Tal como venimos denunciando (ver Socios contra los trabajadores), grandes empresas y organismos estatales están involucrados en el negocio de la precarización laboral, bajo sus diferentes formas. Desde que se conocieron los responsables, con nombre de las firmas y estamentos oficiales, sólo se ha intentado matar al mensajero. Es más fácil y más rentable apretar, que actuar. Ante esta situación, lejos de retroceder, lo que sigue es una profundización de los elementos de este complejo entramado, que tiene al pueblo entrerriano como su principal víctima.

Los beneficios de los verdugos

Una cosa está perfectamente clara. Los que pierden en todo este asunto son los trabajadores. Esta práctica que se repite, sistemáticamente, de Ushuaia a La Quiaca, significa un negocio millonario para el poder real en nuestro país. En primer lugar, estos trabajadores precarizados (sea por el método de las cooperativas truchas, o por alguna de sus variantes) son los que han sostenido con sus espaldas gran parte del crecimiento económico de los últimos tiempos. Mayor ganancia, a menor costo para los empresarios. Capitalismo básico. En el caso de la Cooperativa La Lomita Limitada, con sus más de quinientos trabajadores precarizados, a setecientos setenta y siete pesos de evasión por cada uno, la ganancia asciende a la cifra de 388.680 pesos por mes. Nada mal para una empresa uruguayense (¿o debemos decir, estudio contable?) con alcance en toda la provincia. A esto habría que sumarle cuánto se “ahorra” cada empresa, para tener la dimensión completa del asunto. Y, finalmente, multiplicar esto por todas las “lomitas” que hay en la provincia y en el país.  

También sindicalistas y funcionarios

Por el otro lado, está el dinero que ingresa en la Secretaría y en la Dirección Provincial de Trabajo. Las multas que se cobran por cada trabajador en negro, no se invierten en terminar con el fraude laboral. ¿A dónde van a parar? Es más fácil y más lucrativo callarse la boca, que denunciar estas cosas. Muchos sindicalistas, también, saben de qué estamos hablando. Un ejemplo es el secretario general de la CGT Uruguay, Héctor Montenegro. Según Eduardo Rodríguez, secretario de asuntos gremiales del Sindicato de Empleados de Comercio: “está al tanto de esta situación, desde hace varios años, y se lo ve más preocupado por ocupar una banca en el Concejo Deliberante, que en cumplir con su rol de defensa de los trabajadores”. Y qué decir de los funcionarios que han hecho oídos sordos desde hace más de diez años a las denuncias sobre esta situación. Desde Montiel a Urribarri, pasando por Busti, o referentes locales como Godoy Lauritto y el scelzismo, nadie ha movido un pelo por cerrar las fábricas de trabajo en negro y precarizado. Como dijimos anteriormente, el silencio tiene su precio. Es tan grande la torta, que hay para todos los invitados.

Desamparados ante un futuro incierto

La inflación real (no la del Indek), la crisis habitacional, el incierto futuro de una economía dependiente, son olas de una tormenta que se avecina. En el ojo de las peores tempestades, los trabajadores precarizados navegan en una balsa tan endeble como su situación laboral. Sin la posibilidad de acceder a créditos; sin defensa gremial; sin jubilación; sin fondo de desempleo; sin obra social; sin convenios que los contengan; sin licencias por enfermedad; sin defensa ante un accidente laboral; sin dignidad. ¿Qué más les piensan quitar? Mientras no haya una decisión política de fondo, sin dobles discursos ni consignas vacías, con Justicia Social para Todos, tendremos que seguir adelante con esta batalla tan desigual. En algún momento, por el peso específico de este flagelo, el reclamo que no encuentra cauce por la vía administrativa se trasladará a la calle. Es cuestión de tiempo. Hasta entonces, seguiremos informando con la verdad, que es nuestro humilde aporte a esta lucha tan justa.

Publicado por Río Bravo el 17 de agosto de 2011.