De la redacción de Río Bravo
"Se impuso el lobby: se pospuso la reunión", denunció el diputado nacional Leonardo Grosso al ser notificado de que se cancelaba la reunión del plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Presupuesto y Agricultura, prevista para este jueves y que finalmente se postergó sin fecha.
SE IMPUSO EL LOBBY: SE POSPUSO LA REUNIÓN
— Leonardo Grosso (@Leonardo_Grosso) September 29, 2022
Después de semanas de trabajar para tener un dictamen de la ley de humedales en el día de mañana, recibí un comunicado en el que los distintos presidentes de bloque de @DiputadosAR informan la postergación del plenario una semana más. pic.twitter.com/9LQHp4WmEE
La suspensión fue acordada por los presidentes de todos los bloques luego de la presión ejercida por gobernadores de las provincias mineras y la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias, que se oponen a la limitación de las actividades productivas en pos de la protección de los ecosistemas.
La decisión causó fuerte malestar en las organizaciones ambientalistas, debido a que la historia vuelve a repetirse, aún en un contexto donde miles de hectáreas de islas vienen siendo arrasados por las quemas en territorios donde –se comprobó– predominan las explotaciones ganaderas.
Frente al nuevo freno al avance de la regulación exigida, la Red Nacional de Humedales (ReNaHu) advirtió que "el extractivismo es el verdadero poder mientras la política se arrodilla frente a los lobbys".
La norma que falta y las que no se cumplen
Desde Paraná, la Multisectorial por los Humedales es uno de los agrupamientos que viene motorizando acciones en pos de la sanción de la ley, protestando contra los incendios y exigiendo políticas que protejan los ecosistemas de la explotación sin límites de los recursos naturales y sus consecuencias ambientales.
Enzo Culasso, abogado e integrante de este espacio, consideró que el hecho de que haya legisladores nacionales y representantes de distintas provincias que pidan tiempo para estudiar e informarse al respecto "con todo lo que se viene hablando de los humedales y la situación crítica que están atravesando, sobre todo en el delta del Paraná, no solo es una burla a las organizaciones que vienen trabajando hace más de 10 años para lograr este proyecto sino que también es un desconocimiento total a la situación que atraviesan nuestros humedales y a la realidad de cambio climático que azota a toda la región".
Culasso, quien integra también la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, dijo a Río Bravo que esta nueva postergación "es realmente hacerle lugar al lobby agroindustrial, minero e inmobiliario que pesa sobre nuestros ecosistemas y que nos está llevando a un límite planetario del cual Argentina no es ajena, ya que vivimos en una de las regiones más deforestadas del mundo y que justamente ahí está el quid del cambio climático que estamos atravesando y la gran sequía de nuestro río Paraná".
Pero más allá de la discusión en torno a la necesidad de una normativa que defina las áreas que deben ser protegidas y la existencia de presupuesto específico para ello, también hay un gran debate respecto de uso de las herramientas legales ya existentes y la falta de control. La situación generó grandes controversias entre Nación y Provincia y, en particular, entre el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, y el gobernador Gustavo Bordet, con acusaciones cruzadas en torno a la responsabilidad por el control de las quemas.
"Existen las herramientas, en Entre Ríos está prohibido quemar; el plan el Plan Provincial del Manejo del Fuego lo prevé, entonces todas las quemas que se han venido sucediendo en el delta son ilegales. El Estado tiene las herramientas para poder ir contra los responsables, pero bueno, esa es una decisión de de voluntad política lo que tiene que haber", aseveró el abogado, que entiende que la discusión Nación-Provincia se reduce a "chicanas" y "no aborda el problema de fondo".
"La realidad es que la coordinación entre las provincias y la Nación debiera ser en el ámbito del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS) que existe hace muchos años y fue consecuencia de las quemas del 2008. Entonces ya tenemos las herramientas propicias para poder coordinar interjurisdiccionalmente lo que se haga sobre este territorio, que realmente es difícil de acceder por sus cualidades especiales pero que, además, ir apagando los incendios, que atrás vienen y los prenden de nuevo, es una locura. Lo que se debiera hacerse es ordenar estos territorios y definir de qué manera tiene que establecerse la producción", reclamó
Conflicto de intereses
"No puede haber una producción sustentable si necesita arrasar un ecosistema entero para poder existir. Entonces lo que se tiene que hacer es adecuar la producción al ecosistema, no, a la inversa, del ecosistema a la producción" (Enzo Culasso, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas)
La denuncia de las organizaciones busca llamar la atención, entre otros aspectos, sobre el contraste entre los intereses de una minoría de productores –ganaderos en este caso– y la gran mayoría de la población: a corto plazo por las consecuencias inmnediatas de las quemas (problemas respiratorios, accidentes viales, entre otras) y los efectos a mediano y largo plazo de la destrucción de la flora y fauna de los ecosistemas.
"No puede haber una producción sustentable si necesita arrasar un ecosistema entero para poder existir. Entonces lo que se tiene que hacer es adecuar la producción al ecosistema, no, a la inversa del ecosistema a la producción", sostuvo Culasso.
Y en ese sentido, aún con la Ley de Humedales pendiente, reitera que hay mecanismos y evidencia para que el Estado realice controles y acciones de prevención más efectivos que lo hecho hasta el momento. "Desde la ciudadanía ya tenemos determinados que en los mismos lugares donde se viene prendiendo fuego desde 2020, desde antes había explotaciones ganaderas que están registradas en SENASA. Entonces sólo es cuestión de usar datos de los satélites que registran esos focos de incendio, de los faros de conservación que instaló el Ministerio de Ambiente de la Nación y saber adónde están los las explotaciones ganaderas. Si hay una explotación ganadera que tiene un titular y en ese sitio se prendió fuego, el responsable está a la vista", señaló.
"Quienes están gobernando no han todavía entendido en qué situación global nos encontramos. El cambio climático nos pone en una situación donde conservar ecosistemas como los humedales, que son uno de los últimos sitios que quedan de biodiversidad, es clave".
Por otro lado, la Ley Nacional de Manejo del Fuego, con la modificación que se introdujo en el año 2020, en plena pandemia, prevé límites al dominio: el propietario de un terreno que fue quemado, durante 70 años no podrá cambiar el destino de ese terreno. De este modo, un área natural protegida no podrá convertirse en emprendimiento inmobiliario.
Son herramientas que ya están al alcance de la mano –así como la Ley provincial de Bosque Nativo– pero la situación sigue fuera de control. "Lo que entendemos es que quienes están gobernando no han todavía entendido en qué situación global nos encontramos. El cambio climático nos pone en una situación donde conservar ecosistemas como los humedales, que son uno de los últimos sitios que quedan de biodiversidad, es clave", expresó el integrante de la multisectorial.
Por eso, el reclamo es que el Estado entrerriano "ejerza la jurisdicción sobre este territorio del Delta y controle lo que ahí se hace, que promueva que las áreas naturales protegidas que ya están declaradas realmente se cristalicen en el territorio, que las tierras públicas de Entre Ríos estén a servicio de la población y no de algunos productores".
Publicado en Río Bravo el 30 de septiembre de 2022