Río Bravo

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El Gobierno provincial propuso a los docentes una recomposición del 22% para los docentes que cobran el mínimo, llegando a $402.000 y una suba por encima del 18% a los trabajadores con hasta 19 años de antigüedad.. Además, el Ejecutivo se comprometió a hacerse cargo de los fondos eliminados por Milei y a actualizar el código por traslado.

No hubo acuerdo entre las partes tras no haber una mejora salarial desde el Ejecutivo provincial. La inflación se sigue comiendo el sueldo. La provincia hace números técnicos con el ajuste de Nación, pero los gremios piden enfrentar con contundencia. AGMER va al paro este jueves y viernes.

ATE y UPCN acordaron con el Gobierno provincial un incremento salarial del 18% y un mínimo garantizado de $393.000 desde marzo. Además, los contratos de obra pasan de $200.000 a $300.000.

Desde los rectores hasta los trabajadores, la denuncia del ahogamiento presupuestario a las universidades nacionales es unánime. El lunes 26 de febrero sindicatos de docentes universitarios realizarán un paro nacional. En Paraná confluyen con Agmer en la movilización a Casa de Gobierno en el marco del paro nacional convocado por CTERA.

Rogelio Frigerio anunció que presentará el proyecto de Ley de Emergencia Alimentaria. La situación económica lo amerita, en un contexto de conflicto creciente debido a las políticas económicas libertarias de la nación. La Mesa Contra el Hambre ya está presente y fortalece su unidad frente al ajuste.

En el Arzobispado de Paraná, con la confluencia de actores sociales, sindicales, políticos y comunitarios, tuvo lugar una nueva reunión de la Mesa contra el Hambre. Convocan a Jornada de Ollas Solidarias y piden que se declare la emergencia alimentaria en todos los niveles del Estado.

Equipos de aire acondicionado, pañales, café, cítricos, champú, combustibles, dentífricos, refrescos, antibióticos y detergentes, entre los productos que más se encarecieron en diciembre y enero. Devaluación, desregulación, concentración de mercados e inflación reprimida, entre las razones.

Diversas organizaciones sociales, políticas, religiosas y sindicales, firmaron un documento titulado “El hambre no puede esperar”. Reclaman la declaración de la emergencia alimentaria en todos los niveles del Estado.

El Ministerio de Seguridad tiene 72 horas para presentar un informe ante la Justicia. El juez Sebastián Casanello le solicitó a la ministra de Seguridad un informe pormenorizado que explique con qué fundamentos jurídicos se elaboró el protocolo antipiquetes. Mientras, Bullrich lanzó una nueva ofensiva para que las organizaciones políticas y sociales paguen los operativos

“Los representantes provinciales tienen la responsabilidad histórica e institucional de demostrarle a la población que no ceden ante el lobby minero”, dijeron. En Diputados, señalan al gobernador de San Juan como uno de los “lobbistas”.