Diputados discute y vota hoy el Proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en una sesión maratónica que comenzó por la mañana y que continuará durante la madrugada del día siguiente. Muchas localidades se suman a la vigilia para esperar la votación. En la Argentina este es un tema que divide aguas en todos los sectores. Sucede que nos encontramos caminando de la mano con muchísimas compañeras y compañeros en distintos temas, que incluso en otro momento también eran tabú y naturalizados como la violencia de género, pero cuando se plantea la IVE, la cuestión nos divide. En el lapso de dos años ha habido avances, se ha debatido y fundamentalmente se han logrado acuerdos para convivir en distintos espacios sin que este sea un tema que nos fracture. Pudimos seguir caminando juntas/os.
El 10 de diciembre quedará para siempre en la memoria colectiva de las mujeres como un día más donde tocamos un poquito el cielo con las manos. Hace largos años venimos insistiendo desde distintas organizaciones, y en particular desde la Campaña por el Derecho al aborto Legal, Seguro y Gratuito, en la necesidad de que esta práctica que existe y se realiza muchas veces de modo clandestino (seguro o inseguro), sea regulada desde el Estado como un ejercicio más de salud pública. Ocho proyectos después, acá nos encontramos otra vez con las expectativas más despiertas que nunca, porque el dictamen del despacho de comisiones arroja números por encima a favor de su aprobación: 77 a favor, 30 rechazos y 4 abstenciones. Las posibilidades de la media sanción están a la vuelta de la esquina.
Una lucha histórica e integral
La lucha por la legalización del aborto tiene larga data y es un triunfo de caminar las calles, lugares de trabajo y estudio, de movilizar a miles. Primero hay que decir que este reclamo que sostenemos como una deuda de la democracia está compuesto por la triple consigna: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es un plan integral para prevenir los embarazos no deseados. Y este reclamo tiene su base concreta, cruda y real.
Si bien en Entre Ríos existe la adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, al que pueden acceder de forma legal, segura y gratuita, mujeres de los sectores populares, es un área que está solapada y a la cual no llegan todas las mujeres de los barrios y el interior de la provincia, que en muchos casos recurren igual a interrumpir sus embarazos, y son las que se mueren desangradas o con severas infecciones después de practicarlo. El aborto existe desde tiempos inmemoriales, y desde que es un negocio para algunos sectores médicos, se realiza de modo clandestino en clínicas privadas para quienes tienen con qué pagarlo. Lo hacen sin que nadie sepa, y al resto sólo le quedaba el perejil, las perchas y las agujas de tejer.
Hay otros números, igual de duros, cuando hablamos de niñas. En estos casos en incorrecto hablar de “embarazos no deseados” sin nombrar que cuando se trata de niñas son producto de abusos. Es decir, son embarazos a causas de violaciones. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en su material de difusión “Estadísticas Vitales. Información Básica” Argentina 2018, afirma que 2.350 niñas y adolescentes (de edades entre 10 y 14 años) tuvieron un hijo durante ese año. En el mismo informe se manifiesta que hubo 257 muertes de mujeres embarazadas por distintas causas, y de ese total 35 corresponden a “embarazos que terminaron en abortos” (13,6%). De la cantidad de abortos clandestinos seguros e inseguros que no terminan en muerte, claramente, no existen estadísticas.
Por tanto ésta es la base de la justificación de por qué es el Estado el que debe regular y garantizar este plan como derecho: para decidir, para no abortar, y en caso que debamos acceder a un aborto, no morir en el intento.
Lo que se vota en Cámara de Diputados y que luego deberá ser aprobado en Cámara de Senadores es un Proyecto que implica un gran avance para las mujeres de los sectores populares, porque entre otras cosas, todas tienen derecho a decidir y acceder a una IVE hasta la semana catorce de gestación inclusive, y luego de la 14, por causales como enfermedades de la persona gestante, entre otras. Esto debe garantizarse dentro de los 10 días desde el requerimiento. En caso de violación a niñas y adolescentes se garantizan todos sus derechos de privacidad, sin dilataciones de tiempos. En lo que respecta a la objeción de conciencia (uno de los puntos más debatidos del proyecto), los profesionales que aleguen la misma deberán derivar de buena fe a otro profesional que sí garantice el derecho, no puede negarse en ámbito público y realizarlo en privado, no puede negarse en caso de que corra peligro la vida de la mujer que está gestando, ni negarse a la atención post aborto. Cualquier irregularidad en lo que a estos puntos anteriores refiere dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda. Respecto de las instituciones de salud privadas que aleguen “objeción de conciencia”, se deberán establecer previamente convenios con otras entidades que sí lo garanticen para realizar derivaciones.
Como en todas las demás conquistas, deberemos estar peleando de modo cotidiano para que se garantice. Las leyes son un marco importante para el cumplimiento de nuestros derechos, y la pelea que libramos las mujeres organizadas es el combustible antes, durante y después. Hoy seremos miles en distintos lugares siguiendo el debate y la votación. Calentamos motores y nos preparamos para el debate en Senadores, que se plantea antes de fin de año. Siempre las causas justas y la lucha colectiva tiene buenos resultados. En el camino quedaron algunas pioneras que sostuvieron los trapos en tiempos adversos: en Clelia Íscaro las nombro a ellas. ¡Qué lindo lo que sembraron! Por todas la pibas. Por todas nosotras. Que sea ley.
* Daniela Vera es docente, integrante de la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas, coordinadora de Promotoras de derechos CAAC José Daniel Rodríguez.
Publicado en Río Bravo el 10 de diciembre de 2020.