Desde la CFT sostienen que lo que está en discusión es mucho más que las tarifas de servicios públicos. También están en debate “los límites de ganancias de estas unidades de negocio de las empresas de ‘servicios eléctricos’, sus marcos regulatorios para las industrias, y la obligación de garantizar el servicio a los electrodependientes.”

Ante esta situación, en un contexto en el que se discute también los montos y la administración de los subsidios que permiten mantener las tarifas por debajo de las exigencias de las empresas, la organización de trabajadores denuncia lo grave que es que “desde las corporaciones y sus aliados neoliberales se pretende volver a las políticas de tarifas de saqueo contra el pueblo argentino. Por eso, se intenta desplazar a Basualdo.”

El comunicado de la corriente, a nivel nacional, se expresa también por la nacionalización de la Hidrovía para crear una flota naval y marítima propia, “como la que hizo el general Perón”. También enmarcan estos reclamos en una lucha más general por una reforma financiera integral, por la reapropiación y el control estatal de los recursos estratégicos y de los servicios públicos, y por el respaldo a la producción y al desendeudamiento externo.

Reclaman que se declare a los servicios energéticos como derechos humanos, garantizando para ello inversión y tarifas socialmente justas, “Para ello, es necesario no permitir pujas corporativo neoliberales en el seno del Estado para que, en los difíciles momentos en los que atravesamos la pandemia, se recuperen los derechos populares sostenidos en la reafirmación de la soberanía y la democracia como gobierno del pueblo.”

Publicado por Río Bravo el 4 de mayo de 2021.