El super-RIGI, es una medida que concede exenciones fiscales desmedidas a grandes corporaciones multinacionales y otorga acceso prioritario a recursos estratégicos sin exigir contraprestaciones. Mientras, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es un paquete de normas que busca desregular de manera integral el marco legal sobre la propiedad, el uso de la tierra, las expropiaciones y los desalojos.

Ambas iniciativas forman parte de un mismo esquema de reformas legislativas y económicas impulsado por el Gobierno Nacional para transformar la regulación del capital, la tierra y los recursos estratégicos en Argentina.

Cómo atraer capitales. Primera parte

Este miércoles, 5 de agosto, la Cámara Alta de la Nación tratará el super-RIGI, que es una ampliación y profundización del RIGI original impulsada por el Gobierno para captar megaproyectos de tecnología de punta. Aprobado este en 2024 dentro de la Ley Bases, sigue plenamente vigente. Su foco principal está en sectores tradicionales de la matriz productiva y extractiva argentina, como minería, petróleo y gas, energía e infraestructura.

Este RIGI logró captar numerosos proyectos (principalmente mineros y energéticos). Sin embargo, desde la perspectiva oficial se consideró que se requería un instrumento aún más agresivo para atraer capitales globales en áreas tecnológicas que casi no tenían desarrollo previo en el país.

Así aparece el super, que como prefijo se refiere al RIGI original mejorado y como adjetivo es como un RIGI genial.

Las organizaciones sindicales, políticas y sociales que rechazan de forma tajante esta iniciativa consideran que atenta contra la soberanía territorial y entrega recursos estratégicos mediante concesiones impositivas y cambiarias excesivas que facilitan la fuga de divisas. Asimismo, denuncian que la libre importación de insumos con arancel cero y la flexibilización para contratar personal extranjero destruirán la industria nacional y el empleo de las PyMEs locales, mientras que el "blindaje" normativo por décadas permitirá a las grandes corporaciones demandar al Estado ante tribunales internacionales si se intentan aplicar futuras regulaciones ambientales o laborales.

Cómo atraer capitales. Segunda parte

Por otro lado, el jueves 6, el Senado retomará el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuya discusión había quedado en cuarto intermedio. La iniciativa propone modificaciones al régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, incorpora cambios en materia de expropiaciones y busca agilizar los procesos de desalojo.

La utilización del nombre «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» —a pesar de que el artículo 17 de la Constitución Nacional ya consagra que «la propiedad es inviolable»— responde a razones narrativas que busca enviar una señal de máxima seguridad jurídica e irrestricción del derecho de propiedad a los inversores internacionales.

No obstante el eufemismo discursivo, este proyecto de ley no viene a defender la propiedad de los ciudadanos comunes (como la vivienda familiar), sino a desregular la concentración y la extranjerización de tierras y recursos estratégicos. Diversos sectores ambientalistas y sociales, advierten que, bajo el concepto de "propiedad irrestricta", se subordina la función social de la tierra, la protección de bienes comunes (agua, recursos naturales) y los derechos de comunidades locales y sectores vulnerables en favor de corporaciones y fondos trasnacionales.

Lo que preocupa del proyecto es que: elimina los límites a las compras extranjeras; se libera la venta de ríos, lagos, humedales, glaciares, etc.; permite la compra de tierra en zona de frontera (lugares estratégicos para la defensa nacional); facilita los desalojos (puede expulsar comunidades originarias completas que ocupan las tierras donde existen recursos naturales estratégicos); refuerza la concentración de la tierra en pocas manos y la especulación financiera; facilita a las potencias que disputan el mundo comprar grandes extensiones de tierras de manera legal.

San Cayetano: la esperanza

La jornada de lucha y movilización en torno a la figura de San Cayetano (el patrono del pan y del trabajo) se realiza desde el 2016 y expresa la lucha de las organizaciones de la economía popular, como el Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos Barrios de Pie, entre otros, para visibilizar las demandas laborales y sociales. Todos los 7 de agosto, estas agrupaciones, articuladas hoy en la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular), impulsan protestas frente a las políticas de ajuste reclamando la Emergencia Social.

El reclamo original se articuló bajo la consigna "Paz, Pan y Trabajo". Pero, por impulso internacional del Papa Francisco y los movimientos populares, el lema se amplió a "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo" (o las 3T: Tierra, Techo y Trabajo) para representar tanto el reclamo de empleo como el acceso a la vivienda digna y la producción de la economía popular.

Pero las políticas y las intenciones del gobierno nacional están muy lejos de resolver estas demandas. Existe una profunda asimetría entre las grandes medidas económicas que favorecen de forma desproporcionada al capital extranjero, sectores económicos concentrados y terratenientes, y el simple trabajador o la PyME local, que enfrentan una realidad mucho más dura y cruel.

Mientras medidas como el Súper RIGI o la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada desregulan el capital concentrado y la tenencia de la tierra, eximiendo de impuestos y de requisitos (como el cupo de compras a proveedores locales) a las corporaciones extranjeras, al mismo tiempo, se dejan desprotegidas las demandas históricas de acceso a la tierra, el techo y el trabajo para la población vulnerable y el desarrollo nacional.

Milei ha tenido una actitud de enfrentamiento con las organizaciones sociales (así como con toda la clase obrera), de tal manera que sus políticas han sido tildadas de “crueles” por las organizaciones populares.

Durante su gobierno se congelaron las asignaciones sociales y se eliminó el programa Volver al Trabajo. A lo que se suma que la falta de trabajo en cooperativas por el parate de la obra pública y la recesión productiva, ha impactado directamente en la economía familiar. No hay una verdadera política de recuperación del empleo formal.

Por otro lado, la interrupción del financiamiento a proyectos sociales e instituciones locales de contención —como las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC)— ha dejado vacíos en la atención a personas con consumos problemáticos y asistencia social directa. Se agrega a esta situación que no hay políticas públicas de salud.

A esto se suma el crimen y el narcotráfico ya que, cuando el Estado y las redes comunitarias reducen su presencia en el territorio, los espacios suelen ser ocupado por estructuras delictivas y redes narco, incrementando la inseguridad barrial.

Bajo un modelo que ajusta el sueldo, precariza el trabajo, deja crecer el hambre, la marginación, el abandono, el desempleo y, además, reprime, las organizaciones populares plantean un modelo económico y productivo centrado en el desarrollo nacional, la soberanía y la inclusión social.

Jornada de Lucha “No al remate de la Argentina”

El 5, 6 y 7 de agosto son fechas claves. Los lemas: contra la extranjerización de la tierra, por la defensa de la soberanía y el desarrollo nacional y por Tierra, Techo y Trabajo, se juntan en la jornada que convoca la Multisectorial de Entre Ríos este jueves 6, a partir de las 16 en Plaza de Mayo para marchar hacia Casa de Gobierno.

La encrucijada actual expone dos modelos de país diametralmente opuestos: un proyecto extractivista y financiero que concibe el territorio nacional como mercancía rematable al mejor postor, frente a una alternativa federal y soberana que prioriza la inclusión, la industria local y el trabajo digno. En este contexto, la movilización convocada por la Multisectorial de Entre Ríos es la manifestación viva de una sociedad que se niega a presenciar el remate de su propia patria y que reafirma que la verdadera soberanía no se negocia, se defiende.