Las cifras del relevamiento nacional son contundentes: el 87% de los estatales se endeuda para cubrir necesidades básicas como alimentos, alquiler, salud y vestimenta. Además, un 73% debe recurrir a múltiples entidades financieras para sostener sus gastos corrientes.
Respecto al destino de esos fondos, el 40% toma deuda para urgencias médicas, gastos educativos y el pago de alquileres o expensas. Mientras, el 37% la utiliza directamente para pagar deudas previas, comprar comida y vestir a sus familias.
El estudio —realizado sobre un universo que abarca a trabajadores del Estado Nacional (47,8%), Provincial (41,7%), Municipal (5,8%), empresas públicas (2%) y otros ámbitos (2,7%), con un promedio de edad de 45 años— señala que más del 55% debe recurrir al pluriempleo para buscar cierta estabilidad. Esta sobrecarga laboral impacta de lleno en las trabajadoras: el 56% de quienes tienen más de un empleo son mujeres, y un 34% de ellas trabaja entre 8 y 12 horas diarias para sostener el hogar.
La salud mental en el deterioro de la vida cotidiana
Las estrategias de contención familiar alcanzaron un límite. Para evitar un sobreendeudamiento mayor, el 39,2% de los hogares recortó actividades recreativas y formativas, un 29,5% dedica más tiempo a la búsqueda de promociones y precios, y un 22,9% debió asumir tareas antes delegadas, como el mantenimiento o la limpieza del hogar.
La imposibilidad de garantizar la canasta básica se traslada de manera directa al bienestar psicofísico. El 85,4% de los encuestados reportó un deterioro en su salud mental y emocional en el último año: 19,5% padece ansiedad, el 17% manifiesta angustia y agotamiento extremo, el 16% padece desánimo y un 15% sufre de insomnio.
A la par del desgaste físico y emocional, la crisis impacta en la vida democrática y colectiva: el 43% de los estatales dejó de participar en espacios políticos o gremiales, aduciendo cansancio, falta de tiempo y escasez de recursos económicos para trasladarse o sostener la militancia.
La realidad entrerriana
En Entre Ríos, la constante escalada inflacionaria y el estancamiento de las pautas salariales empujan a las familias estatales provinciales y municipales a recurrir de manera sistemática a tarjetas de crédito, préstamos personales y adelantos de sueldo para costear bienes tan elementales como el transporte y los alimentos.
En este escenario se resalta la creciente presión sobre los compromisos financieros habituales. La mora bancaria y personal, la irregularidad en el pago de créditos y resúmenes en familias asalariadas, alcanzó el 15,5%, concentrándose el 73% de este saldo irregular en consumos con tarjetas de crédito y préstamos personales de corto plazo. El endeudamiento digital, en las plataformas y billeteras virtuales —utilizadas habitualmente para financiamiento rápido de compras cotidianas— los niveles de morosidad treparon hasta el 29,6% en la provincia. Desde ATE Entre Ríos señalan que este comportamiento evidencia que el endeudamiento no responde a decisiones de inversión o consumo suntuario, sino a la imposibilidad estructural de cubrir la canasta básica con los salarios vigentes.
Desde la entidad gremial exigieron una respuesta urgente de la patronal frente a lo que consideran un atropello al derecho constitucional a un salario digno. El gremio reclama paritarias realista, con aumentos porcentuales y sumas fijas que permitan superar la inflación, junto con garantías de estabilidad laboral y condiciones de trabajo que resguarden la salud integral de las y los trabajadores.
