Argentina atraviesa un momento histórico de afianzamiento de la Democracia, aún con los sacudones propios de un ciclo que no termina de definir las formas para ese afianzamiento, pero que nos permite a los argentinos tener ciertas referencias históricas para visibilizar cómo se construye la democracia y el sistema político que la sustenta: los partidos políticos, los intereses que se asumen en esas representaciones, intereses económicos, de clase social y de sentidos de pertenencia.

Esto se pone en evidencia a través no sólo de las estructuras de los poderes del Estado, sino también de las corporaciones de medios masivos de comunicación social, y del poder económico transnacional, que diversifica su economía y tiene intereses en la producción de alimentos, medicamentos, energía, productos de uso cotidiano, ropa, transporte y dominio de los recursos naturales, culturales y de los medios de producción.

En este abril de 2.020 la Argentina, como pueblo multifacético, con varias naciones de los pueblos precolombinos, y con intereses en disputa, lleva unos pocos meses de recambio de gobierno nacional, fruto de elecciones, al menos formalmente, democráticas y que debe administrar un Estado que dé respuestas a través de la política pública a las necesidades del pueblo, un Estado que se ha resquebrajado hasta los bordes de su desaparición, no en la entidad de poder sino en la infraestructura para sostener el poder de regulación de los intereses que es por mandato social la función del Estado.

En algunos sectores, inclusive populares, ha calado hondo el discurso anti Estado y se bregó para el desmantelamiento de lo público. En los noventa se desarticularon ferrocarriles, bancos, empresas de energía, comunicaciones y se ofreció al empresariado el manejo de recursos vitales para el colectivo y hoy tenemos un Estado débil que debe atender necesidades colectivas en un tiempo de emergencia sanitaria mundial; esto debería al menos hacernos reflexionar sobre el rol del Estado y de la democracia representativa.

En algún momento hubo gobiernos (sin entrar en la valoración moral de buenos o malos, es una cuestión hasta de sentido común) que implementaron el desmantelamiento del Estado, se ajustó en partidas para educación pública, se quitaron programas nacionales de vacunación, se desfinanció el sistema de atención primaria de la salud y, sólo por citar algunos ejemplos concretos entre otros tantos, hoy hasta para proveer vacunas, alimentos, salud, hay que recurrir al empresariado. ¿Y el Estado?

El Estado se encuentra administrado por un gobierno legítimo pero que está siendo atacado literalmente por las normas del mercado ¿Tiene legitimidad que las corporaciones farmacéuticas fijen en precios exorbitantes el valor del alcohol medicinal? Sí lo es totalmente legítimo, se llama libertad de mercado, alguien podrá decir: “Pero es inmoral no pueden hacer eso”. Sin embargo ¡sí, sí pueden y lo hacen! Y más podrán cuando no haya un gobierno que los frene; es la privatización de los bienes de consumo. Y por lo tanto, el tan repetido “que el Estado no se meta en nuestro negocio, sólo queremos trabajar” hoy deja en evidencia que si el Estado a través del gobierno no se mete y regula los precios habrá millones de argentinos que no accederán a lo más mínimo por la simple razón de que no tienen el dinero para hacerlo.

Así las cosas, un gobierno democrático que asumió en medio de una crisis recurrente del sistema capitalista y debe afrontar una pandemia mundial sin la infraestructura adecuada del Estado, tarea nada fácil, atender la urgencia sanitaria y reconstruir el Estado, material y culturalmente, mientras los operadores de diferentes sectores empresariales comienzan a horadar otra vez la democracia desde los medios de comunicación, que en nombre de la libertad de prensa pasean a los eternos referentes políticos, sindicales y empresariales que reclaman pactos productivos, se lo oyó hace unas horas a un ex presidente decir muy cómodamente “que no hay que pelearse con los que tienen la plata, y que claro que habrá sufrimiento, pero bueno es así, no es fácil”. Esto, en sintonía con quienes quieren levantar las cuarentena porque hay que salvar la economía. Pero cabe preguntarse: ¿qué economía? ¿La que deja millones de trabajadores sin ganancia alguna? ¿La que socializa la pérdidas y privatiza las ganancias? Y sin ningún tipo de sonrojo piden que se recorte el 33% del salario, que es demencial que un trabajador que por la cuarentena no está trabajando no debería cobrar todo el sueldo. Así las cosas: ¿dónde queda entonces la política?

En esta puja de intereses, reconstruir el Estado de bienestar ante un continuo bombardeo mediático para sacar al pueblo a la calle y, como contrapartida de la misma jugada, en nombre del orden las fuerzas represivas harán lo suyo. En esta jugada de poder: ¿a quién beneficia debilitar a un gobierno democrático (con el que se podrá coincidir o no)? Se torna necesario volver a plantearse (en este encontronazo del poder real) el interrogante: ¿a quién beneficia golpear a un gobierno que asumió la administración de un Estado devastado, en plena emergencia sanitaria mundial? Esto se veía venir, alcanza con ver los pasos de baile, por así decirlo, de las últimas décadas: algunos sindicalistas eternos, llaman a un paro, algún sector empresarial propone un lockout patronal para generar desabastecimiento o condicionar los precios de exportación y con ello frenar el ingreso de divisas. Se incita al pueblo a salir a la calle y las fuerzas represivas, fieles a su costumbre, reparten palos y balas, algunas de goma, un gobierno condicionado y en algunos medios ensalzan a los “salvadores de la Patria”, generalmente del sector empresarial. Ya lo vimos, muy pero muy recientemente, dando la estocada final a la destrucción del Estado y lo vimos hace unos días cuando los bancos tuvieron a los jubilados amontonados y exponiéndolos al contagio de covid19.

Sostener la legititimidad y la legalidad de un gobierno no significa no disentir e inclusive plantear institucionalmente las válidas diferencias. Significa no prestarse al juego de quienes quieren un gobierno condicionado o golpearlo para que se vaya o al menos debilitarlo para tener márgenes de ganancias mayores. Sin ir muy atrás en el tiempo, ya sabemos lo que ocurrió cuando esos sectores tomaron el gobierno, desmantelaron el Estado, sacaron leyes que perjudicaron a los trabajadores, ley de flexibilización laboral, privatización de los aportes jubilatorios, corralito a los ahorros, privatización de la salud y la educación. Ya sabemos, indudablemente que sabemos, pero por si no lo queremos ver hay un axioma taxativo que recorre la circularidad de la historia “Los pueblos que no conocen su Historia están condenados a repetirla”.

(*) Prof. Dipl. Pablo A. Álvarez Miorelli
Reg. 44666 F°157 CGE

Publicado por Río Bravo el 11 de abril de 2020