El gobierno de Cristina Fernández, que en medio de la crisis empuja el ajuste al pueblo mediante la “sintonía fina”, no escatima esfuerzos para salvar “instituciones de bien público”. El 28 de marzo, a instancias del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ampliación del aporte de capital de Argentina al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un organismo que, como bien sabemos los argentinos, se dedica a hacer beneficiencia a troche y moche.
De acuerdo al proyecto enviado por la presidente y que recibió media sanción en Diputados, nuestro país aportará 180 millones de dólares, en cinco cuotas de US$ 36 millones para la capitalización del BID. Desde el oficialismo justificaron argumentando que el “aporte le permitirá al país mantener una aprobación de créditos anuales por parte del organismo, de entre 1.000 millones de dólares y 1200 millones de dólares, como lo viene haciendo la entidad desde el 2008”. Esta decisión confirma que la política económica del kirchnerismo sostiene la dependencia de los organismos financieros internacionales.
El Banco Interamericano de Desarrollo vio notoriamente disminuido su capital operativo al embarcarse en la especulación con hipotecas de alto riesgo conocidas como ‘subprime’. Cuando estalló la crisis financiera de 2008, el BID tenía pérdidas de 1.900 millones de dólares. Entonces, la consultora Oliver Wyman aseguró que la entidad había asumido un nivel de riesgo mayor que el de cualquier otro de los organismos multilaterales.
En julio de 2010, la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un "Informe sobre el Noveno Aumento General de Recursos" y resolvió importantes desembolsos de los países miembros para salvar las finanzas del BID. Entre los firmantes de la resolución de la asamblea, puso su rúbrica el actual vicepresidente y entonces ministro de Economía, Amado Nuncaunvuelto Boudou. En aquel momento, Boudou comprometió al país a pagar 7.525 millones de dólares (U$S 7.525.760.22) suscribiendo cerca de 624 mil acciones de Capital Ordinario del BID. En la misma asamblea, el entonces ministro comprometió una contribución al Fondo para Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo de casi 26.800 millones de dólares (U$S 26.779.415).
El interés por el “desarrollo interamericano” postulado al momento de su creación, sólo se mantiene en el nombre del BID. Los argentinos somos víctimas y testigos del papel de este organismo en las políticas de la dictadura y en los ajustes de los ‘90. Junto a los demás organismos financieros internacionales, propició el endeudamiento de los países oprimidos, su desindustrialización, la dependencia, el cierre de puestos de trabajo, la privatización de estratégicas empresas públicas y la proliferación de la timba financiera. El BID, que según sus propios dichos pretendía “contribuir al desarrollo regional, lograr la equidad social y contribuir a la erradicación de la pobreza”, fue en realidad una fuerza de presión para los cambios estructurales que se produjeron en Argentina desde la dictadura en adelante. En otras palabras, desde hace muchos años, el BID es una fuerza de choque al servicio de los grandes grupos financieros transnacionales.
Fue este banco quien en 1992 gestionó ante los demás organismos financieros la reestructuración de la criminal deuda externa de la dictadura, mediante el tristemente recordado Plan Brady. En aquel momento -presidencia de Menem- el BID otorgó préstamos al gobierno Nacional, para que compre las garantías que se entregaron a los acreedores privados y a las instituciones financieras partícipes de la operación. Aquella maniobra aseguró a los bancos buitres el cobro de una deuda que se había hecho incobrable. Luego, desde 1993 hasta 2011, el BID prestó a Argentina unos 20 mil millones de dólares (U$ 19.969 millones), de los cuales ya se cobró más de 13 mil millones (U$ 13.124 millones), y es acreedor de casi 10 mil millones (U$ 9.681,6 millones), y se le tributaron 7.200 millones de dólares de intereses.
Lejos de lo que el oficialismo propagandiza sobre la supuesta enorme importancia de mantener 10% de las acciones del BID, la decisión de la presidente contribuye a afilar la hoja de la tijera con que nos esquilan. El fervor patriótico y popular que retumbó en todo el país por la soberanía en Malvinas exige denunciar este tipo de maniobras de manifiesto cipayismo.
