La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) señaló, tras una reunión con el ministro de Producción, Matías Kulfas, que las pymes pueden ser "socios del Gobierno en esta cruzada para contener los aumentos de precios en el mercado interno”. En este marco la entidad planteó la necesidad de poner topes a los insumos difundidos, productos clave en la mayor parte de la industria y determinantes en la formación de precios.

Desde la central convocan a una charla donde se analizará la Resolución 1050/2021 de la secretaría de Comercio Interior que congela los precios de 1432 productos hasta el 7 de enero. Advierten que hay "un alza injustificada de la canasta familiar" y ponen en discusión el rol del Estado, la sociedad y sus organizaciones "para poner un límite a la voracidad despiadada de los monopolios y oligopolios de la industria alimenticia".

Con ejes que hoy están en el centro de la política nacional como el control de precios, con propuestas y demandas dirigidas al Gobierno entrerriano sobre ese punto y otros como el papel de la Provincia en torno a la hidrovía y definiciones sobre las regalías de Salto Grande, entre otros aspectos, la Corriente Político Sindical Entrerriana impulsa un programa para que la central obrera tenga "la fortaleza necesaria para defender los intereses de la nación que son los del pueblo trabajador en Argentina".

El Gobierno nacional ya recibió a la Mesa de Enlace, las centrales sindicales y las grandes empresas con miras a un acuerdo para contener el proceso inflacionario. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) pidieron que se convoque a las micro, pequeñas y medianas empresas e hicieron énfasis en la necesidad de que los salarios estén por encima de la inflación. En defensa de la convocatoria que reclaman argumentaron que representan “más del 90% de las existentes” y “a diferencia de las empresas concentradas corren la misma suerte que los trabajadores en los procesos de incrementos desproporcionados y arbitrarios”.

Veinte asociaciones de consumidores entre las que se encuentra la Asociación de Consumidores Entrerrianos (ADECEN) emitieron un documento, alertados “ante el estupor de los consumidores por la forma artera de violentar sus derechos y la estafa constante que significa a su patrimonio ante la escalada de precios de los alimentos y productos de primera necesidad”. Destacaron las medidas de los gobiernos nacional, provincial y municipales pero a la vez exigieron que se aplique la legislación vigente para controlar y sancionar a quienes aprovechan la situación para obtener rédito en medio de la pandemia.

Para dar un ejemplo concreto y cercano, un cajón de naranja de 18 kilos, de planta (sin proceso de cámara), proveniente de la zona citrícola de la provincia (departamentos Concordia y Federación) llega a los mercados locales a un promedio de entre 230 y 300 pesos, según la calidad de la fruta, de acuerdo a los datos proporcionados a Río Bravo desde una empacadora cercana a Chajarí. Esto significa que la naranja llega a Paraná a un precio de entre 13 y 16 pesos el kilo, sin contar la ganancia de las verdulerías y otros comercios que venden a consumidor final. El precio final de la naranja en la ciudad de Paraná oscila entre 40 y 50 pesos el kilo (antes de la cuarentena no superaba los 25 o 30 pesos): esto significa un margen que va de 150 al 285 por ciento, cuando lo habitual es que la diferencia entre precio de los mercados concentradores y la venta al consumidor, incluyendo los costos y la ganancia del vendedor, sea del 100 por ciento. Es decir la naranja no debería venderse mucho más allá de 30 o 32 pesos por kilo.

El caso de la naranja es sólo un pequeño ejemplo, cercano a la realidad de los consumidores entrerrianos, aunque hay casos en los que el abuso es mucho mayor, como sucede con el alcohol en gel que llega a venderse a 800 o 900 pesos por litro o la decisión de empresas que retienen algunos de los productos de mayor demanda, con fines claramente especulativos.

Es en ese marco que veinte organizaciones de defensa de consumidores emitieron una declaración en la que, además de evaluar el panorama, exigen medidas para controlar y sancionar a quienes buscan obtener beneficio en medio de una crisis sanitaria.

Por un lado, destacaron “la importancia de las medidas económicas que están llevando a cabo los gobiernos nacionales, provinciales y municipales” y expresaron su agradecimiento “a todos aquellos que siguen trabajando en forma responsable y solidaria para que todo el pueblo pueda alimentarse en esta época tan difícil de la cuarentena sanitaria y el aislamiento social”.

Sin embargo, lamentaron que “los esfuerzos del Gobierno nacional y de la gente no se ve correspondido por algunos comerciantes, industriales y productores, que pretenden continuar con las 'avivadas', cobrando los alimentos al precio que se les ocurre sin respetar los precios máximos y afectando seriamente los ingresos de la comunidad con los abusivos precios de carnes, verduras y frutas, medicamentos, etc”.

Frente a este panorama, exigieron a las autoridades hacer uso de la legislación vigente y propusieron una serie de puntos destinados a garantizar precios justos y el abastecimiento:

- La aplicación estricta en todo el país, de las normas dictadas en defensa de los consumidores que se encuentran actualmente vigentes: Ley de Defensa del Consumidor, de Lealtad comercial y defensa de la competencia, de Regulación de relaciones de producción y consumo, Observatorio de precios y toda otra norma nacional o provincial, aplicable a la materia

- La inmediata aplicación de las figuras penales por los fiscales en turno, atento ser acciones públicas (conf. Art. 173 inc. 1° y 300 y siguientes del Código Penal de la Nación).

- La inmediata aplicación en forma más generalizada del poder de policía de abastecimiento y las respectivas legislaciones provinciales, incluyendo la sumaria clausura de hipermercados supermercados y comercios con la distribucion de los alimentos de los que violenten las normas en cuestión.

Asimismo, instaron a los consumidores a denunciar ante los organismos correspondientes cualquier situación de incumplimiento de los precios maximos, ocultamiento de mercaderias y desabastecimiento, y a hacer público el nombre de los proveedores que violentan las normas del estado de emergencia por su violenta accion de abuso y estafa al consumidor.

Publicado en Río Bravo el 3 de abril de 2020