El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada promovido por el Gobierno Nacional genera desde su presentación fuertes cuestionamientos de organizaciones sociales, ambientales y referentes del ámbito agrario. Con diversos hincapiés, en términos generales advierten sobre las consecuencias que podría tener la Ley en materia de acceso a la tierra, los bienes naturales y la soberanía sobre recursos estratégicos. Entre las principales críticas sostienen que la iniciativa incorpora modificaciones que flexibilizarían el régimen vigente sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
En Entre Ríos, el dirigente agrario Juan Echeverría señaló (en esta entrevista) que el proyecto "favorece a los sectores financieros y a los grandes grupos económicos" y sostuvo que uno de los aspectos más preocupantes es la posibilidad de profundizar la extranjerización de la tierra. Además, vinculó la iniciativa con el interés de grandes empresas internacionales por acceder a territorios con disponibilidad de agua y otros recursos naturales estratégicos: “Lo tenemos a Peter Thiel en la Argentina, con la idea de ocupar grandes extensiones en zonas frías para instalar la infraestructura de la IA, utilizando para ello a la vez lo ya aprobado en la Ley de Glaciares; ahora vienen además por los ríos.”
En referencia a la posibilidad de las ejecuciones y desalojos express que la Ley en cuestión habilitaría, el dirigente agrario expresó que “La ley de inviolabilidad de la propiedad privada es una mentira para que suene bien en los oídos de algún sector de clase media propietaria. Pero son los usureros y los bancos quienes van a estar mucho más protegidos con esta ley.”
En la misma línea, el abogado ambientalista Enzo Culasso explicó a El Once que el proyecto apunta a modificar la Ley de Tierras Rurales eliminando límites actualmente vigentes para la compra de campos por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. Según indicó, la normativa vigente establece topes a la concentración de tierras y restricciones en zonas de frontera y áreas vinculadas con reservas de agua, disposiciones que se verían afectadas por la reforma en debate.
Culasso también sostuvo que la discusión excede el concepto de propiedad privada y alcanza la protección de los bienes comunes y de los derechos ambientales. En ese sentido, remarcó que la Constitución Nacional ya garantiza la inviolabilidad de la propiedad, aunque ese derecho convive con otros de carácter colectivo, como el derecho a un ambiente sano y la preservación de los recursos para las futuras generaciones.
En ese marco, organizaciones ambientalistas convocaron para este sábado a una jornada abierta en el Balneario Municipal de Paraná, donde realizarán una ceremonia por el Día de la Pachamama y difundirán los argumentos de rechazo al proyecto, además de convocar a participar de las próximas movilizaciones previstas durante el tratamiento legislativo de la iniciativa en el Congreso de la Nación.
Publicado por Río Bravo el 1ero de agosto de 2026. Imagen de "La Izquierda Diario"





