Empecemos por aclarar: no está mal endeudarse. El crédito, en sí, en un sistema capitalista como el que vivimos, no solo no debería ser indicio de crisis, sino que, por el contrario, puede ser causa y consecuencia de la dinamización del mercado para permitir, justamente, salir de una crisis. Si todas las familias tuvieran que depender exclusivamente de sus ingresos (sean fijos o variables), muchas inversiones y gastos quedarían definitivamente fuera de sus aspiraciones.

Una familia que vive de uno o dos salarios de trabajadores mercantiles, por ejemplo, difícilmente podría planificar comprarse una casa, cambiar el auto o salir de vacaciones si no existieran, a su alcance, posibilidades de créditos (como la venta de planes en cuotas) que se lo faciliten e incluso directamente posibiliten. Lo mismo ocurre, de hecho, con los estados y las empresas. Inversiones como grandes obras de infraestructura para un país, provincia o municipio, o apertura de nuevas fábricas o locales, para las empresas, serían una quimera si las instituciones dependieran exclusivamente de sus ingresos disponibles luego de haber pagado sus costos fijos e incluso de haber reservado otros montos para afrontar la aparición de gastos imprevistos.

Entonces, ¿por qué por estos días se está discutiendo tanto sobre las deudas particulares y familiares acumuladas en nuestro país? ¿Cuál sería el problema en este caso?

Endeudarse para comer y curar

El problema empieza cuando las deudas contraídas son para urgencias médicas, educación, pago de alquileres y expensas, comida y ropa. Cuando el crédito se pide para, literalmente, “llegar a fin de mes”, para sobrevivir, y no para “darse un lujo”, invertir o concretar un sueño postergado. Entonces sí el crédito puede ya no ser un dinamizador de la economía sino, al contrario, la mecha que termine haciendo explotar todo.

En un contexto en el que, por tomar una referencia, según las últimas mediciones de la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (Apymeco), para construir una casa de 100 m2 hacen falta 143,76 salarios promedio dedicados exclusivamente a este gasto (y eso sin contar terreno, IVA ni costos inmobiliarios); no parece que los créditos que las clases bajas y medias bajas están tomando tengan que ver con la remotísima posibilidad de acceder a la casa propia; sino con otra cosa.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), por ejemplo, realizó una encuesta entre trabajadoras y trabajadores estatales de todo el país. La misma relevó que el 87% tiene deudas vigentes, el 73% con múltiples entidades y el 40% las usa para pagar urgencias médicas, gastos en educación y el pago de alquileres o expensas, mientras que el 37% las usa para pagar más deuda, comida y ropa.

Lo que marca la morosidad

Pero incluso si forzáramos una mirada complaciente con el gobierno y planteáramos que las deudas siempre son positivas porque muestran que para diferentes personas se abre la posibilidad de acceder a un bien o servicio al que de otro modo no podrían recurrir (discutible desde el vamos en tanto muestra que a millones de familias en el país no les alcanzan sus ingresos para cubrir sus necesidades más elementales); aún en ese caso se abre otro frente de conflicto: la morosidad.

Repetimos: el problema del endeudamiento no es el endeudamiento en sí (más allá de que en casos como el actual pueda en sí mismo dar cuenta de situaciones dramáticas). La verdadera situación de crisis y riesgo para el país (y sus pobladores) arranca cuando las deudas son expresión del aprovechamiento usurero de quienes se benefician de la desesperación para aprovecharse de quienes no encuentran contención alguna y deben recurrir al primer salvavida (de plomo) que ven pasar por el costado.

Esas deudas, con intereses desquiciados que hacen imposible el sostenimiento de los pagos para la mayoría de las familias que dependen de ingresos fijos e incluso para las que dependen de un ingreso que varía, pero lo hace con las fluctuaciones de un mercado de consumo que está estancado o en declive; esas deudas generan mora. Un mes de atraso, dos meses de atraso, intereses que se multiplican por la demora, una nueva deuda que aparece para poder pagar la atrasada pero que a su vez se vuelve inmediatamente imposible de pagar; hasta que ya no se puede más. La familia, aunque no lo declare explícitamente, está en quiebra.

Son múltiples los números publicados en estos días que dan cuenta del crecimiento irrefrenable de la mora y las deudas impagas con bancos y billeteras electrónicas en todo el país. Hasta un 12% de mora, principalmente con tarjetas de crédito y proveedores no financieros, afectan a casi 6 millones de personas que han tomado, principalmente, préstamos para consumo.

No casualmente, este 11 de agosto pasado la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación tomó la decisión (Resolución 505/2026) de volver atrás con las sanciones a las familias de alumnos que no paguen las cuotas escolares en escuelas privadas habiendo recibido los "Vouchers educativos". La resolución original (artículo 14 del Reglamento General, aprobado para la convocatoria 2026 mediante la Resolución 205/2026) determinaba que la falta de pago de dos cuotas escolares provocaría la suspensión del beneficio y el acumulado de tres cuotas impagas su cancelación. Además, las escuelas tampoco deberán aplicar la obligación de informar mediante reporte mensual la nómina de adjudicados que adeudan cuotas impagas. Según los fundamentos de la Resolución 505/2026, la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa propició la suspensión de ambas disposiciones “con el objeto de que no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios”. ¿Cuántas familias de cuántas escuelas tienen que haber acumulado deudas para que el Gobierno nacional haya tomado esta decisión?

¿Y el Estado?

En estos días hemos asistido a diversas expresiones que vinculan el rol “ausente” del Estado nacional en la materia, con las consecuencias de esta bola de nieve que no para de crecer. Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE, en la presentación de la encuesta a la que hacíamos referencia planteó: "El alto nivel de endeudamiento le precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real". El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, por su parte, denunció desde la homilía del 7 de agosto de 2026, durante la misa de San Cayetano, que muchas familias quedan atrapadas y asfixiadas por créditos pedidos ante la necesidad, señalando que el endeudamiento no es solo una elección libre, sino una consecuencia de la crisis.

Es que allí, en este último punto, está la principal discusión. Cuando Javier Milei plantea que el Estado nacional no tiene por qué intervenir porque las deudas impagas son un “problema entre privados” y que “nadie le puso un arma en su cabeza” a nadie para endeudarse; Milei está llevando al extremo la idea del “sálvese quien pueda” con que encaró su rol de “topo que destruirá al Estado desde dentro del Estado”.

La decisión del gobierno de Milei de desregular las tasas de interés en los préstamos, habilitó la usura a un punto insospechado y convirtió a un Estado que se quiere hacer el desentendido, en cómplice. Un gobierno que siempre que desregula (como quiso hacer recientemente y tuvo que, al menos por ahora, retroceder, en materia de venta de tierras a firmas extranjeras) lo hace con consecuencias que claramente benefician la concentración y monopolización de la economía. Un gobierno que, por falta de empatía y posicionamiento ideológico, desconoce la desesperación de un padre o madre que tiene que endeudarse para pagar la comida de sus hijos o los remedios del abuelo o abuela. Un estado que cuando tiene que salvar bancos interviene, que a la hora de pagar deudas externas que deberían ser investigadas lo hace sin chistar; pero toma todos los recaudos y las excusas posibles cuando tiene que socorrer a las familias de la población que justifica su existencia, ya que no tienen de dónde aferrarse en sus disputas con empresas multinacionales y de un tamaño colosal.

Un estado que se corre del único rol que debería no rifar jamás: ser la última vara de contención ante el abuso y la disparidad de fuerzas en el seno del territorio que gobierna. Un estado, en definitiva, que se entiende garante de un destino común y que, por lo tanto, en él justifica por qué debe existir.

Hasta eso estamos obligados a discutir hoy. Tan básico, tan elemental, tan urgente, tan necesario.

Publicado por Río Bravo el 15 de agosto de 2026.