Según denuncian desde el sindicato, en horas de esta mañana, “los empleados de SA Entre Ríos (SAER) editora de El Diario de Paraná, fueron citados por la gerencia de la empresa a comunicarles novedades”. Relatan que la citación generó gran expectativa, puesto que “la firma que se encuentra en concurso de acreedores desde 2018, luego de haber echado sin indemnización a más de 80 trabajadores y trabajadoras de prensa, no levanta cabeza”.
En la reunión, los trabajadores y trabajadoras se encontraron con una invitación a que 15 de ellos, mencionados con nombre y apellido “firmen la conformidad para un retiro voluntario, a cambio del pago del 50% de lo que les corresponde como indemnización, pagaderos en cinco días”. El abogado de la empresa, Alexis Weitemeir y el apoderado, Pablo Eduardo Arino, fueron los encargados de comunicarles la decisión de la empresa, informando a la vez que no había otra opción a esta salida y no respondieron las dudas y consultas de los empleados, según cuenta la nota difundida por la organización sindical.
La reunión se agravó. Relatan en el comunicado que “ante la negativa de firmar un papel trucho que convalide este atropello, Weitemeier y Arino dejaron los buenos modos y pasaron a directamente a decir que esos 15 retiros voluntarios eran 15 despidos sin causas”, por lo cual intervino un escribano “para convalidar las actas de despidos que nadie convino a firmar”.
En su comunicado, el Setpyc recuerda que hace unos cinco años, “más de 80 periodistas, gráficos y administrativos también vivieron la misma situación, sin que hasta ahora hayan recibido su debida indemnización y amparo de las leyes laborales vigentes”. Apuntan al sistema de justicia que “sólo protege a los empresarios que saquean empresas a costa de los laburantes y sin el castigo de la Ley”.
Desde el sindicato señalan al empresario rosarino Ramiro Nieto, de NEA Capital Creativo SA, propietaria de 66% de la empresa; mientras el restante 33% pertenece a la familia integrada por “Leonor Barbero Marcial y sus hijos Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere”. A los nombrados califican como “responsables impunes desde haber despedido hace cinco años a más de 80 trabajadores sin compensación alguna que hoy reinciden”.
En representación de los trabajadores, el Setpyc exige una reparación a los “daños económicos” producidos por la empresa a los trabajadores y trabajadoras despedidos y sus familias.
“Sin Justicia no habrá paz en nuestro país” aseguran en el comunicado y anuncian que ante la falta de derechos, “no descansaremos en reclamar lo que es un bien común, de todas y todos los habitantes de este país que quieren vivir en acuerdo y libertad”. Al mismo tiempo, no dejarán de señalar “a quienes hoy son los responsables y les toca el papel de administrar justicia, porque esa es la carga pública a la que se han comprometido llevar”.