 de julio de 2013.