Los hechos
A principios de agosto de 2014, decenas de militantes de las asambleas ambientales de Concordia y de la costa del Uruguay se convocaron, vía redes sociales principalmente, en la rotonda de la ruta conocida como “105”, alertados por la presencia de camiones que intentaban trasladar maquinaria para la exploración sísmica que habilite la posterior extracción no convencional de gas (fracking).
Como los camiones de ese porte y con esa carga no pueden circular de noche, los vecinos se apostaron en la banquina, donde estaban las máquinas, repartieron volantes denunciando las destructivas consecuencias ambientales y económicas que trae aparejada esta intervención en la región, e incluso presentaron una denuncia por el tipo de carga trasladada, ya que se estaría violando el Acta Acuífero Guaraní, tratado internacional para la preservación de una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, que comparten Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
Lejos de intervenir en defensa de nuestros recursos y medio ambiente, el Escuadrón Nº4 de Gendarmería Nacional reaccionó reprimiendo la protesta pasada la medianoche del sábado y deteniendo a Horacio De Carli, Bernardo Zalisñak, Facundo Scattone Moullins y Francisco Larocca, a quienes trasladó al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, donde fueron liberados al otro día. Posteriormente, los cuatro fueron imputados por los delitos de agresión a la autoridad y por el supuesto corte de ruta (ninguno de los dos hechos existió en realidad). A esta última denuncia sumaron a César Pibernus, docente de Chajarí y en ese momento secretario general de Agmer Seccional Federación.
“La respuesta tiene que ser fortaleciendo la lucha”
César Pibernus es en la actualidad integrante de la Comisión Directiva Provincial de AGMER por la lista Rojo y Negro 1º de Mayo. Junto a los otros cuatro ambientalistas fueron procesados a comienzos de esta semana por el supuesto delito de interrupción del servicio público de transporte (en este caso, de los camiones con la maquinaria).
En diálogo con Río Bravo, César contó que “las asambleas convocaban a la ciudadanía a movilizarse, acercarse para corroborar que el fracking ya está en la región, a pesar de las desmentidas del gobierno.” Cuando el sábado 3 de agosto los camiones debían continuar viaje, se quedaron en la banquina a la espera de instrucciones de la empresa de transporte, ante la presencia de tantos asambleístas. Luego, “previo a la represión, dictan como advertencia que si no se desaloja la banquina librarían un pedido de captura a nombre de De Carli y Pibernus”, quienes firmaban la denuncia realizada contra el paso de los camiones.
El docente ahora procesado (que aquél día estaba en Concordia por otros asuntos pero que puesto al tanto de los hechos se sumó a la movida) cuenta que la presencia policial y de gendarmes fue creciendo y también la de vecinos indignados y solidarios con la lucha. “Mientras los camiones estuvieron en la banquina, la asamblea (compuesta por trabajadores, comerciantes y hasta turistas) no cortó jamás el tránsito, al contrario, aprovechó el paso vehicular y la curiosidad de la gente para difundir su preocupación a través de volantes, carteles y un megáfono que consiguieron.”
Respecto de las denuncias, Pibernus relata que “en el expediente justifican la imputación señalándonos como ‘cabecillas’, una categoría absolutamente ajena a los que son las asambleas ambientales, organizaciones cuya horizontalidad es objeto de estudio y ejemplo en todos lados.” Plantea que la judicialización del conflicto (que no es una excepción sino que pulula a lo largo y ancho del país) no es un mensaje dirigido sólo a los que integran o militan la lucha ambiental, sino a todo aquel que defina acciones de protesta, de concientización y manifestaciones.
Consultado por el origen de la persecución (¿los jueces cumplen órdenes políticas?), responde citando el documento que presentaron las asambleas ambientales de la costa (entrerriana) del Uruguay: "Mientras en este momento se intenta instalar una puja entre el poder político y el poder judicial", vemos que "cuando se trata de garantizar un desarrollo extractivo como el fracking, a ambos poderes no les tiembla el pulso a la hora de unirse para desconocer y actuar en contra de derechos que son pilares de una verdadera democracia."
Finalmente, Pibernus aclara: “el procesamiento es por puro disciplinamiento” y sólo se logrará frenar esta embestida fortaleciendo la lucha. Evidentemente, en esa lucha no estarán solos. Gran cantidad de organizaciones políticas, gremiales y ambientales se manifestaron repudiando la decisión judicial. Agmer Seccional Paraná, por ejemplo, planteó en un comunicado que “exigimos el inmediato desprocesamiento de los cinco asambleístas, que se termine la persecución al pueblo que lucha y que se investigue y castigue a los responsables de la represión y el maltrato que sufrieron estos compañeros”, además de mantener el compromiso en la lucha contra el Fracking en la región.
Publicado por Río Bravo el 25 de febrero de 2015.
