El comunicado difundido por la CTA Autónoma de la provincia y firmado por su Secretario de Derechos Humanos, Víctor Sartori, y su Secretario General, Oscar Muntes, denuncia que el Jefe de la PER, Gustavo Maslein, con sus manifestaciones del 31 de diciembre pasado en Radio La Voz, banalizó un tema que consideran de seriedad profunda, como es el de los derechos humanos. Sostiene la CTA-A que “No puede, ni debe, el Sr. Jefe de Policía -ni nadie con responsabilidades institucionales-, con el argumento de defender el accionar policial y de sus subordinados –que pudieron haber actuado o no dentro de la legalidad- afirmar, en una clara actitud despectiva, que los derechos humanos son ‘para el delincuente’. Los derechos humanos, expresamos desde aquí, son atributos de todas las personas más allá de sus particulares condiciones y es el Estado, justamente, quien debe garantizar que se respeten y respetarlos por sí mismo como primerísima premisa.”

El comunicado, difundido ayer por la tarde, señala que “Llama poderosamente la atención, por la enorme responsabilidad que implica, que tales expresiones provengan de quien se encuentra en la cúspide de la estructura orgánica policial. Supone esto también poner en franco debate los dudosos resultados –en este aspecto- de un sistema educativo y de formación profesional que evidentemente deben revisarse y cuyos resultados pueden verse en la actualidad en casos de violencia institucional y de gatillo fácil.”

Sobre el debate que plantea el Jefe de la PER respecto de “para quién son” los derechos humanos, el comunicado de la CTA-A es claro y se alinea con la construcción doctrinaria que viene desde los juicios de Núremberg y que en Argentina tuvo un capítulo especial en los juicios contra quienes desarrollaron el terrorismo de Estado durante la última dictadura, juicios que aún están en marcha. Así, sostienen que “Indudablemente y dada la confusión es preciso recalcar hasta el hartazgo que las violaciones a los derechos humanos solo pueden provenir del Estado y por quienes actúan en su nombre, con el uso de los medios y la organización que este provee y que por esa sola circunstancia merece una especial atención de agravamiento y consideración. Lo demás, es decir las acciones ilegales que cometen los particulares, son delitos y estarán sometidos a las disposiciones legales y judiciales que correspondan.”

El comunicado finaliza exigiendo a las autoridades de gobierno medidas concretas “tendientes a corregir inmediatamente las expresiones públicas de quien con la investidura institucional que detenta, dirige la fuerza pública provincial y a cuidar con estricto celo los derechos de todos los habitantes, inclusive de aquellos que aún bajo sospecha o condenados penalmente son sometidos a la persecución y detención policial.”

Publicado por Río Bravo el 6 de enero de 2022.