La decisión del gobierno nacional, publicada el miércoles 30 de diciembre por el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, de suspender temporariamente la exportación de maíz hasta el 1 de marzo de 2021, puso los pelos de punta a la dirigencia de las entidades que componen la Mesa de Enlace.

Según expresaba el comunicado oficial de dicho ministerio, la medida tenía como objetivo el de “asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima” para el alimento de sus animales y cuyo costo es significativo para esa producción. La medida respondía al desabastecimiento real que hacía ya algunas semanas venía afectando a los pequeños productores del campo.

Sin embargo, frente a esta situación, la oposición al gobierno nacional, a través de la Mesa de Enlace, llamó a un lockout agroexportador, un cese de comercialización de granos, que afectaría directamente el comercio exterior, impactando sobre ele l ingreso de divisas en plena pandemia y crisis. En perspectiva a la suba del precio del maíz y la cosecha récord, las patronales agroexportadoras veían, en la restricción impuesta, la pérdida de la oportunidad de buenos negocios y una merma en sus ganancias.

Este lunes habrá concentraciones, acampes y asambleas a la vera de las rutas (una de ellas en la localidad de Crespo) y aunque los organizadores de las protestas pretenden “que la población entienda el motivo del reclamo” pareciera no haber reparo en el impacto que el desabastecimiento del mercado interno genera sobre el el precio de los alimentos que consume esa población.

Por su parte, las distintas organizaciones de los sectores de la pequeña producción campesina, sostenían que la iniciativa del gobierno nacional era sensata y favorable porque ponía un freno al desabastecimiento provocado la exportación, al mismo tiempo que exigía al gobierno nacional más compromiso con el sector. Agrupamientos como la Federación Nacional Campesina (FNC), la Rama Agraria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP Agraria) y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), coincidían en que “el maíz es fundamental para alimentar a los pollos, cerdos y vacas, así como para producir huevos y leche”.

Más allá del enfrentamiento, es importante resaltar los temas de fondo que gravitan en torno al campo y la producción. En este sentido, es de mayor importancia que el Estado nacional intervenga a favor del desarrollo de la agricultura familiar y la pequeña producción, no sólo porque el destino de estos productos es el mercado interno, sino porque además fortalece la soberanía alimentaria.

La pequeña producción y la agricultura familiar

En diálogo con Río Bravo sobre la coyuntura del conflicto agropecuario, el ingeniero agrónomo Pablo Benetti, dirigente en nuestra provincia de la Federación Nacional Campesina, aclaró que “la gran mayoría de los pequeños productores no produce maíz para exportar, sino para autoconsumo, para el insumo de sus propios animales” y que “son los medianos y grandes productores los que producen para exportar y para el acopio de las grandes empresas como Nidera y Cargil, para el venta al mercado exterior”.

Para el dirigente agrario, en cuanto al argumento esgrimido por la Mesa de Enlace de que la medida del gobierno golpea a “todos” los productores, porque restringe la venta en momentos del incremento de los precios internacionales del grano, se trata sólo del problema de un pequeño grupo “que puede guardar, porque la mayoría de los productores ya vendieron el maíz cosechado en marzo; las cuatro o cinco millones de toneladas que quedan es de los grandes productores y acopiadores que tienen espalda”.

Uno de los problemas que surgió a raíz del cese de la comercialización del maíz fue la determinación del precio que impone la capacidad de acopio: el pequeño productor, al no poder acopiar debe comprar a precios internacionales los insumos para sus productos, duplicando así sus costos. Benetti sostiene que “el productor que compra una bolsa de maíz para alimento de sus animales, lo paga dos o tres veces más que el precio internacional. Porque ese pequeño productor que tiene algunas ovejas y gallinas y que no puede comprar un silo para una tonelada de maíz, tiene que comprar a un revendedor que compra el grano al precio de pizarra de Rosario, que es más o menos el precio internacional”.

Otra cuestión también relevante, es el de la producción de los alimentos para la población. Uno de los argumentos del gobierno respecto a la medida tomada, fue el de evitar el aumento de los precios de los alimentos por el aumento de los precios internacionales de los granos. Una consecuencia inevitable del modelo agroexportador argentino, a la vez que perjudicial para el pueblo y la soberanía alimentaria. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Para quién? ¿Dónde producir?, son preguntas claves que no deben depender de intereses privados y externos. Sabido es que, como sostiene Benetti, “la agricultura familiar aporta entre el 60 y 80% de los alimentos de la mesa familiar”. Sin embargo y a pesar de su importancia, es poca la ayuda del estado que reciben los pequeños productores para la mejora de su producción. Con escaso asesoramiento técnico y con viejas tecnologías, el de la agricultura familiar es un sector escasamente valorado en la economía nacional y a menudo poco considerado en las políticas vinculadas con la producción de alimentos.

El curioso comportamiento de FAA

Pablo Benetti también se refirió al “llamativo comportamiento de la Federación Agraria Argentina (FAA)”. Esta entidad, que agrupa a los pequeños y medianos productores y que posee un riquísimo historial de enfrentamiento con los terratenientes y latifundistas de la Sociedad Rural, se había sumado al lockout patronal, generando disenso en sus bases. “Los grandes acopiadores no son los pequeños y medianos productores, por eso no se entiende que Federación Agraria vaya al paro; es inentendible desde el punto de vista del productor”, afirmó Benetti.

Entre los disidentes de la FAA se encuentra el distrito 6 del sur de Santa Fe.

Aunque hoy sin protagonismo en la actividad gremial pero sin dejar de ser un referente importante del sector, Eduardo Buzzi (expresidente de FAA) consideró que la protesta de la Mesa de Enlace es “más política que sectorial”, evaluó que “el gobierno está tomando una medida precautoria hasta que venga la cosecha de maíz en marzo” y se preguntó: “¿El dirigente agropecuario es dirigente agropecuario o es vocero de los más enojado? La soja pasa los 500 dólares después de muchos años y los productores agropecuarios celebran eso con un paro. Deberían agotarse las instancias de diálogo, con un gobierno que te pone los ministros de puertas abiertas”, expresó.

Tampoco aprobó el paro agropecuario la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), integrante de la Mesa de Enlace pero con una postura al respecto más dialoguista.

Publicado en Río Bravo el 10 de enero de 2021