La expresión libertad de expresión tiene un origen burgués, y por lo tanto, ideológico. Es decir, su consolidación, como el de la llamada opinión pública, están íntimamente ligados al ascenso de una clase social: la burguesía. Lo dicho no pretende disminuir su importancia sino sólo darle un significado histórico o, como gustaba decir a Foucault, recordar los orígenes humildes de un concepto que suele mencionarse con grandilocuencia. Personalmente, no considero que exista un estado pleno de libertad de expresión. Nadie puede creer eso seriamente. En lo que sí podemos convenir es en que el tópico funciona como ideal, como aliciente, como elemento teleológico. Debemos tender a la libertad de expresión y exigir que los estados y poderes fácticos respeten ese credo. Es lo deseable.

Dicho esto, abusaré de las expectativas que todo buen comienzo de un texto permite con una segunda digresión: no conozco la forma de lograr esto en, digamos, un lugar específico, como por ejemplo la provincia de Entre Ríos. Lo que conozco son distintos aspectos desde los cuales abordar la cuestión. Probablemente, si la hay, la solución sea una adecuada combinación de efectivas acciones en esos campos, lo que en su conjunto podría llamarse, por qué no, una política. Pero desconozco quién vaya a hacerla ni de qué manera.

Condiciones laborales

En primer lugar está la situación laboral de la mayoría de los trabajadores de los medios de comunicación en la provincia. Esto incluye periodistas fundamentalmente, pero también a otros trabajadores de medios. Digo la mayoría, porque existe, por contraste, una minoría a la que no le va mal. Son quienes han logrado posicionarse como interlocutores del poder, muchas veces convirtiéndose en explotadores de sus colegas. Pero la gran mayoría trabaja en redacciones, páginas Web, móviles u oscuras oficinas, bajo igualmente opacas condiciones de contratación y permanencia. El Sindicato de Prensa, mientras tanto, funciona desde siempre como una pequeña corporación, últimamente casi transformada en una pyme. Su tarea consiste, básicamente, en sentarse a paritarias con los medios más importantes, aprovechando la nueva coyuntura favorable establecida por la política salarial nacional, para después sacar algún comunicado al respecto. Pero sólo negocia las condiciones de los más favorecidos (con discutibles resultados), nunca de los que están afuera. A propósito, sería interesante hoy saber con cuántos afiliados cuenta el Sindicato de Prensa. Muy pocos, seguramente, en comparación con la cantidad de trabajadores en negro o precarizados que existen.

Pero, el principal problema una vez más, no está en las condiciones de trabajo, sino en las condiciones de conciencia. ¿Cuántos periodistas se asumen como trabajadores? ¿Cuántos conocen lo que es un convenio colectivo o el Estatuto del Periodista? ¿A cuántos les interesa? ¿Cómo pensar entonces en reclamar y defender los derechos conculcados si no se los conoce, si no se asume una condición de trabajador? ¿Cómo debatir la cláusula de conciencia? ¿Afectan a los periodistas las clásicas contradicciones de quienes provienen de la clase media o lo que quedó de ella? Cualquier respuesta será sospechada de generalización. Me abstengo.

La publicidad oficial

Otra de las maneras de abordar la libertad de expresión o de su “falta”, en una provincia, es insoslayablemente la arbitrariedad en la distribución de la publicidad oficial. Sucede que este es tema lindo para las oposiciones y pésimo para los oficialismos, indistintamente de qué fuerza política ocupe uno u otro casillero. Por eso, como parece que va a suceder este año, al tema lo trata de introducir en la agenda pública uno y de silenciar el otro. Lo cierto es que en contextos de provincia, donde la pauta privada no es muy importante, la oficial se vuelve una espada de Damocles sobre el periodismo libre. ¿Significa esto que regulándola se acaban todos los problemas? No lo creo. Me parece que los gobiernos tienen también otros recursos para comprar voluntades si así lo quieren, pero al menos se podría establecer un piso al cual acceder a medios y periodistas que hoy no tienen posibilidades de obtener una pauta si no dejan abierto un canal para recibir “sugerencias” gubernamentales, a criterio del funcionario de turno.

Ahora bien, considero que hay que distinguir entre discrecionalidad y arbitrariedad. El último fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2 de marzo de 2011 en el caso Perfil, establece que “no hay un derecho por parte de los medios a obtener una determinada cantidad de publicidad oficial”, pero sí existe un derecho “contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos”. Esto significa que si los estados optan por dar publicidad, deben utilizar criterios razonables y no discriminatorios. Pero no puede por eso afectarse la facultad discrecional de una administración para priorizar o desestimar las cuestiones que crea necesario en función de su política de gobierno. Esto es lo que no contemplan, me parece, muchos de quienes consideran la regulación de la publicidad oficial sólo como una forma de recortar facultades a los gobiernos para premiar a sus amigos y castigar a sus enemigos. Mucho menos quienes consideran que como único criterio, el estado debe priorizar el gasto eficiente. Esto significa lisa y llanamente que debe anunciar sólo en los medios que le aseguren la mejor llegada de su mensaje, es decir, afianzar el mercado tal como está.

Considero que la discusión debe darse con mayor amplitud. ¿Cuál es el rol del Estado en este caso? ¿Por qué razón un gobierno no puede priorizar en la asignación de publicidad a los medios o periodistas que comparten su modelo de gestión? Lo que debe establecerse es que quienes no las comparten no deban necesariamente quedarse afuera de esa distribución y que los criterios sean tan claros como públicos; o como dice la Corte, razonables. No es tan difícil. Por otra parte, podrían establecerse porcentajes de publicidad para financiar a medios comunitarios, sin fines de lucro, o a los que tienen menor inserción comercial pero cumplen una función social relevante. Incluso sectores opositores acuerdan hoy con la idea de hacer de la provincia un polo de desarrollo científico-tecnológico que dé valor agregado a los productos primarios entrerrianos. ¿Qué periodismo va a acompañar esa empresa? Con el debido respeto por el trabajo de todos, los programas de periodismo económico-empresario han sido siempre un espectáculo en el que se surfea entre la tiranía de los empresarios y el afán de promoción del funcionario que otorgó la pauta. Como resultado, a los primeros no se les puede preguntar sobre otra cosa que no sean las “bondades” de sus productos y dejarles el micrófono abierto para nos cuenten qué tan larga la tienen, mientras le bajan línea al estado, en algunos casos descaradamente. A los segundos, otro tanto, tratando de quedar bien con el madatario/más de turno. ¿Por qué no establecer un mínimo de publicidad oficial para sostener proyectos comunicacionales en periodismo económico que tengan relevancia social y colectiva? ¿Por qué no hacer algo similar con el periodismo científico o educativo? Cualquiera de estas discusiones está bastante lejos de la chicana barata entre políticos y sectores interesados, sobre si los gobiernos ayudan o no a los amigos. Lo que hay que establecer no es otra cosa que lo que dice la Corte, criterios razonables, y después no patalear cuando no me toca lo que esperaba, como sucede hoy en muchos casos. Por eso no sólo los gobiernos no quieren regular la publicidad oficial, tampoco los dueños de los grandes medios ni los grandes lenguaraces que hoy son tan amigos de este gobierno como ayer lo fueron del anterior y mañana lo serán del que viene. Con la salvedad que las instituciones y los campos de trabajo son siempre complejos, a buena parte de ellos si algo no les interesa es, parejo, la libertad de expresión.

El gran hermano mercado

Después están los que proponen la romántica idea de que se puede vivir del mercado y que prácticamente desde allí “se deben generar los nuevos contenidos” por ejemplo para lo que se espera sean los nuevos medios y canales de expresión que vendrán a partir de la sanción de la nueva ley de medios. Todo muy lindo, pero creo que todavía estamos bastante lejos de ello, muy especialmente en provincias como la nuestra. No porque la ley no tenga en tal sentido las mejores intenciones. Más bien al contrario. La ley crea el marco jurídico, pero el mercado sigue siendo heredero del neoliberalismo, y eso llevará mucho tiempo cambiarlo. Si para un político es difícil admitir que si pone publicidad oficial (plata que ni siquiera sale de su bolsillo), el periodista o el medio al que se la da no deba decir lo que él quiere que diga, ¿qué podemos exigirle a un empresario? Si a esto último lo relacionamos con lo expuesto al principio sobre las condiciones laborales de la mayoría de los periodistas, tenemos claramente un cuadro de ganadores y perdedores. En un extremo, el periodista que se volvió empresario y que como tal se olvidó hace rato de varias cosas que pudo haber aprendido sobre libertad de expresión, en el medio el que sobrevive como puede entre sus valores, el alquiler de la casa y el supermercado, y en el otro extremo el que se quedó afuera de todo, si es que alguna vez estuvo adentro. Si es este último el caso, ya el gran hermano mercado no le distinguirá siquiera, como otrora, con la gloria de ser un periodista censurado. Será simplemente un desocupado. Uno más, entre colegas de tantas profesiones de menor alcurnia retórica.

Medios del estado

El tema se ha puesto en debate sobre todo desde la puesta en el aire del programa 6, 7, 8, por Canal 7 de Buenos Aires. Trabajo desde hace dieciséis años en LT 14, una radio del Estado Nacional, por lo que no hablaré de situaciones particulares que tengan que ver con ella. No porque no tenga cosas para decir, sino porque soy un empleado de una empresa a la que debo fidelidad.

Cuando publiqué, en 2008, Todo por decir. Medios del Estado y Sociedad Civil  (Editorial Dunken), estaba preocupado por discutir un diseño para los medios públicos que protegiera a estos de la arbitrariedad de los gobiernos de turno. Desde entonces, afortunadamente, hubo mucha discusión sobre medios a partir del proyecto y posterior aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Pero aunque tal discusión mucho esclareció sobre los monopolios como verdaderos enemigos de la libertad de expresión, sigo pensando que ese diseño para los medios del estado está aún, pese a la aprobación de la ley, en etapa de enunciación. Cuando en momentos de la discusión le consulté a un funcionario nacional sobre la posibilidad de hacer más plurales a los medios públicos me respondió: “Cuando haya muchos medios, la voz del gobierno será una más, entonces no será necesario”. No coincido con esa afirmación. Porque presupone lo que después se conoció como el periodismo militante. Esto significaría que cada cuál puede operar según sus intereses desde cualquier medio, público o privado, en función de algún objetivo que no sería la noticia en sí misma. Celebro el cuestionamiento de la pretendida objetividad periodística, entiendo que es un paradigma falso, neoliberal y perverso. Pero no creo que el enfoque en periodismo lo sea todo, ni mucho menos que todo valga. Si así fuera estaríamos reemplazando una cosa por otra. Es muy necesario que los periodistas explicitemos posiciones, porque las tenemos. No podemos no tenerlas. Y si como ciudadanos ejercemos nuestro derecho a opinar con nombre y apellido, ¿por qué no habríamos de hacerlo como periodistas? ¿Es que acaso nos volvemos menores de edad cuando pasamos a pertenecer a un medio y por eso debemos escondernos detrás de falacias como las de ser “equilibrado” o “no estar ni con uno ni con otro”? Yo sé claramente a favor de qué y en contra de cuáles cosas estoy. Pero si las hago públicas no me vuelvo por eso un periodista militante de ninguna causa, gobierno o proyecto, salvo que lo explicite. En mi caso, fui militante de la ley de medios y así lo expresé. En lo demás, tengo posturas tomadas, pero no me considero militante de nada.  

Cuando hablamos de medios del estado, a esta altura suena casi ingenuo repetir que los gobiernos son circunstanciales y que el estado somos todos. Pero si el concepto de libertad de expresión, liberal, criticable, imperfecto, es lo único que sigue sirviéndonos aún hoy como objetivo motorizador contra la censura y la manipulación, el del estado como figura que debe abarcarnos a todos lo sigue siendo cuando de medios públicos se trata. Sencillamente porque no se ha descubierto nada mejor.

Celebro la aparición de 6, 7, 8, y no me parece en absoluto ilegítimo que desde un canal público se defienda al gobierno. Totalmente al contrario. Lo que me parece es que falta una efectiva presencia de voces opositoras en otros espacios de la programación. No desconozco que esto último suena casi a traición para buena parte de quienes comparten el llamado modelo nacional y popular. Pero creo que por este lado se equivoca el camino, y flaco favor se le hace a tan noble objetivo. Esto no es ir contra la legítima discrecionalidad que los gobiernos tienen en el manejo de sus administraciones, los medios públicos son una de ellas. Pero la arbitrariedad en este caso se llama omisión. Y una omisión lo suficientemente importante y permanente es una mentira. Por lo menos, en los espacios institucionales de estos medios, léase informativos, páginas Web, donde el oyente o el televidente sabe que se expresa la voz del medio, no se puede tapar el sol con las manos, muchachos. De manual sería así, para que se entienda: Si A critica al gobierno y B lo defiende, para publicar B tengo que publicar también a A. Y además, por lo menos cuando se trata de un hecho de relevancia, tengo que publicarlo. No puedo no hacerlo, porque como medio tengo una responsabilidad, que es primariamente la de informar, no la de operar. Es verdad que informar es un acto político, pero eso no lo inscribe necesariamente en la política partidaria. Muchos menos en la deformación amigo-enemigo.

Creo no equivocarme si digo que quienes militamos la ley de medios no creíamos que de la noche a la mañana las cosas fueran a cambiar. No lo harán. Pero sabíamos que la nueva norma establecía, en este como en muchos otros campos, nuevas reglas de juego. En el caso de los medios estatales, hasta ahora, muchas de estas reglas no pasan de ser una promesa, más allá de cambios cosméticos o de quijotadas personales de algún funcionario extraviado con pretensiones de progre. Es verdad que la oposición política ni siquiera ha ocupado aún los dos lugares que tiene asignados en Radio Televisión Argentina S.E. (RTA SE). Pero esto no justifica el imperdonable ninguneo que se hace a muchos comunicadores que no se atienen a recibir instrucciones gubernamentales. Hay incluso quienes están a favor de este modelo y como tal están dispuestos a defenderlo sin considerar por eso que faltan a su profesión de periodistas. Más bien al contrario. Pero lamentablemente buena parte de este gobierno, que llevó adelante la más formidable revolución comunicacional de que se tenga memoria en la Argentina, parece no entender esto todavía. Y sigue apostando al pasado.

Ley de medios

Por último, unas pocas líneas sobre un instrumento legal que significa una verdadera política de estado, que fue posible tanto por la decisión política de un gobierno como por la militancia de no menos de tres generaciones de argentinos. La nueva norma aprobada, que todavía tiene trabado su artículo 161, el que obliga a los monopolios a desprenderse de sus licencias excedentes, constituye un piso de avanzada para construir una comunicación y un periodismo mejor. Está no sólo en los periodistas sino en la sociedad en su conjunto la posibilidad de trasformarla en una verdadera revolución cultural. En eso se está y personalmente soy optimista.

En nuestra provincia, a partir de la ley, se creó por decreto del Poder Ejecutivo, el Consejo Provincial de Políticas Comunicacionales. Se trata de un espacio de debate integrado por representantes del estado, de los actores privados, pero sobre todo por integrantes de la sociedad civil. Quienes hemos trabajado en ello consideramos que es una experiencia institucional novedosa que funciona como caja de resonancia de temas que antes no tenían ámbitos donde repercutir que no sean los propios medios o el sector gubernamental. Por supuesto, no todos le reconocen la misma legitimidad y no faltan quienes lo consideran un espacio cooptado por el Gobierno provincial. Desde adentro puedo decir que existe pleno debate de las cuestiones que se ingresan para su discusión y que se trabaja con total libertad. Será cuestión de andar, y todo nuevo instrumento va mostrando sus potencialidades con el tiempo, más aún si se trata de instrumentos colectivos.

Por lo anteriormente dicho, para finalizar, si bien no considero que estemos en el mejor de los mundos, tampoco puede afirmarse que en la provincia no haya libertad de expresión. Existen los problemas antes mencionados, que no vienen de esta gestión ni de la anterior, sino desde hace mucho tiempo. Existe también una fuerte falta de compromiso de muchos actores sociales que declaman y denuncian permanentemente censura y falta de espacios en los medios y hacia el interior de sus propias instituciones dejan mucho que desear; y existen además gobiernos en cuyo seno operan funcionarios que se empeñan en hacerles dar cotidianamente pequeños pasos hacia atrás mientras, colectivamente, se avanza a pasos gigantescos.

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Publicado por Río Bravo el 05 de junio de 2011.