En los dos últimos años llevamos gastados 20.000 millones de dólares en importación de hidrocarburos (combustibles líquidos y gas licuado), justamente los insumos que representan 90% de la matriz energética argentina. En el primer bimestre de 2013, los montos de compras de combustibles al exterior crecieron 52% en comparación con el mismo período del año pasado. Se calcula que en este año llegará a 15.000 millones. Para 2013 se licitaron 83 barcos tanques; cuando comenzó la compra al exterior, en 2007, se compraban 7 barcos al año. El negocio de la importación de energía se lleva el 10% del gasto anual de la Nación. Y ese dinero no queda acá, sino que es embolsado por empresas extranjeras que tienen muy pocos empleados y casi nula inversión en la Argentina.

Desde la instalación de los puertos de Bahía Blanca (en 2008) y de Escobar (en 2011), la principal proveedora es Gas Natural Fenosa, una firma española que tiene una empresa de barcos encargada de la operación con Repsol. Fenosa tiene acaparados 24 cargamentos. La multinacional Vitol, de origen holandés y la italiana Eni, aportarán 11 cargas cada una. Unos 10 cargamentos serán aportados por la británica BP. A partir de la injerencia de Galuccio en las contrataciones, se incorporaron una empresa noruega, la Statoil, con seis barcos, y la Gazprom, rusa, con dos cargamentos y cuatro barcos proveídos por la división gas de la Shell. Morgan Stanley, quien junto con Gas Natural Fenosa era una de las principales operadoras, ha perdido bastante terreno. Según datos de fuentes oficiales, el precio aproximado que se pagó por estas cargas varió entre 17 y 20 dólares el millón de BTU (BTU o BTu, abreviatura de British Thermal Unit, es una unidad de energía inglesa usada principalmente en los Estados Unidos, cada BTU equivale a 252 calorías). Comparados con España, que compra cada millón de BTU a 9 dólares, los argentinos somos paganinis. Es posible que una de las razones del cepo cambiario sea la necesidad de pagar a cada uno de estos barcos en efectivo y en dólares.

Los barcos se acercan a la Argentina con su cargamento de combustibles y esperan fuera de la zona de exclusión de 12 millas. De ahí no se mueven hasta que esté hecho el depósito por parte de la Argentina. Quedan a la espera en punta del Este los que descargan en el puerto de Escobar y en la boya Faro Rincón, los que llegan a Bahía Blanca (ver). Acá aparece otro nuevo desembolso que encarece más la operación para el país. Para que ingresen a los puertos argentinos, las empresas petroleras y Enarsa contratan a la agencia Marítima Meridian, que les cobra 80.000 dólares por barco a cada empresa; a los que suma los costos de recepción, descarga y despacho que por cada barco ascienden a 520.000 dólares en Escobar y 420.000 dólares en Bahía Blanca; esto, que debe ser depositado en dólares en el exterior, se paga mitad y mitad entre las proveedoras y Enarsa.

Para que el sangrado no se detenga ahí, hay que agregar otro negocio para las empresas petroleras, que en este caso beneficia a la Excelerate Enegry, de Texas. Ellos aportan los barcos regasificadores que trabajan viajando de puerto en puerto, cargando y descargando; así funciona el negocio en todo el mundo... salvo en la Argentina, donde están contratados para permanecer amarrados en los puertos de Escobar y Bahía Blanca durante cada invierno, y cada día de amarre cuesta unos 130 mil dólares. 

No hay que olvidar que los más de 9.000 millones de dólares que se venían invirtiendo en la compra de energía al extranjero fueron uno de los motivos de la recuperación de las acciones de Repsol. Pero, tal como habíamos advertido desde Río Bravo (ver acá y acá), la expropiación de las acciones de Repsol no garantizaba por sí misma la soberanía energética. Y mucho menos, si en vez de una nacionalización total con control obrero se dejaba a la empresa en manos de De Vido (asesorado por Dromi, el desguazador del menemismo).

Por eso, es necesario promover un movimiento social y político para conquistar una YPF que sea 100% estatal en todas las fases de exploración, producción y distribución, controlada por sus trabajadores, técnicos y pobladores de las zonas petroleras, al servicio del pueblo y el desarrollo nacional.

Publicado por Río Bravo el 9 de abril de 2013.