La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), lanzó un comunicado donde expresa su preocupación ante los alarmantes datos sobre suicidios en nuestro país. Según obtiene del informe del Observatorio de Política Criminal (OPC) y del Ministerio de Salud, “la Argentina registra una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, la más alta de su historia y, por primera vez, superando las producidas por otros hechos violentos y por encima del promedio mundial, estimado por la OMS, configurando una situación de gravedad sanitaria y social”.

La AASM advierte que “estas cifras no son solo un dato estadístico, ya que constituyen una grave señal que exige respuestas urgentes por parte del Estado”.

“No debemos desconocer que el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal, por lo que sería irresponsable reducirlo a una única explicación o establecer relaciones causales lineales, pero sería igualmente irresponsable ignorar las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias en las que se produce el sufrimiento de las personas”, explica la Asociación.

En este sentido, subraya que la pérdida del trabajo, la precarización, el endeudamiento y las dificultades para sostener la vida cotidiana “afectan los vínculos y las expectativas de futuro”.

El comunicado también hace referencias a los discursos oficiales y a las coberturas mediáticas que priorizan la mirada técnica y la resiliencia individual. Al respecto, manifiesta que “preocupa que problemas colectivos sean presentados como responsabilidades exclusivamente individuales. Frente al padecimiento social, la empatía no puede ser considerada una debilidad: las políticas públicas deben reconocer el sufrimiento y brindar respuestas antes de que sea demasiado tarde”. Y afirma que “frente al aumento de las conductas suicidas, no podemos responder con silencio, indiferencia ni culpabilización de las víctimas”.

Finalmente, reclama “respuestas urgentes a los problemas de base y políticas públicas inmediatas de prevención del suicidio, con presupuesto suficiente, trabajo intersectorial y participación de la sociedad civil, las universidades, los trabajadores de la salud y las familias”.

Transmutación de la violencia: el suicidio cuadruplica a los homicidios

El informe sobre el que se expresa la AASM se titula: “[ayuda] Cuando matarse aparece como una opción en la Argentina”. Fue presentado por el Dr. Ariel Larroude, director del OPC y alerta sobre el crecimiento vertiginoso del suicidio como principal forma de violencia letal y señala que los datos son alarmantes, “es la cifra más alta registrada en la historia del país”.

A nivel nacional, entre 2017 y 2025, la cantidad de suicidios registrados aumentó de 3.304 a 5.209 casos: un incremento del 57,7%. En el mismo período, la tasa pasó de 8,2 a 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes: una suba del 43,9%.

En relación a los homicidios, la relación es de 4 a 1 (de 11,8 a 3,6 por 100 mil hab.), siendo la principal causa de muerte en los jóvenes entre los 15 y 34 años.

La provincia más crítica es Entre Ríos, que encabezó las cifras en 2025 con una tasa de 20,8 suicidios por 100 mil hab. (Casi el doble de la media nacional).

La situación es alarmante. Tal es así, dice el informe, que “estamos en condiciones de afirmar que, directa o indirectamente, todos y cada uno de nosotros conoce o ha escuchado algún caso cercano de una persona que ha decidido quitarse la vida. Las tasas demuestran francamente que estamos frente a un problema de envergadura social preocupante”.

Detrás de los datos hay una realidad triste y violenta que exige ser mirada con mucha cautela y respeto. El abordaje interdisciplinario y profesional es altamente prioritario y urgente. Pero para ello deben existir recursos. Lamentablemente no es lo que se sucede, por lo menos así lo indican el recorte presupuestario, el desfinanciamiento, y el relato oficial que denigra toda actividad estatal por entenderla como un gasto desmedido e ineficaz.

Larroude, señala que el presupuesto en Salud Mental es el más bajo de la historia y que la suba de suicidios coincide con esta partida presupuestaria. Además, entre 2024 y 2025, se registró un recorte crítico en términos reales y niveles de subejecución severos, debilitando la red estatal que actúa como "último recurso" para la población vulnerable. Finalmente, no se cumple la Ley 26.657, que disponía el mínimo legal del 10% del presupuesto de salud destinado a salud mental.

Lo cotidiano contrasta con los anuncios

Por estos lados, el gobierno de Entre Ríos ha seguido, en los hechos, los mismos lineamientos que el gobierno nacional, pero con gestos diferentes.

Mediante el Decreto Provincial N° 2130/26, ha declarado la “Urgencia Sanitaria en Salud Mental”. Con esto, se intenta agilizar los procesos administrativos necesarios para implementar con mayor rapidez las acciones previstas en el área. De este modo, según el gobierno, “se busca fortalecer la red pública de atención, optimizar la organización de los servicios y ampliar la capacidad de respuesta de hospitales y centros de salud para garantizar una atención más oportuna, integral y cercana a la población”.

Sin embargo, gremios como la ATE, trabajadores y trabajadoras de los efectores de salud, profesionales del área y la Mesa por la Salud Mental, exigen la declaración de Emergencia vía legislativa. El argumento es que una emergencia por ley obliga por partida fija la inyección inmediata de fondos, agiliza licitaciones para insumos y garantiza la incorporación de personal interdisciplinario.

La cuestión es que no se ha implementado en su plenitud la Ley Nacional de Salud Mental, con la “urgencia” no alcanza y no se ha mejorado el presupuesto para el buen funcionamiento de las entidades de salud mental, lo que acarrea los distintos problemas que florecen en el campo como la falta de profesionales especializados y equipos multidisciplinares, aumento de la demanda, saturación de la infraestructura, falta de insumos, entre otros.

Como se puede contrastar a simple vista, lo real y cotidiano en los dispositivos de salud supera la narrativa de los gobiernos: sin mejores condiciones de vida para la población y sin presupuesto suficiente, no hay perspectiva de revertir el deterioro del bienestar colectivo ni de asegurar el derecho fundamental a una vida saludable.

El principal problema

En distintos medios de difusión locales, el director general de Salud Mental del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Esteban Dávila, defendió la declaración de la urgencia, como si para resolver un problema alcanzara solo con el deseo de solucionarlo, y despegó a su gobierno de la realidad actual. Hizo humo con la cuestión de las prioridades del ejecutivo y de las energías que le pone a la cuestión y, finalmente, se explayó en redundar en lo que todos ya saben.

Conviene recordar, en este contexto, lo que el informe del Observatorio de Política Criminal señala: “estamos en condiciones de afirmar que cuando fallan las redes primarias, como la familia, la escuela y demás, el Estado y sus instituciones deberían funcionar como esa última puerta a la que acudir. Para decirlo concretamente, hay sectores poblacionales en una condición de vulnerabilidad psíquica y psiquiátrica tal que la única herramienta o salida que tienen es acudir a una agencia estatal. Si estas dependencias cierran o bien, se desfinancian, las posibilidades de atacar y/o contener los conflictos se achican abruptamente”.

La cuestión de fondo es: si los factores que generan el padecimiento y el sufrimiento de la situación económica siguen existiendo, va a ser difícil que la tendencia deje de aumentar.

El pasado martes 1 de septiembre, otro joven decidió quitarse la vida. Fue en el barrio San Martín (el volcadero). Como muchos, estaba atrapado en las drogas, pero buscaba una salida. Era acompañado con visitas domiciliarias y la atención psicológica del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) Antártida Argentina. También, participaba del taller de panadería de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario “José Daniel Rodríguez”.

La situación de miles de jóvenes y familias en todo el país sigue agravándose, y los gobiernos nacional y provincial continúan sin dar respuesta a esta problemática, que crece y crece y que castiga más en los barrios populares.

La explosión de la pobreza, la desigualdad, la desocupación, el endeudamiento, la violencia y otras condiciones sociales y económicas que afectan la salud mental, son las causas fundamentales por la que miles de jóvenes no logran salir de las drogas.