El comunicado de la agrupación Rojo y Negro de Chajarí, en sintonía con el planteo que sus dirigentes realizaron a nivel provincial, se pregunta: “¿Por qué aún el gobierno sigue pagando el incentivo en negro cuando la justicia ordenó que lo blanquee hace seis meses?”

Efectivamente, el 26 de noviembre del año pasado el Superior Tribunal de Justicia ordenó que de forma inmediata pasen a formar parte del salario básico los montos liquidados (desde hace quince años “en negro”) en concepto de incentivo docente (definido a nivel nacional). De hecho, la agrupación cuestiona incluso a la propia conducción provincial del gremio (en manos del frente Integración –Compromiso, Celeste y Paulo Freire-, afín al gobierno provincial) por haber “cajoneado” durante todo este tiempo el fallo. El objetivo de dicha “distracción” habría sido facilitar la aprobación por parte de los docentes de las ofertas salariales gubernamentales, que con semejante aval jamás podrían no haber incluido el blanqueo de los montos en cuestión.

El conocimiento del fallo se da en un contexto en el que las seccionales conducidas por la agrupación Rojo y Negro vienen movilizándose contra las demoras en el pago de los salarios (los docentes han cobrado hasta con 15 días de atraso) y por la reapertura de la discusión salarial a partir del 1º de junio. En este contexto, el tardío “descubrimiento” de este fallo silenciado por el gobierno y por la dirigencia oficialista de AGMER, echa aún más leña al fuego.

El comunicado referido señala: “Es un fallo histórico que reconoce una reivindicación que los docentes entrerrianos hemos sostenido en cada minuto y en cada espacio de lucha, desde que se creó el Fondo Nacional de Incentivo Docente. El gobierno debe blanquearlo sin más demoras y debe hacerlo con la misma rapidez con que acude a la justicia para empantanar la discusión salarial y vulnerar nuestro derecho a la huelga.”

El monto en cuestión, que hoy está en $255, se duplicará en agosto, tal como se acordó en la paritaria nacional. Esta cifra, hasta el día de hoy, no es percibida por los jubilados, ya que no es pagada dentro del salario remunerativo y bonificable sino como una especie de “extra en negro”. De más está decir que el pequeño detalle que el gobierno parece olvidar al pagar de este modo es que esto incluso es anticonstitucional, de acuerdo a la Constitución Provincial vigente.

Peor aún. Según la dirigente rojo y negro Alejandra Gervasoni, que justamente representa a los jubilados docentes desde la minoría a nivel provincial, el acuerdo salarial firmado por AGMER en el marco de la conciliación obligatoria impuesta en marzo, no tendría validez ya que incluye el pago “en negro” de montos que la propia justicia había ordenado pagar en blanco.

Publicado por Río Bravo el 23 de mayo de 2015.