Días atrás, se presentó en el Senado de la Nación el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional para el nuevo Código Penal, con el que busca reemplazar el antiguo sistema y cambiar las figuras penales vigentes.
Entre otras reacciones, la iniciativa del Gobierno generó el rechazo y dio lugar a advertencias por parte del fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez, especialista en delitos ambientales, que sostuvo que con el nuevo código "todas las causas penales ambientales que hoy están vigentes se tienen que archivar porque, en sus puntos más importantes, deroga la Ley 24.051 y esa derogación es retroactiva". Es decir, implica una amnistía a todas las empresas y funcionarios procesados y/o condenados por delitos ambientales.

Además del perdón de los delitos ya cometidos y juzgados o en proceso, una de las claves se encuentra en el artículo 444 de reforma del Código Penal, que establece que para que exista un delito de contaminación ambiental se tiene que haber producido un daño grave al ambiente y/o a la salud humana. Es decir, se eliminan los principios precautorios o preventivos, y para que se inicie una causa penal el daño tiene que haberse concretado.

Para graficar la situación, Gómez afirmó que en todo el país superan las 100 causas e incluyen, por ejemplo, el procesamiento de los directivos de minera La Alumbrera, la sentencia de condena por fumigaciones con glifosato en Barrio Ituzaingó en Córdoba, los procesamientos de los funcionarios y empresarios de Barrick Gold por la contaminación del Río Jáchal, los casos de contaminación de la cuenca del río Matanza-Riachuelo, los derrames de petróleo en Vaca Muerta y en Comodoro Rivadavia o los delitos ambientales que se están cometiendo sobre el río Paraná. "Todas esas causas van a parar al tacho de basura. Esto es muy grave", denunció el fiscal y pidió: "que no se derogue la Ley 24.051 y que no se modifique el actual sistema de delitos ambientales".

Bergman a la cabeza
Lo llamativo -no por sus antecedentes sino por el cargo que ocupa- es que entre los autores y principales impulsores de la iniciativa se encuentra el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, quien -se supone- es principal responsable de la prevención, control y sanción de los daños contra el medioambiente.