Semanas atrás, con un grupo de amigas organizamos una salida, un viernes a la noche, en Paraná. Un show de flamenco en el centro cultural La Hendija, fue el inicio de una noche que prometía.

El tempranero cierre del espectáculo fue la excusa perfecta para salir en busca de algún deleite gastronómico y alguno que otro trago, aprovechando de una de esas hermosas noches que con frecuencia nos regala la primavera paranaense.

Pero, lo que prometía ser una salida de disfrute, con el correr de los minutos y las horas, se fue alejando de las expectativas iniciales.

De entrada, una extensa lista para poder ingresar al bar dio el primer indicio de una noche que asomaba complicada. Pero puede pasar: viernes, lugar lleno… lo tomamos con calma. No era problema esperar unos minutos. ¡Unos minutos! Pero habiendo pasado ya dos tercios de hora llegó al lugar un grupo de mujeres evidentemente más jóvenes que, sin pasar por la larga espera, ingresó al bar.

—Ey, che –dijo una de mi amigas, llamando a la encargada de la lista de espera. ¿Por qué pasaron las chicas que recién llegaron?

—Es la dueña del bar –fue la escueta respuesta, que dejó por el suelo cualquier consideración de trato digno (más adelante hablaré de eso).

Seguimos en la espera y tras una hora y media de estar mirando el reloj, dudando si quedarnos o buscar otro lugar, después de tanto y con el riesgo de que pudiera ocurrir lo mismo, estábamos adentro.

Dejado atrás el mal trago (valga la analogía), no teníamos más que adjetivos elogiosos sobre nuestra experiencia en el lugar… hasta que llegó la cuenta: “¿5.000 pesos por un gin?”, nos preguntamos ante lo desmesurada de la cifra.

Frente a la duda decidimos consultar. La moza, muy amablemente, respondió que había un error en la caja registradora que ya habían advertido, por lo que reclamamos por el cobro indebido.

Entre dimes y diretes, solicitamos libro de queja que, sencillamente, no había, pero no la cosa no quedó ahí. El reclamo generó una injustificada indignación de la persona que se encontraba tras la caja: “¡Qué vergüenza, señoras mayores”, dijo con claro tono despectivo.

Podría ser una anécdota particular, pero es un solo ejemplo, de la dispar relación entre consumidores y fabricantes/vendedores de productos y/o servicios. Me pareció oportuno para reflexionar sobre los derechos de los usuarios y consumidores, que, evidente, los propietarios de este bar de la ciudad no conocen o tal vez consideren un asunto irrelevante. En consecuencia, queda a la vista, tampoco hay una capacitación de sus empleados frente a tales situaciones.

* * *

No me canso de decir “el derecho lo construimos entre todos”. Necesitamos saber cómo usuarios/as y/o consumidores y consumidoras, que tenemos derechos que deben ser respetados. Toda vez que te dejan esperando fuera de un comercio y le dan trato preferencial o privilegio a alguien sin ningún tipo de fundamento (como sí puede ser el caso de una mujer embarazada en la cola de cualquier tipo de local) están violando tus derechos. Todos y todas tenemos derecho a un trato digno.

Que la mujer de la caja, porque le disgustó un reclamo, agravie con el mote de “señoras mayores” es un atentado al trato digno; un estereotipo claramente discriminatorio. ¿O acaso las “señoras mayores” deben abstenerse de los placeres de la gastronomía y la bebida si no quieren pagar derecho de piso por ello?

Toda vez que se produce una relación de consumo, el consumidor/a es la parte más débil del intercambio. Por eso existe una Ley de orden público (24.240) que lo regula y establece derechos y obligaciones de las partes; aquello que se puede hacer, lo que se debe y lo que está terminantemente prohibido: a nadie le pueden cobrar demás, agraviar y/u ofender, por cuestiones de género, ideología política, religión, edad  o lo que fuere. Es obligación del proveedor del producto o servicio dar información detallada y veraz, tener a disposición un libro de quejas dentro de cualquier local comercial, para poder efectuar eventuales reclamos. ¡Conocer nuestros derechos es una base fundamental para garantizar que se cumplan!

(*) Abogada diplomada en derechos del consumidor 

Apoderada y delegada provincial de la ONG Usuarios y Consumidores Unidos