Finalmente, el ex jardinero K, multimillonario y funcionario del gobierno entrerriano, Ricardo Fabián Barreiro, fue procesado por falsificar un documento para ocultar que tenía un cargo en un área que depende del Ministerio de Cultura y Comunicación y así presentarse a una licitación. 

En rigor fue procesado por el delito de falsificación ideológica de documento público, que prevé una pena de entre uno y seis años de prisión.

Procesado

El periodista Juan Cruz Varela, de Página Judicial, dio a conocer este jueves el procesamiento del ex jardinero K dictado por el juez de Instrucción Número 7 de Paraná, Humberto Franchi. El juez entrerriano también pidió al fiscal Francisco Ramírez Montrull, que investigue si Barreiro no incurrió también en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Y es que para el juez, el ex jardinero de los Kirchner aceptó un cargo y se habría servido de su función para acceder a información de licitaciones que iba a llevar a cabo el Ministerio de Turismo, que dirige Hugo Marsó. Y así sucedió. Su empresa RP Transportes SA, fue la única que se presentó a la licitación para llevar a Tecnopolis a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas.

A pesar de que fue la única empresa que se presentó, el 27 de mayo de 2013, Marsó declaró: “El gobierno de Entre Ríos contrató a la empresa de transporte más económica que se presentó a la licitación para trasladar alumnos y ahorró 400 mil pesos”.

Cabe señalar que la empresa de Barreiro aparece en el Registro de Proveedores (con el número 4711 en la lista), y cualquier ciudadano puede verificarlo ingresando a la página web de esta área.

Un rol poco claro

Desde 2013, cuando RÍO BRAVO (ver fotomontaje explicativo) reveló que Barreiro ostentaba un cargo en el gobierno provincial hasta la fecha, se desconoce qué función cumplió.

Y es que figuró como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (CEICER) –que dirige Sebastián Lorenzo-, designado por decreto por el gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez, pero aún así nunca se presentó a trabajar en el área.

Luego se conocería que el funcionario le cobró al Estado provincial en diciembre 2012, 220 mil pesos por un servicio de transporte de su empresa. A raíz de ello el abogado Guillermo Mulet lo denunció en mayo de 2013 y la justicia comenzó a investigar.

Ante el juez, Lorenzo dio algunas “precisiones” sobre el rol del multimillonario funcionario: se encargaba de “dar una mano con gestiones en Buenos Aires” y “traer papeles y llevar” (sic). Todo eso a pesar de que el procesado vivía en El Calafate, Santa Cruz.

Los abogados Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, que representan a Barreiro, apelaron la medida y solicitaron que la Cámara del Crimen de Paraná revise el procesamiento.

Los testigos de Barreiro

En junio de este año, Barreiro declaró como imputado y negó haber sido contratado como asesor cultural. Aquella vez, sus abogados citaron como testigos a los ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó. Ambos lo hicieron por escrito y dejaron dudas.
Dijeron no estar enterados que Barreiro era proveedor del Estado cuando fue designado asesor cultural.

Complicidad con funcionarios

En la entrevista al fiscal Montrull, publicada por RÍO BRAVO en marzo de este año, nos preguntábamos. “¿Hubo connivencia con el poder político de Entre Ríos? Esa es otra de las preguntas que puede emerger, en un futuro no lejano, si la causa judicial contra Barreiro avanza en la pesquisa para desmarañar la trama que habría llevado al ex jardinero de los Kirchner y funcionario provincial a mentir en una declaración jurada para así dar un servicio al Estado –que dio- con su empresa de transporte”.

Las mismas dudas tuvo el juez que dictó el procesamiento de Barreiro: “no resulta absurdo ni aventurado suponer que debido a la gran confianza y amistad que entabló (Barreiro) con –Sebastián- Lorenzo en Buenos Aires, que por las cuestiones propias del cargo de coordinador de Relaciones Institucionales, la buena relación con los ministros Marsó y Báez e incluso con el gobernador Sergio Urribarri fueron las fuentes que lo anoticiaron de la pertinente licitación”.

Así las cosas, ahora el fiscal Montrull investigará si el ex jardinero del Poder no incurrió en negociaciones incompatibles con la función pública, por su doble rol de funcionario y proveedor del Estado.

“No dejamos de ver la posibilidad de que haya sido direccionada esta licitación”, aseguró meses atrás el fiscal.

Publicado por Río Bravo el 16 de agosto de 2014.