El barrio Leoncio Luque es una de las 56 vecindades de la ciudad de Concordia incluidas dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), donde –según los relevamientos más actualizados– viven 7231 familias.
La Ley 27.453 define a los barrios populares como "villas y asentamientos en proceso de integración sociourbana", aunque el acceso formal a servicios básicos como agua, energía eléctrica y cloaca o la regularización dominial es bastante más complejo que el título.
Sobre la mayoría ellos pesó toda la vida el fantasma del desalojo. Conformados en gran medida por familias sin posibilidad de acceso a terrenos a valores de mercado o a planes de vivienda tradicionales, nacieron (y siguen naciendo) sobre terrenos privados o fiscales en desuso. Sin poner en tela de juicio el legítimo reclamo de particulares que pretendan disponer de su propiedad ni la acción desesperada de familias que se ven forzadas a elegir entre ocupar un terreno o vivir en la calle, lo que entra en juego es el rol del Estado para generar políticas que garanticen el acceso a los derechos básicos de la población: la vivienda es uno de ellos.
Prepotencia policial
Si bien hay vecinos con una, dos y hasta cuatro décadas en el lugar, el conflicto y las acciones judiciales para intentar desalojarlos comenzaron en 2019. El terreno era parte de una sucesión perteneciente originalmente a Rufino Pablo Baggio y, según aducen desde el Centro de Empleados de Comercio de Concordia, les fue cedido en comodato y desde entonces accionan en la Justicia para disponer del terreno.
Leer más: El barrio Leoncio de Luque y la necesaria urbanización de los barrios populares
En total, son 78 las familias que habitan el barrio Leoncio Luque, de las cuales 40 tienen su vivienda sobre el terreno que pretende ser desalojado.
El barrio Leoncio Luque comprende tres sectores: las 40 familias que pretenden desalojar se encuentran en el terreno resaltado con azul.
Jorgelina Ruíz Díaz vive en el barrio hace 15 años y es integrante de la Corriente Clasista y Combativa, desde donde promueven distintas acciones en pos de intentar mejorar las condiciones de vida de los vecinos y pelear por un mejor futuro.
Hace dos semanas fue víctima de un llamativo operativo policial, llevado a cabo por agentes que identificaron como de la Comisaría Cuarta: "Llegaron, pasaron el portón sin golpear hasta llegar a la puerta de entrada de la casa, pidieron datos de cada uno de los integrantes de la familia, jefe de hogar y de los menores, sacaron fotos a cada una de las casas, incluyendo a mi hija (menor de edad), en ningún momento dijeron que tenían orden ni nada por el estilo", contó a Río Bravo.
Sin identificarse y sin exhibir ninguna orden firmada, los efectivos policiales dijeron que se trataba de "un relevamiento". Como si fuera poco, desde la Fiscalía les respondieron que no estaban enterados pero que "no es ningún delito y que ellos están autorizados a hacer eso". "Entonces cualquiera se puede vestir de policía y buscar información de quién quiera", se quejó la joven.
Recién al concurrir a la comisaría les informaron que hay una orden judicial por usurpación desde 2019 y que se trababa de un relevamiento para cumplir con una orden de desalojo aunque, por estar incluidos en el Renabap, la Ley los ampara.
Deuda social
Aunque la promesa desde el Municipio es que la causa se va a archivar, la imposibilidad o las grandes dificultades para acceder a derechos y servicios básicos o vivir permanentemente en la incertidumbre es una espada de Damocles que los vecinos quisieran dejar de tener sobre sus cabezas: "La gente está bastante cansada de vivir en esta situación, cuando se pide algo al municipio la respuesta es 'no porque es privado'", lamentó Jorgelina.
En su articulado, la Ley de Integración Sociourbana de Barrios Populares establece entre sus objetivos la regularización del dominio de los terrenos y viviendas, el acceso a los servicios, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la accesibilidad y la conectividad, el saneamiento ambiental.
Sin embargo, hasta tanto no se proceda a la aplicación efectiva del artículo segundo de la Ley 27.453 que declara "de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados en el RENABAP", no deja de ser una expresión de deseo.
El acceso a uno de los beneficios más concretos de la norma, que prevé el acceso a la instalación de servicios como agua corriente, electricidad, cloacas o red de gas natural, presentación mediante del Certificado de Vivienda Familiar, choca con trabas a la hora de intentar ejercer el derecho: "No lo reciben en la cooperativa eléctrica para la bajada de la luz", aseguró la vecina del barrio.
Un proyecto de Ley de Urbanización de Barrios populares, que apuntaba justamente a la realización de obras para garantizar el acceso a servicios fundamentales y a la generación de empleo, impulsado por el PTP y la CCC y presentado en 2018 por el diputado provincial Daniel Ruberto, perdió estado parlamentario tras pasar por cuatro comisiones y no llegar nunca a su tratamiento en el recinto.
Lejos del centro de la agenda política y legislativa, el acceso a la vivienda digna y condiciones dignas para las personas de menores recursos económicos sigue siendo una deuda pendiente, y no es casual que aparezca como uno de los ejes de reclamo de las organizaciones sociales.
Publicado en Río Bravo el 10 de agosto de 2022