La votación del aporte solidario en Diputados –que gravará en forma extraordinaria a los patrimonios de más de 200 millones de pesos– no arrojó sorpresas por el lado de los legisladores entrerrianos. Los cuatro representantes del Frente de Todos votaron a favor y los cinco integrantes de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa. Mientras los opositores pronosticaron una caída de las inversiones, desde el oficialismo hicieron hincapié en el carácter extraordinario y la necesidad que impone el contexto de pandemia.
Frente a la pandemia por Coronavirus, ¿no existe otra opción que elegir entre sacrificar vidas o hundir la economía? ¿Hay alternativas superadoras? ¿Por qué el impuesto a las riquezas podría ser una herramienta para cuidar la salud de la población al mismo tiempo que el trabajo, la producción y el poder adquisitivo de los argentinos? ¿Quiénes se oponen y por qué? Algunos de esos interrogantes tuvieron respuesta en el conversatorio virtual organizado por el Partido del Trabajo y del Pueblo del que participaron Juan Manuel Abal Medina, Alcira Argumedo, Claudio Lozano y Juan Carlos Alderete.
La pandemia de Covid-19 puso en jaque a la economía mundial y en evidencia las propias limitaciones del sistema capitalista -sobre todo desde las concepciones liberales más ortodoxas- para hacer frente a sus crisis. Los países que no quisieron o no llegaron a tomar medidas a tiempo pagaron su acción tardía con vidas y con desastrosas consecuencias económicas que llamativamente se secundarizan. Otros, como la Argentina, definieron la cuarentena con los primeros casos y el nivel de contagio y casos fatales es sensiblemente menor. Sin embargo, las consecuencias negativas desde el punto económico son innegables y emerge una gran discusión sobre cuál es la salida; si no queda otra que elegir entre la salud y la economía o Argentina puede construir un camino propio para preservar la salud de la población sin que se destruya su economía o, a la inversa, preservar su economía sin dejar a sus ciudadanos librados a su suerte. En torno a estos debates giró el conversatorio organizado por PTP sobre el impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, que ya es motivo de polémicas y debates en todo el espectro político, en los medios de comunicación y en parte importante de la sociedad.
Lozano: “El impuesto a las grandes fortunas es indispensable”
El presidente del Banco de la Nación Argentina y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, se refirió al impuesto a las riquezas como “un paso necesario dentro de una estrategia general que obliga a otro conjunto de regulaciones para reorientar el rumbo económico, social y también político de la Argentina”.
Lozano señaló que en el contexto de la pandemia se producen dos fenómenos: “Se suspende el funcionamiento del sistema económico capitalista y se agigantan las desigualdades” y sostuvo que en ese marco “en un país donde tenemos más de la mitad de la población laboral en situación de informalidad, las condiciones de reproducción de la vida sólo se pueden resolver sobre la base de un Estado que intervenga decididamente estableciendo un piso básico de ingresos que permita que nuestra gente se sostenga durante este tiempo”, argumentando sobre uno de los destinos que tendría la creación del impuesto en debate.
En relación con las diferentes objeciones que surgen en torno al tema, algunas apoyadas sobre antiguos lugares comunes como que “Argentina tiene una presión tributaria muy alta”, el economista afirmó que Argentina está por debajo de varios países incluso de América Latina, como Brasil y Uruguay.
El ex diputado nacional hizo referencia a la presión de grandes grupos empresarios, mediante amenazas con despidos, para que se levante la cuarentena, y su resistencia a las medidas como la que fue eje del conversatorio: “Desde la dictadura militar para acá se ha consolidado una lógica en el accionar de los grandes capitales que consiste, sobre todo en la relación con el Estado, en demandar permanentemente subsidios para el desarrollo de sus negocios, en general de alta rentabilidad, pero luego no invierten en relación al excedente que capturan, llevan adelante un proceso permanente y sistemático de fuga de capitales y al mismo tiempo se resisten a pagar impuestos. Al mismo tiempo estos capitales están confrontando con esta idea de un impuesto a las grandes fortunas; piden que se le mejore la oferta a los acreedores; es decir, piden que el Estado gaste más en pago de deuda y al mismo tiempo han demandado que el programa de asistencia al trabajo, que paga el salario e inicialmente era para las pymes, se amplíe a las empresas de casi 800 trabajadores”.
Según Lozano, información mundial da cuenta de que a junio de 2019 había 50 fortunas en la Argentina que sumaban un total de 57.920 billones de dólares y había 114 mil argentinos que tenían más de un millón de dólares de patrimonio neto, es decir todas las riquezas libres de toda deuda.
Sin embargo, en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Argentina, en realidad los que tienen más de un millón de dólares en bienes personales son apenas 32.000. Frente a esto lanzó una pregunta retórica: ¿Por qué esta diferencia? Porque una de las cosas que suelen decir los voceros de la derecha para cuestionar este impuesto es que no se podría recaudar demasiado. Y la verdad que el tema tiene que ver con que lo que llevan adelante estos señores es un proceso permanente de encubrimiento de sus patrimonios y de sus rentas”.
Finalmente, el actual titular del BNA apuntó a la necesidad de “un grado de articulación política y social mucho mayor para poder limitar la capacidad de presión que los sectores de mayor poder económico tienen hoy sobre la gestión del Gobierno nacional”. No obstante insistió con que el impuesto a las fortunas “es absolutamente indispensable; junto con la suspensión de los pagos de deuda pública también y el financiamiento de una renta universal, sería lo que deberíamos garantizar”.
Argumedo: “El coronavirus agravó una crisis que ya se venía produciendo”
La socióloga Alcira Argumedo, ex diputada nacional de Proyecto Sur, consideró que el tema del impuesto a las riquezas será “de sentido común” en muy poco tiempo “porque hasta el Financial Times, un vocero de los grupos financieros, está llamando la atención sobre la necesidad de producir ciertas transformaciones, porque el Coronavirus lo que en realidad hizo fue detonar y agravar una crisis que se venía produciendo”.
En ese sentido, advirtió que “el 1% de la población concentra el 50 por ciento de la riqueza y el 20% de la población mundial tiene el 95,5% de la riqueza, según datos del programa para el desarrollo de las Naciones Unidas y los otros 6.500 millones se reparten el 4,5%, de los cuales 4.500 millones están por debajo de la línea de pobreza. Esto de por sí estaba generando una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, porque ese 20% es un mercado excesivamente chico para el salto cualitivo de productividad que se viene produciendo”.
En ese marco, Argumedo indicó que “la crisis más similar a esta, la de 1930, generó dos grandes alternativas: una fue el New Deal, que fue esta redistribución de la riqueza, aumento de los salarios reales, baja de la jornada laboral; y la otra fue Hitler, que era salir de la crisis a través del incremento de la industria de guerra, con persecución y genocidio de la población indeseable. Verdaderamente, no nos engañemos, estas son las dos grandes alternativas que se están dando en la crisis”.
Por otro lado, seguramente polemizando con el viejo latiguillo liberal de que quien tiene una fortuna es porque se esforzó para que así fuese, la ex legisladora habló de “tres grandes momentos” en la historia Argentina donde se produjo el gran salto de esa acumulación de riquezas: fines del siglo XIX y principios del XX con la apropiación de tierras por parte de grandes familias como los Martínez de Hoz, los Bullrrich, Braun Menéndez, Menéndez Behety, a partir del genocidio perpetrado con la Conquista del Desierto y los beneficios para la producción lanera y ganadera luego de la Primera Guerra Mundial; una segunda etapa desde comienzos de la dictadura hasta fines de los 90, comenzando con la estatización de deudas privadas por 25.000 millones de dólares y una tercera etapa centrada en el período de gestión del expresidente Mauricio Macri, con la entrega por 400 millones de dólares a su amigo Nicolás Caputo (empresario y miembro) de dos usinas termoeléctricas valuadas en 1200 millones o el bono a 100 años al 7,9% anual mientras en Estados Unidos estaba poco más del 1% (siete veces más pero durante 100 años), con el grupo Noctua Partners fundado por Luis Caputo (ex Ministro de Finanzas de la gestión Cambiemos) como uno de los que compraron esos bonos.
Otro negociado “descomunal” mencionado por Argumedo fue la compra de acciones al Estado -del fondo de sustentabilidad de la ANSES- por parte del grupo Pampa Energía, de Joe Lewis y Marcelo Mindlin, a 10 dólares la acción para vender 72 horas después a 18 dólares: un 80 por ciento.
La dirigente de Proyecto Sur se enumeró una serie de indicadores para graficar el panorama económico, social, productivo y energético, entre otros aspectos, que dejaron las políticas de desguace del Estado y desregulación que predominaron desde la dictadura iniciada en 1976: “El nivel de saqueo y destrucción económico y social de la Argentina no lo tuvo ningún país que no haya tenido una guerra en su territorio. Del 74 al 2020 se pasó del 6 al 40 por ciento de pobreza; del 90 y tanto de trabajadores en blanco y con derechos sociales al 46; de un 3% de desocupación al 20%; se destruyó el sistema nacional de ferrocarriles, la flota mercante y fluvial, un sistema educativo público de calidad que había dado dos premios Nobel en ciencia; se pagaron más de 530.000 millones de dólares en concepto de una deuda fraudulenta; perdimos 420.000 millones de dólares más en concepto de renta petrolera y gasífera por la privatización de YPF y 200.000 millones dólares en fletes como consecuencia de haber destruido la flota mercante y fluvial. Por lo tanto la decisión del cobro de un impuesto a las grandes fortunas tiene que ir acompañada de una transparencia profunda, porque siguen estafando, hay que controlar al comercio exterior”. Sobre este último punto aludió al y evasión de las mineras que tributan sobre sus exportaciones sobre la base de declaraciones juradas, omitiendo gran parte de los minerales y metales que extraen de nuestro suelo y se llevan fuera del país. “Si no frenamos estas venas abiertas del saqueo de América Latina no vamos a ningún lado y el primer paso es un impuesto a las grandes fortunas”, concluyó.
Alderete: “Para sostener la cuarentena se necesita plata, ¿de dónde va a salir?”
En coincidencia con Argumedo, el diputado nacional, coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y dirigente del PTP-PCR, Juan Carlos Alderete, expresó que “la emergencia sanitaria desnudó las grandes desigualdades sociales”. Frente a eso, “algunos los gobiernos volcaron millonarios recursos buscando atenuar las consecuencias sociales en sus pueblos, otros los han abandonado a su suerte”. Aunque no hubo alusiones particulares, resulta evidente el caso de Brasil que hoy ya se ubica como el cuarto país con mayor cantidad de infectados a nivel mundial, con 230.000 casos (15.000 en las últimas 24 horas cuando Argentina no llega a 8.000 casos desde que comenzó la cuarentena). “Quedó en evidencia que el actual orden político y económico del mundo no puede dar respuesta a las emergencias económicas y sociales. Frente a este panorama se abre un interrogante: ¿Quiénes pagarán las consecuencias de esta crisis?”, se preguntó el dirigente
Alderete advirtió sobre el ingreso en una fase de contagio donde el virus llegó a las grandes barriadas populares, con una situación muy delicada en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a eso consideró necesario -en oposición a quienes bregan por levantar la cuarentena- “profundizar las medidas sanitarias contra el Coronavirus. Y para sostener la cuarentena, para la ayuda social, económica y para dar la batalla sanitaria que se está desplegando; insumos médicos, respiradores, construcción de hospitales, test, lugares de aislamiento, para todo se necesita plata; ¿de dónde va a salir?”.
Pareciera ser el gran debate que se abre, por lo menos entre quienes sostienen que no se debe aflojar con las medidas de aislamiento social para atenuar la circulación del virus. Esa discusión y la propuesta que se impulsa en el seno del bloque de diputados del Frente de Todos busca abrirse paso entre la herencia de una matriz tributaria profundamente regresiva.
“En Argentina proporcionalmente pagan más impuestos los pobres que los ricos. Esta es una matriz impositiva heredada de la última dictadura. Pero cuando se discute un poquito los intereses de los poderosos algunos se ponen muy nerviosos y eso que estamos hablando de un impuesto por única vez. Hace semanas que estamos discutiendo esta propuesta. Bajarle los salarios a millones de trabajadores el 20, 30 o 40% se resolvió muy rápido. Ahí no hablan de confiscación”, cuestionó el dirigente del PTP-PCR y la CCC.
Entre los detractores de esta iniciativa u otras similares, proliferan cuestionamientos dirigidos a descalificarla como una especie de invento argentino, carente de seriedad y coherencia y hasta con apelativos de corte maccartista. Sin embargo, Alderete recordó que “este es un tipo de impuesto que no sólo se ha usado en distintos momentos en nuestra historia nacional”, como el aplicado en 1815 sobre la elite cuyana para financiar el cruce de Los Andes del Ejército Libertador sino también en otros países de Europa y Asia, como los que impusieron Alemania y Japón para la reconstrucción pos Segunda Guerra Mundial de hasta el 50% y 80%, respectivamente, o los que hoy discuten, en el marco de la pandemia, España (del 1 al 2%), Italia (del 4 al 8%) o Rusia (13%).
“El impuesto extraordinario a las grandes fortunas consistirá en una contribución gradual para fortunas de a partir de 10.000 millones de pesos en una escala que iría del 1 al 5 por ciento, mientras que para los bienes en el exterior serían de entre el 3 y el 15 por ciento”, explicó el legislador de la provincia de Buenos Aires.
Finalmente, planteó que “este es el camino” para superar la crisis, junto a otras medidas como aplazar el pago de los vencimientos de la deuda externa hasta 2024, avanzar “en una YPF enteramente estatal, estratégica para la Argentina y nuestra soberanía energética pero además una medida clave para la recuperación económica que tendremos que afrontar”; mayor intervención estatal sobre el comercio interior y poner límite “a los que amasan ganancias extraordinarias con la especulación y la timba financiera”, con el objetivo de “volcar esos recursos para combatir la pandemia, terminar con el hambre, impulsar el trabajo y la producción nacional y fortalecer el sistema público de salud”.
Abal Medina: “Pandemia de por medio, la reforma tributaria va a ser una obligación”
El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, considerando la parálisis económica generada por la cuarentena, realizó un pormenorizado análisis de la composición de la recaudación impositiva en nuestro país, qué tipo de tributos son los que más fondos aportan hoy al presupuesto nacional y qué sectores son los que sostienen en mayor y en menor medida esos ingresos.
Analizando datos impositivos a nivel nacional de 2020, Abal Medina señaló que “lo que más llama la atención de los impuestos es que casi el 43% de lo que recauda el Estado argentino corresponde a impuesto sobre bienes y servicios, casi la totalidad es el IVA (Impuesto al Valor Agregado), que paga lo mismo el que tiene mucho, el que tiene algo y el que no tiene nada”.
Luego aparecen los aportes y cargas a la seguridad social con el 24% de la recaudación y el impuesto a las Ganancias, del que una parte importante pagan los asalariados, con el 21,6%.
“Finalmente, lo más escandaloso, los bienes personales (0,6%) no llegan al uno por ciento de nuestro sistema tributario. Que este número no llegue al 1% de lo que paga alguien por sus propiedades ya es más que notorio y que esté tan lejos los impuestos sobre las ganancias de lo que se paga por la seguridad social y por los impuestos directos, lo mismo”, advirtió.
Aunque podría pensarse que sería tan sencillo como invertir la ecuación, Abal Medina puso el énfasis sobre el carácter político de esa estructura impositiva: “En general, la dirigencia política asume que no se puede hacer demasiado”. Por ejemplo frente a uno de tantos lugares comunes y latiguillos como aquel esgrimido por analistas, comunicadores, empresarios y dirigentes políticos respecto de que “en Argentina se pagan enormes impuestos, que no se puede tolerar este nivel impositivo”, idea que comienza a flaquear cuando se realiza un análisis comparativo con otros países de Latinoamérica o de Europa.
“En general –evaluó Abal Medina- no se hacen muchas reformas impositivas porque cuando las cosas andan más o menos bien nadie quiere tocarlas. Si la AFIP funcionaba, recaudaba, por qué tocarla -dijo en una suerte de autocrítica sobre las limitaciones del período de gestión kirchnerista- y cuando anda mal es muy poco lo que se puede tocar”. Sin embargo fue tajante dada la coyuntura y evaluó que “pandemia de por medio va a ser una obligación”.
El ex jefe de Gabinete hasta 2011 esbozó algunos de los lineamientos que, según su visión deberían trazarse para un nuevo esquema impositivo: “Tenemos que llevar adelante un conjunto de políticas de reforma tributaria que haga mucho más justo nuestro esquema tributario y la mitad al menos de la recaudación argentina tendría que ser de los impuestos directos. Pasar del 75-25 al 50-50 y esto significa generar un gran consenso, una amplia mayoría política y social que lo sostenga, porque no por casualidad la mayoría de los impuestos argentinos son indirectos. ¿Eso por qué? Porque el impuesto indirecto nadie sabe cuánto paga. Cuando cualquiera de nosotros va a comprar algo a un almacén, ¿cuánto se paga de Ingresos Brutos? No lo sabemos, no tiene costo político subir ese impuesto. Siempre es mucho más fácil subir el impuesto indirecto, el más injusto y el más ineficiente”.
“En cualquier sistema tributario serio del mundo, la base central tiene que ser impuestos directos; que pague cada uno de acuerdo en base a lo que tiene y gana. Avanzar en esa dirección es la tarea central”, dijo Abal Medina, con una aclaración final: “Que lo sectores medios entiendan que esto que estamos haciendo no es quitarle a los que producen sino al revés; una propuesta tributaria mucho más justa donde los que más tienen más paguen pero que también a los que más cumplen mejor les vaya”.
Publicado por Río Bravo el 17 de mayo de 2020.