A 46 años del golpe genocida y su plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y asesinatos y de destrucción y subordinación de la economía nacional, miles de personas se movilizaron este jueves en la capital entrerriana en el marco de la convocatoria de la Multisectorial de Derechos Humanos que marchó bajo las consignas "30 mil razones para seguir luchando. La deuda es con el pueblo. Que la paguen los que la fugaron. FMI nunca más” y reivindicó a “los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas durante la última dictadura cívico militar eclesiástica y patriarcal”.

"A 46 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 levantamos nuestra voz para decir Nunca Más al Terrorismo de Estado, a los golpes de Estados y a las políticas sociales y económicas que buscan disciplinar a nuestros pueblos. Seguimos en las calles porque creemos que a través de la voz colectiva se conquistan y se defienden los derechos del pueblo. Levantamos bien alto la voz porque nunca dejaremos de luchar por la memoria, la verdad y la justicia", advierte el documento consensuado por las organizaciones.

Como cada año, una exigencia fuerte fue la de "un país con los genocidas condenados y en cárcel común, donde no haya impunidad", por lo que reclamaron que los juicios por delitos de lesa humanidad avancen "con mayor celeridad, y que exista mayor apoyo a la búsqueda, identificación y restitución de los cuerpos de las y los 30.000, así como también a la restitución de la identidad de nuestras hermanas y hermanos apropiados. Le exigimos al Estado y a la Iglesia Católica Argentina la apertura de los archivos de la dictadura".

“Hoy, como todos los 24 de marzo (...) nuevamente estamos en la calle para homenajear a nuestros compañeros detenidos-desaparecidos, a nuestros muertos y muertas y a los compañeros y compañeras sobrevivientes de la última dictadura genocida", recordaron en el documento, que además de la condena al genocidio, tuvo un fuerte mensaje en relación a los intereses que operaron detrás de la sangrienta dictadura militar y su incidencia en el presente.

Por eso, se hizo énfasis en remarcar las reivindicaciones actuales que implica el Día de la Memoria, de realización en el presente y el futuro de esa justicia social por la que soñó y luchó esa generación: "A 46 años de la Dictadura genocida, seguimos luchando por un desarrollo de la sociedad y la economía al servicio de las mayorías trabajadoras con acceso a educación, vivienda, trabajo, salud y cultura para todos y todas. Y no para el 1% de los privilegiados históricos".

En ese marco, la problemática de la inflación y sus consecuencias, que hunden a miles de compatriotas en la pobreza, no estuvo ausente del análisis: "La inflación es un problema esencialmente político, no económico. Porque en un país donde se producen alimentos para más de 300 millones de personas, tenemos más del 40% de la población viviendo bajo la línea de la pobreza. Exigimos de modo urgente que el gobierno Nacional arbitre las medidas necesarias para terminar con la especulación de los formadores de precios y garantizar el acceso popular a los alimentos".

"FMI nunca más": malestar con el nuevo acuerdo

La afinidad y pertenencia al Frente de Todos de parte importante de las organizaciones que componen la multisectorial no limitó las críticas al reciente acuerdo con el FMI, al que también recordaron por su complicidad con la dictadura militar. Señalando la responsabilidad principal del macrismo en la toma de un crédito de 57 mil millones de dólares ("el más grande que haya dado el Fondo en toda su historia"), de los cuales finalmente se desembolsaron 45 mil que se fugaron íntegramente al exterior, las organizaciones de la Multisectorial cuestionaron al Ejecutivo y a los legisladores haber legitimado un desfalco que nada tuvo que ver políticas y obras en beneficio de la población.

"Porque no olvidamos a los responsables de las miserias de nuestro pueblo, denunciamos el rol de ayer y de hoy del Fondo Monetario Internacional que financió a la dictadura militar sabiendo de los crímenes de lesa humanidad. Fue este mismo organismo de expoliación y saqueo un actor fundamental en el plan económico de los genocidas, en complicidad con el gran empresariado. Durante la dictadura, la deuda externa creció de 7.000 millones de dólares en 1976 a 45.000 millones de dólares en 1983. Esto significó además la estatización de la deuda privada beneficiando a los concentrados grupos financieros", reseñaron.

En ese marco advirtieron que "es también el FMI el que hoy somete a la pobreza al pueblo trabajador, mientras quienes hicieron negocios y se fugaron millones de dólares de la deuda siguen impunes".
Haciendo referencia a la violación de los propios estatutos internos del FMI, que impedirían otorgar créditos que financien la fuga de capitales, la Multisectorial reclamó que se difunda "la nómina de quienes compraron los dólares de la deuda para fugarla y que la AFIP actúe en consecuencia", para que "se investigue y se castigue penalmente a quienes cometieron este acto criminal de coloniaje, que los responsables del macrismo vayan a juicio y se les condene por la estafa histórica a nuestro pueblo".

En dicho contexto, también expresaron el rechazo al nuevo acuerdo con el FMI, aprobado la semana pasada por el Congreso Nacional, "porque de esta forma, el actual gobierno reconoce así una deuda previa que es ilegítima, fraudulenta y escandalosa" y exigieron "que la crisis la paguen las grandes fortunas, quienes se enriquecieron y beneficiaron con la estafa al pueblo y no la clase trabajadora que necesita urgente un salario por encima del costo de la canasta básica".

Asimismo, advirtieron que "en el afán de cumplir con las demandas del FMI, se van a tomar y renovar créditos con otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Mundial; lo que significa más deuda".

Finalmente, en relación con el tema, las organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos que componen la Multisectorial afirmaron que hay "suficiente memoria histórica" para "reconocer las consecuencias que tendrán las condiciones que el FMI impone y la afrenta que significa una comisión que monitoree y se inmiscuya en nuestras políticas internas. La renegociación del acuerdo implica el aumento de las tarifas de servicios públicos, la reducción de la emisión monetaria para financiar políticas públicas, el recorte del gasto en políticas públicas que persigue el déficit cero, el aumento de la tasa de interés y la devaluación de nuestra moneda".

Publicado en Río Bravo el 25 de marzo de 2022