Jorgelina Ruíz Díaz es una vecina del barrio Leoncio de Luque, aunque, nos aclara: “En el relevamiento del Renabap está como Leoncio Luque. Supuestamente está relevado pero nunca fueron casa por casa como en otros barrios.” Es militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), desde donde participan también el agrupamiento “Vecinos Unidos por Nuestro Barrio”. Estuvieron años haciéndose cargo del barrido y la limpieza del barrio, sin ningún apoyo real del municipio de Concordia. Han transformado un basural en una huerta y están dispuestos a construir un lugar estable y de material para su merendero, a partir del programa Potenciar

Trabajo, pero se encuentran con la desidia del municipio, que les impide avanzar.

Un proyecto a contramano de sus necesidades

En junio de 2020 fue que las y los vecinos (muchos ubicados desde hace décadas en el terreno en cuestión) se enteraron por la prensa de un proyecto del Centro de Empleados de Comercio para construir un complejo deportivo de 4 manzanas. Según Simonetti, titular del sindicato, el proyecto prevé la instalación de canchas de fútbol, hockey y fútbol 5. Alegan contar con una sesión de la empresa Baggio, que les entregó el terreno en comodato, pero entiende que “parte del terreno está usurpado, hay familias viviendo…”.

Del lado de enfrente están las y los vecinos, entre quienes hay adultos mayores y niños con capacidades diferentes, gestionando y luchando por permisos para poder construir sus viviendas. Jorgelina, por ejemplo, vive hace 13 años allí, pero “hay gente que nació y se crió en el barrio y sigue teniendo familia allí, generación tras generación.”

Efectivamente el terreno pertenecía a Rufino Pablo Baggio, el fallecido fundador de la conocida empresa productora fundamentalmente de jugos. El terreno quedó en sucesión para sus tres hijos, quienes jamás tuvieron contacto alguno con las y los pobladores del barrio. Cuentan que alguna vez el entonces intendente Cresto se contactó con la familia más antigua del barrio: le aseguró que no los expulsarían de allí pero le advirtió que no podrían construir nada de material. “Es como condenar a un abuelo a vivir en la pobreza”, define Jorgelina.

Jorgelina cuenta que, en estos 13 años que pasaron desde que llegó, fueron las y los vecinos organizados quienes se tuvieron que encargar de todo, incluyendo pelear para que quiten un eucalipto en peligro y corran un criadero de chanchos que ponía en riesgo la salud del vecindario. La municipalidad de Concordia, bien gracias: ni las notas respondía.

Cuando surge la noticia del emprendimiento del complejo deportivo, el temor cundió entre las y los vecinos: “Corrían rumores de que nos iban a llevar a un lado o al otro, que nos iban a dar las casillas de madera. Y salir de una casilla de madera para ir a otra casilla de madera, me parece algo medio loco, ¿no?”, sintetiza Jorgelina.

Es con la organización de las y los vecinos que se encargaron por años del barrido de calles, con herramientas que fueron comprando porque el municipio no aportó ni con insumos para los proyectos productivos. “Después de un año y medio que estábamos barriendo, nos paró en la calle gente de Municipalidad y nos dio algunas herramientas usadas, pero al fin y al cabo no sirvieron.” Lo mismo ocurre con la panadería, para la cual fueron las y los vecinos organizados quienes construyeron, con sus propias manos, hasta el horno de barro recientemente estrenado.

En septiembre del año pasado, se realizó una reunión virtual entre la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Concordia, el intendente Francolini, funcionarios provinciales y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, por la presentación e implementación del programa Potenciar Trabajo. En esta ocasión es que desde la organización de las y los vecinos publicaron una nota planteando lo siguiente:

La disputa por lo que ocurrirá con el terreno donde se encuentra el barrio Leoncio de Luque expone con nitidez algunos de los principales debates vigentes hoy en nuestro país. Que a la par de toda la propaganda oficial sobre la necesidad de urbanizar los barrios populares, de formalizarlos y dar garantías y derechos a las familias que los habitan; existen situaciones como la narrada. 30 familias esperando el permiso para poder construir sus casas e instituciones allí donde viven desde hace muchos años. El Municipio y los demás actores sociales y gubernamentales involucrados, tienen la responsabilidad de dar respuesta en función de los discursos que se esgrimen en público. Es el único camino posible para garantizar que, los derechos y los sueños colectivos, no sean solo palabras vacías en la propaganda oficial.

La foto es del Facebook del grupo de vecinos “Por Nuestro Barrio”, de la jornada por Tierra, Techo y Trabajo, de noviembre de 2020: grupos de huerta, panadería y mujeres.

Publicado por Río Bravo el 15 de febrero de 2021.