La iniciativa es organizada por el Gobierno de la Provincia y está destinada a periodistas y comunicadores sociales bajo el título Buenas prácticas en el tratamiento del abuso sexual contra la niñez y la adolescencia en los medios de comunicación. Apelan a la responsabilidad de informar con responsabilidad a la hora de comunicar hechos con estas características.

Hace casi dos semanas, a poco de dos fechas importantes para quienes trabajan en la prevención del abuso sexual infantil, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires declaró prescripta la acusación contra dos sacerdotes y un profesor que abusaron de al menos cinco niños sordomudos en la sede del Instituto Próvolo en La Plata. En Entre Ríos hizo ruido esta decisión y fue objeto de análisis y críticas en un conversatorio organizado por la Vicegobernación. Desde la ONG ASI Basta tildaron de "aberrante y vergonzoso" el fallo.

Este jueves 19 de noviembre, se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Diez días antes se habían cumplido cinco años de la sanción de la Ley de Respeto a los tiempos de las víctimas, de autoría de la exsenadora entrerriana Sigrid Kunath, una norma con que logró imponerse una dosis de empatía a los tiempos y procederes de la justicia.

Hay que recordar que esta Ley nació al calor de los debates y el juicio por los abusos perpetrados por el cura Justo Ilarraz contra niños y adolescentes que pudieron romper el silencio después de mucho tiempo, obstáculos y sufrimiento. Y durante el proceso judicial, una de las principales estrategias de la defensa pasó por la prescripción de los delitos que se le imputaban al religioso.

Si hay un denominador común en la mayoría de los casos de abuso infantil es la dificultad y hasta la imposibilidad de las víctimas de exteriorizar las situaciones padecidas, porque los abusadores son personas de confianza, de los niños y de su entorno y aún en ocasiones en que logran derribar temores y vergüenzas, son sus propios seres queridos quienes descreen de sus denuncias.

El caso del Instituto Próvolo de La Plata tuvo el agravante de que los niños abusados eran hipoacúsicos y los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky dieron por prescripta la causa penal y dejaron sin efecto la acusación por abuso sexual y corrupción de menores los imputados Horacio Corbacho, Nicola Corradi, Eliseo Primati, Horacio Corbacho y Jorge Britez, poniendo por encima el principio de irretroactividad de la Ley. Es decir, que los delitos ocurrieron antes de que se sancionara la Ley que establece que la prescripción en casos de abuso queda suspendida mientras las víctimas sean menores de edad o aún siendo mayores hasta que puedan realizar la denuncia.

"Es una aberración. Es una vergüenza que estos jueces hayan dictado un fallo semejante. Es algo inaudito y esto ocurre por el gran patriarcado que considera a los niños no como seres humanos con derechos. La Ley en sí habilita a hacer la denuncia pero después depende de muchas circunstancias econtrar jueces idóneos y empáticos", dijo Norma Romero, integrante de ASI Basta, una organización que desde hace varios años trabaja en la prevención del abuso sexual infantil -de ahí la sigla ASI- y en la protección de los niños y la búsqueda de justicia.

Romero recordó antecedentes como los de Ilarraz o el también sacerdote Juan Diego Escobar Gaviria, que por estos días atraviesa un nuevo juicio por "corrupción de menores". "A pesar de que las defensas de los perversos se basaron en la prescripción, no hicieron lugar ni el tribunal que intervino ni la Cámara de Casación ni el Superior Tribunal de Justicia", señaló a Río Bravo. Sin embargo, en el caso de La Plata los jueces ignoraron estos antecedentes.

"Este tipo de monstruosidades suceden al día de hoy porque se mantienen en muchos aspectos de la intervención judicial modelos que hoy no deberían estar vigentes, con la plena vigencia de normativa internacional que Argentina tiene en su Constitución y son absolutamente contrarias a que se aplique la prescripción en casos como este", señaló el ex juez Carlos Rozansky durante el conversatorio "El rol de las instituciones frente al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes", organizado por la Vicegobernación de Entre Ríos.

En ese sentido, Rozansky analizó y cuestionó que "en la confrontación entre la irretroactividad de la Ley Penal y la Convención sobre derechos del niño, derechos a que se haga justicia y se frenen los abusos, la Casación de la provincia de Buenos Aires eligió beneficiar a los acusados. La interpretación de la Ley termina siendo más benigna con los victimarios".

Publicado en Río Bravo el 20 de noviembre de 2020

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