Detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario corrupto

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos desmintió a Bergman.

Ante la pregunta por parte de la prensa en febrero del 2019, al por entonces Secretario de Ambiente de la Nación Sergio Alejandro Bergman sobre las denuncias acerca de la ilegalidad de la industria de una fundación del que fue director ejecutivo, el funcionario intentó eludir la responsabilidad y desacreditar la denuncia argumentando que era “una actividad más política partidaria de un militante aislado, financiada por un partido político”, que había que preguntarle al pueblo y a la gente.

Pero adonde dirigimos reiteradamente nuestras preguntas fue a la secretaría de Ambiente de la Provincia, que en el 2016 ya había constatado que estaba funcionando ilegalmente.
Además, esta semana pasada nos notificaron que el 27 de mayo, la secretaría de Ambiente, a través del área de industrias, en la primera inspección a cargo del Coordinador de Fiscalización toma la determinación de: “en los términos del art. 67, Cap, 11 del Decreto 4977/09, aplicando la suspensión de toda obra y/o construcción y/o actividad, en el emprendimiento Fundación Raíces Emprendimientos Productivos.”

No mentíamos, a pesar de las declaraciones (y acusaciones) de Bergman.

Pasaron cuatro años antes de que suspendan la actividad ¿Qué se hizo todo este tiempo que no se cumplió con la legislación?

Siguen vulnerando los derechos de los trabajadores, y con ello incumplen con el objeto de "promover y desarrollar planes de asistencia social para la creación de fuentes de trabajo y acciones que apunten a mejorar la calidad de vida", etc etc. Ya tienen antecedentes de haber mentido en la Memoria Descriptiva según lo estipulado en el decreto que regula la Ley de Industrias 6260 ¿Por qué no describe la cantidad total del personal que allí trabaja? En qué condiciones trabajan? ¿O los volúmenes de la producción?

Desde el principio estuvimos defendiendo los derechos laborales, yendo a cada una de las dependencias encargadas de defender al trabajador, denunciando estos atropellos y poniéndonos a disposición. Sin embargo, lo que llega a esta asamblea son las presiones de que los trabajadores deberían renunciar debido a la suspensión de actividades y a los cambios en los manejos de dicha industria. Una vez más, el poder enfrentando a trabajadores contra trabajadores, evitando que puedan ver el verdadero adversario.

Es por esto que recordamos los artículos 28 y 29 del capítulo 5, cambios y modificaciones de dicho decreto, así como el Artículo 3°: "Todos los datos consignados en la documentación que la Autoridad de Aplicación requiera con motivo del cumplimiento de la presente norma tienen el carácter de Declaración Jurada; en caso de
constatarse el falseamiento, ocultamiento o manipulación de datos, los firmantes se harán pasibles de las sanciones penales, civiles o administrativas que correspondan".

Con solo estos interrogantes podríamos entender por qué el año pasado cuando Bergman entregó los certificados ambientales en Entre Ríos junto al gobernador Bordet, no pudo hacerlo con la industria que –él mismo había declarado– era modelo según el Inta.

No obstante, han sido varios logros en todo este tiempo, como el que dejaran de tirar suero en el arroyo, que pusieran a algunos de sus trabajadores en blanco o que por nuestras denuncias los trabajadores pudieran posicionarse de otra manera en el momento de reclamar sus salarios.
Por ello sabemos que esta lucha no es en vano y que será mucho más fructífera con el aporte de cada persona que se va sumando con inquietudes y propuestas.

Publicado en Río Bravo el 6 de julio de 2020.