Según la información proporcionada por la delegación Entre Ríos del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), en la provincia hay un total de 10.000 trabajadores rurales temporales o discontinuos registrados. Sin embargo, tanto los representantes gremiales –con tono de denuncia– como las autoridades de la provincia en materia laboral y el sector empresario reconocen que el citrus, el arándano, la nuez pecán y la forestación emplean a no menos de 30.000 trabajadores. Aunque desde la secretaría de Trabajo llegan a calcular unos 40.000.
Siempre según el margen de error de las estimaciones a las que obliga el trabajo informal, sólo la citricultura demanda unos 25.000 trabajadores en los momentos pico de cosecha y cuando merma, a partir de septiembre, empieza la cosecha fuerte de arándano, con unos 10.000 a 12.000 trabajadores, en su mayoría provenientes de las quintas de citrus. En el caso de la forestación, que intensifica su actividad a partir de septiembre, desde la regional Río Uruguay de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), calculan que el sector ocupa entre 2500 y 3000 trabajadores en la provincia.
En ese contexto, el anuncio del presidente Alberto Fernández desde Concordia, el jueves pasado, generó fuertes expectativas y expresiones de satisfacción, aunque desde diversas perspectivas, hasta con posiciones encontradas: mientras que parte de los productores argumentan que son los propios trabajadores los que rechazan la relación formal para no perder los planes sociales, representantes gremiales denuncian que sólo se trata de excusas para mantener al personal en la informalidad y no abonar los aportes correspondientes.
Concretamente, el artículo 1° del Decreto 514/21, establece que "aquellas personas que sean contratadas bajo las modalidades de trabajo temporario o trabajo permanente discontinuo (...) tendrán derecho a los beneficios que acuerda el presente Decreto". Se trata de la Asignación universal por hijo, los programas Potenciar Trabajo y tarjeta Alimentar y otros planes y programas sociales y de empleo provinciales y municipales.
"Esto es muy importante, lo veníamos pidiendo a distintos gobierno hace 15 años, porque el pretexto de los empresarios, pícaramente, es que no se podían blanquear por los distintos planes sociales pero ellos lo usan para tener la gente en negro y no pagar cargas sociales", dijo a Río Bravo el secretario general del Sindicato de la Fruta de Concordia, Alcides Camejo, que consideró "histórico que un presidente venga a la provincia de Entre Ríos, después de tanto golpear puertas, y se haga eco de nuestro pedido".
La norma entrará en vigencia a partir del 1° de septiembre: con la cosecha de arándanos a todo motor, parte de la realidad quedará expuesta en los registros. Si la razón tiene que ver exclusivamente con los planes sociales, como sostienen los empleadores, el número de trabajadores registrados debería al menos triplicarse. De lo contrario, nadie podrá objetar el planteo de los representantes sindicales acerca de que sólo se trata de una excusa.
La incidencia del trabajo en negro en el campo y el posible blanqueo
Si bien el Decreto no apunta exclusivamente al trabajo rural, es harto conocido que se trata del sector donde se expresa con mayor crudeza la informalidad en las relaciones laborales, alcanzando a menudo condiciones de extrema precariedad.
Así inclusive lo reconoce el RENATRE, cuyo directorio está integrado no sólo por representantes gremiales (de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) sino también por entidades del sector empresario, entre ellas las que integran la Mesa de Enlace. Según un informe publicado en 2020, a lo largo de 2019 se inspeccionaron, en todo el país, unos "15.000 trabajadores rurales de las actividades forestal, ganadera, hortícola, frutícola y citrícola, entre otras, donde detectó una tasa de no registración del 83%, es decir, se encontraban en la informalidad al momento de la fiscalización".
Los resultados de las inspecciones, de acuerdo a lo difundido por el propio RENATRE, incluyeron denuncias por 18 casos de presunta trata de personas en el ámbito rural y 34 casos de trabajo infantil.
"Hoy yo creo que el 85% de los trabajadores de la citricultura están en negro", dijo el dirigente del Sindicato de la Fruta, que más allá de las variaciones que puede haber entre un año y otro, estimó el total de mano de obra empleada por el sector en 25.000 o 26.000 trabajadores, de los cuales –calculó– "hay 20.000 o 22.000 que están en negro", mientras que la cosecha de arándano –que se extiende desde julio hasta diciembre y adquiere mayor intensidad en octubre y noviembre– emplea "entre 10.000 y 12.000 trabajadores". Sin pelos en la lengua, el gremialista sostiene que la precariedad laboral existente se debe a "la libertad que se les ha dado a los empresarios de hacer uso y abuso de los trabajadores".
Depende el porcentaje real que signifiquen esos 10.000 trabajadores hoy registrados –por el simple hecho de que es casi imposible determinar con exactitud los no registrados– en la provincia podríamos estar hablando de entre un 65 y un 80 por ciento de obreros rurales en la informalidad. Estamos hablando de entre 20.000 y 30.000 trabajadores en condiciones de ser blanqueados sin ningún tipo de excusa.
No se trata sólo de un papel en un fichero o un nombre registrado en un sistema informático; es nada menos que el acceso a derechos de los que, por décadas, decenas de miles de trabajadores quedaron excluidos: aportes, el acceso a una obra social y también el reconocimiento pleno de sus labores y la posibilidad de defender sus derechos. Como los trabajadores del arándano, que cuando hay heladas grandes deben pasar la noche entera mojando la planta para que no se queme el fruto y al otro día ir a cosechar empapados, sin que el uso de ningún tipo de protección ni reconocimiento económico extra por ese tipo de tarea.
"No hay mano de obra" (¿realidad o mito?)
Aunque no fue la primera vez (y tampoco la última) que se planteó la idea, meses atrás el presidente de la Federación del Citrus den Entre Ríos (FECIER), Ariel Panozzo Galmarello afirmó al diario La Calle de Concepción del Uruguay que "cada vez se hace más complicado conseguir mano de obra" y que, al querer registrarlos, "los propios trabajadores piden no inscribirse, porque pierden beneficios". Sin embargo el dirigente también señaló que "está la opción de contratar al trabajador de modo irregular aunque es correr mucho riesgo”. Riesgo que, evidentemente, muchos asumen, porque la cosecha citrícola no puede llevarse a cabo con los 10.000 trabajadores registrados en la provincia.
No obstante, para Camejo la realidad es otra: "En Concordia hay mucha mano de obra, eso se revirtió y hoy, con este proyecto, no tienen ningún impedimento ni para tomar gente de Concordia ni para blanquear. Yo creo que un grandísimo porcentaje tiene que ser blanqueado y no habrá excusa".
La referencia a la mano de obra local tiene que ver con el componente de otras provincias y países limítrofes que –años atrás– tanto en la citricultura como en el arándano. Eso, asegura, cambió. "Hoy es muy bajo porcentaje de trabajadores de otras provincias y países en la cosecha de frutas. No tienen cómo decir hoy "no hay gente para trabajar, no hay mano de obra", eso lo usaban para traer gente de otras provincias y países para tenerlos como esclavos, encerrarlos en una quinta y tenerlos la temporada que duraba la cosecha del arándano. Si eran 45 días, los tenían adentro, no salían, les retenían los documentos y no había cómo controlarlos", dijo en relación con los resultados de diferentes inspecciones en quintas de arándano donde se llegó a encontrar hasta 150 trabajadores en condiciones de hacinamiento extremo, viviendo en carpas de lona plástica o galpones.
Hoy está en su punto más alto la cosecha de la citricultura y, a partir de septiembre, ya con la de arándano tomando ritmo, tendrá que empezar a notarse el impacto presidencial en la cantidad de trabajadores registrados.
La norma entrará en vigencia a partir del 1° de septiembre: la cosecha citrícola está en su punto más alto y, en septiembre, con la de arándanos comenzando a tomar ritmo y la actividad forestal incrementada por la plantación, parte de la realidad quedará expuesta en los registros. Si la razón tiene que ver exclusivamente con los planes sociales, como sostienen los empleadores, el número de trabajadores registrados debería al menos triplicarse. De lo contrario, nadie podrá objetar el planteo de los representantes sindicales acerca de que sólo se trata de una excusa.
Publicado en Río Bravo el 18 de agosto de 2021