Los números que muestra el informe del Observatorio Social de la UCA dicen mucho. No sólo nos hablan de los insoportables niveles de pobreza e indigencia existentes, sino también de lo que podría haber ocurrido si no se hubiera tomado el paquete de medidas implementado frente a la pandemia. Además, nos da pistas para pensar qué tipo de país deberíamos estar viviendo y nos alienta a imaginar cómo caminar con ese rumbo.

La noticia es conocida. La Encuesta de la Deuda Social Argentina, elaborada por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que entre otras cosas mide los niveles de pobreza e indigencia en el país; presentó datos que a cualquier argentino o argentina deberían conmover. Al cierre del tercer trimestre de 2020, el 34,9% de los hogares y el 44,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, en comparación con el 32,1% y 40,8% registrado en igual período de 2019. Este panorama es peor en el caso de los niños, las niñas y adolescentes, entre quienes dos tercios del total de la población viven en hogares que no alcanzan a cubrir la canasta familiar. Asimismo, el informe da cuenta de que el 7,3% de los hogares y el 10,1% de las personas son indigentes, los porcentajes más altos de la década.

Hasta aquí la noticia. Lo que somos. El panorama en números de una realidad cruel que gran parte de los y las argentinos vive en carne propia cotidianamente. Los medios hegemónicos, en general, allí se quedan: el dato les sirve para ratificar la idea que tienen desde antes de que el gobierno del Frente de Todos asumiera: es el #PeorGobiernodelaHistoria (tal es el hashtag que suelen alentar y colar en las redes sociales algunas de las caras visibles de estos medios).

Lo que muchos periodistas, políticos y medios no cuentan, es que el informe del Observatorio Social no habla solamente de lo que somos, sino también de lo que podríamos haber sido. Y nos deja pistas para pensar cómo llegar a ser lo que deberíamos ser.

Lo urgente

Agustín Salvia es el director del Observatorio Social de la UCA. En la presentación del informe, además de los números crudos, compartió ciertas conclusiones que se pueden extraer de la continuidad que se lee en las últimas encuestas y de las proyecciones que éstas permiten realizar. Y dijo que: “sin la AUH, el IFE, la Tarjeta Alimentar y el resto de los subsidios, la indigencia hubiera sido el doble y la pobreza hubiese trepado al 53%".”

Para que se entienda: según el observatorio social de la UCA, el mismo que los medios hegemónicos citan sólo para dar cuenta de los números de pobreza y de indigencia, sin los planes de ayuda social directos del gobierno (se refiere a los alimentarios: IFE, Alimentar, AUH, pensiones y contribuciones directas), la pobreza en noviembre 2020 sería del 51,9% en vez del 44,2% (8 puntos de diferencia) y la indigencia sería del 24,9% en vez del 10,1% (15 puntos de diferencia). Según el informe en cuestión, las ayudas para alimentación a las familias en el país pasaron de cubrir, en % de población, del 43,8% de los habitantes en 2019, al 55,5% en 2020; y del 33,4% de los hogares en 2019, al 47,4% en 2020.

Estamos hablando de millones de personas, familias, niños y niñas, no de fríos números en una planilla de Excel juntados allí para cumplir con un requisito burocrático. Según este informe, el 20,5% de las unidades domésticas declaró haber recibido algún bolsón, vianda o haber retirado alimentos de comedores no escolares. Además, el 44,6% de los hogares recibieron alguna ayuda vinculada a transferencias de ingreso (tarjeta alimentaria/social, asignaciones familiares no contributivas, programas de empleo, IFE, etc.). Sin ese aporte, según el observatorio social de la UCA, la pobreza habría pasado de 20,3 millones a 24,4 millones de personas. 4 millones de personas más.

Tengamos en cuenta que el informe no considera las medidas de protección laboral, programas de crédito y/o ayudas directas a empresas y trabajadores privados para el pago de remuneraciones de sectores críticos –ATP-; sin los cuales los números habrían sido aún peores.

Lo que surge con claridad de este informe es cómo sería la realidad de nuestro país, con la crisis económica preexistente agravada y profundizada, pandemia del coronavirus mediante, si hubiese habido en Casa Rosada un gobierno que no hubiera decidido invertir hasta un 7% del valor del PBI anual en medidas paliativas para atenuar el golpe de estos dos flagelos (crisis preexistente y coronavirus) pegando juntos.

Lo necesario

Lo cierto es que el informe del Observatorio Social de la UCA nos deja números que nos obligan a pensar, discutir y actuar, hoy más que nunca, en consecuencia. Por más que todos y todas sepamos que venimos de cuatro años de un gobierno que trabajó para destruir la industria nacional, para achicar el mercado interno, para reemplazar cualquier política productivista por la timba financiera; por más que sepamos también que la pobreza en (por ejemplo) el conurbano bonaerense aumenta ininterrumpidamente desde 2013 (con picos máximos en los últimos tres años); por más que sepamos que mientras todo esto pasaba hubo sectores de la economía concentrada que la juntaron con pala; por más que lo sepamos o justamente por ello, esta realidad nos obliga, al país y fundamentalmente al gobierno, a actuar con urgencia.

Ese pueblo, incluyendo muchos de los sectores que coincidieron en confluir en el armado del Frente de Todos para impedir que Macri continuara haciendo lo que hizo por cuatro años más; demanda políticas efectivas y valientes para avanzar en la resolución de los problemas que están en las raíces de las desigualdades que azotan nuestro país. Se actuó sobre lo urgente, y no caben dudas de que fue lo justo; ahora hay que ir por lo necesario. Que ya también es impostergable.

Seguramente los mismos medios hegemónicos que se rasgan las vestiduras por los números de pobreza e indigencia (mientras aplaudieron o callaron ante el gobierno de Macri y sus políticas antipopulares); pondrían el grito en el cielo si se implementaran las políticas que hacen falta para romper de una vez por todas con este destino que tan a menudo nos venden como inexorable. Lo mostraron haciendo lobby contra el “Aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas”, defendiendo sin pudor a 10 mil multimillonarios por encima de las necesidades y urgencias de millones de argentinos/as castigados/as por las políticas que esos mismos multimillonarios pidieron, impulsaron e hicieron aplicar.

Esos medios hegemónicos trabajan para ese sector económico que se cree dueño del país. Forman parte del mismo. Por eso cuando hablan de “ajuste contra las jubilaciones” hay que sospechar de sus verdaderas intenciones (lo que queda demostrado cuando, corregido en parte el desfasaje que se producía, inmediatamente pasan a preocuparse por el déficit fiscal que la nueva fórmula generaría). Esos medios, esos sectores económicos y sus referentes políticos van a protestar y oponerse a toda medida que tome este gobierno, simplemente porque no lo sienten propio, y no están acostumbrados a tener en Casa Rosada a un gobierno que no les responda ni acate sus instrucciones.

Ahora bien: saber esto no se contrapone a ser conscientes de que estamos terminando un año en el que las paritarias de los trabajadores activos han quedado muy por debajo de la inflación, y las y los trabajadores informales han sido más perjudicados aún en esa correlación, como de costumbre. Reconocer las dificultades que genera la suma de los dos flagelos (cuatro años de gobierno de Cambiemos más pandemia) no implica desconocer qué tipo de medidas de fondo se deben implementar en el país para resolver su matriz de desigualdad.

Más aún, justamente por saber dónde estamos parados es que se impone caminar y acelerar el paso en otro sentido. El proyecto de ley de Tierra, Techo y Trabajo, presentado por diputados y diputadas nacionales del FdT y defendido por distintas organizaciones sociales, alumbra un camino que no se puede demorar más. El proyecto propone concretar 3 millones de puestos de trabajo para la construcción de 375.000 soluciones habitacionales y la urbanización de 4.400 barrios populares, con un presupuesto inicial de 420 mil millones de pesos. Lo elaboró la Corriente Clasista y Combativa (CCC), pero en la presentación estuvo hasta el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Para que la crisis la paguen los que la juntaron con pala con el macrismo, mientras el país se derrumbaba; hay que tomar medidas concretas, de fondo, atrevidas y coherentes. Es el pueblo, cada vez más, el que las demanda. Los medios hegemónicos seguirán demandando las suyas: desregulación, no intervención del Estado, subsidios para los más fuertes y sálvese quien pueda para abajo, respeto a la deuda externa antes que las deudas internas y sociales; sus recetas de siempre. El pueblo, las y los trabajadores, los propios votantes del frente que hoy gobierna el país; seguirán buscando formas para presionar en esta pulseada para que el camino que se tome no los defraude esta vez.

Se suele decir que las crisis alumbran posibilidades. Es una frase hecha, que de tanto repetirse termina perdiendo sentido. Pero en política, esto es verdad. Que los cantos de sirenas no nos distraigan y que podamos avanzar como país, al resolver esta crisis, en soluciones que realmente sean de fondo y no nuevos parches circunstanciales que poco han de durar, es la tarea y el desafío más importante que hayan tenido el pueblo y su gobierno en las últimas décadas. Porque cuando hablamos de pobreza y de indigencia como país hablamos de lo que somos pero también de lo que podríamos haber sido y, de una vez por todas, podemos hablar de lo que deberíamos ser.

Publicado por Río Bravo el 9 de diciembre de 2020. Foto: lavoz.com.ar (Córdoba)

Cuando llegaba el final del gobierno de Macri, que lo único que hizo bien fue espiar a opositores y asegurar para los mismos de siempre la fuga de miles de millones de dólares al exterior, la apuesta de muchísimos/as argentinos/as fue por la construcción de un gran frente nacional y popular que pudiera poner fin a ese infierno. Y no era un eslogan: tenía que ser grande (no era tiempo de sectarismos), frente (había que acordar en la heterogeneidad, a partir de algunos principios básicos e irrenunciables), nacional (no sumaba aferrarse a buenas experiencias provinciales si no se aportaba a impedir que en el país siguieran gobernando la embajada yanqui y sus marionetas locales) y popular (tenía que permitir el despliegue de políticas que favorecieran a los/as trabajadores, las mujeres, los/as campesinos, los/as estudiantes...).

Desde antes de asumir, ese gobierno ya tenía asegurado el odio fervoroso de un sector que jamás toleraría una sola política que vaya en contra de lo que Rivadavia y Mitre, en el siglo XIX, ya habían pensado para Argentina. Esa parte de nuestro país, que ayer salió a cacerolear y bocinear, no necesita la expropiación de Vicentín para odiar a este gobierno y a todos/as los//as que vean en él una posibilidad de empezar un camino diferente. Odian, desde el vamos, la concepción misma de "gran frente nacional y popular", y nada que parta de esa definición les vendrá bien, nunca.

"La familia Vicentín"

"En el último mes del gobierno macrista, Vicentin recibió del banco Nación un crédito por día. Si, uno por día. Eso hasta el 10 de diciembre, que asumió Alberto Fernández. Dos meses después, la empresa, que no había usado ese dinero para pagar deudas, se presentó en concurso. ¿En qué usó el dinero Vicentin sino lo uso para pagar sus deudas? Gran misterio. El gobierno argentino sospecha que Vicentin habría remitido buena parte del dinero al exterior, en una maniobra defraudatoria, usando sociedades en el extranjero", informa Graciana Peñafort a raíz del fallo del joven juez ex abogado del Banco Nación, que el viernes pasado interrumpió la intervención de la empresa.

Quienes cacerolean y bocinean en defensa de "la familia Vicentín", lo hacen, conscientemente o no, en defensa de un grupo de estafadores, vaciadores, fugadores de divisas, a quienes, sí se los investigara, tendrían que dar cuenta incluso de relaciones con narcotraficantes que los salpican. Defienden a una "familia" cómplice de la desaparición de 22 trabajadores durante la última dictadura militar, 14 de ellos delegados gremiales, señalados por el jefe de personal de la empresa en coordinación con los genocidas. Defienden, conscientemente o no, a una "familia" que arrastra una historia de "favores" del Estado, principal aunque no exclusivamente en dictaduras, que les sirvió en bandejas préstamos que no devolvieron, puertos y obras fluviales que fueron hechos a su medida, y les estatizó deudas privadas que pagamos desde hace décadas todos/as los/as argentinos/as.

Quienes cacerolean y bocinean en defensa de "la familia Vicentín", también lo hacen en contra de la única alternativa para que la empresa no termine desguazada, en manos de Cargill o alguna otra "multinacional", dejando en la calle a los/as trabajadores y mirando la fiambrera a muchos/as de los/as productores que reclaman cobrar sus deudas.

Quienes cacerolean y bocinean en defensa de "la familia Vicentín", no representan a los/as trabajadores de la empresa, que desde su comisión interna se manifestaron a favor de la intervención del estado. Defienden, en cambio, a quienes la vaciaron. Son coherentes, nobleza obliga, con toda una tradición que los lleva a respetar el beneficio de la duda y la presunción de inocencia cuando se denuncia a quienes crean empresas fantasmas en paraísos fiscales; pero son veloces para juzgar y condenar cualquier atisbo de organización popular, especialmente las sindicales.

Lo que está en juego con Vicentín

En la disputa por el futuro de Vicentín no se difiere el inicio de un camino de expropiaciones a mansalva que acabará con todas las industrias en manos del Estado. No está en juego que vayamos a ser "Venezuela", pese al constante estruendo con que baten parches los funcionarios del anterior gobierno y los periodistas que les hacen coro.

De todos modos, sí es cierto que en la disputa por el futuro de Vicentín no sólo está en juego Vicentín.

En defensa de "la familia Vicentín" saltaron el intendente y los concejales, que trinaron como voceros de Vicentín; el juez de turno, que ofició de abogado de Vicentín; y los medios hegemónicos, que defienden a Vicentín como defienden siempre la timba financiera contra cualquier iniciativa estatal que busque regular los negocios que ellos prefieren liberados a la ley del más fuerte.

Sí, en la disputa por el futuro de Vicentín no sólo está en juego Vicentín. Está en juego quién gobierna. Los bocinazos y las cacerolas de los/as mismos/as que se hicieron los/as giles con los tarifazos, el cierre de empresas y comercios, la desocupación, la caída del salario real, la inflación y el aumento de la pobreza durante el gobierno de Cambiemos; junto a una batería de notas de Clarín, Infobae, Telefe y La Nación; las declaraciones beligerantes de la Sociedad Rural y sus diputados; y el fallo de legitimidad dudosísima de un juez que hoy debe estar recibiendo palmadas y halagos de todos los sectores de poder del norte santafesino; quieren hacer recular un proyecto de ley presentado en conferencia de prensa por el Presidente de la Nación. Entonces, la disputa en sí por la empresa Vicentín pasa a segundo plano.

Lo que está en juego es quien gobierna. No quiere decir esto que si se echa atrás el proyecto entonces no gobierna Fernández ni el frente que lo llevó al gobierno. Nada es tan directo, unívoco, lineal y simple en la política. Sí será, de eso no hay dudas, un paso atrás en la voluntad de millones de argentinos/as de construir poder para que los mismos vivillos de siempre no sigan cortando la torta.

La Garganta Poderosa resumió así la situación en estos días: "Tenemos una Cámara Alta de Senadores, una Cámara Baja de Diputados y una cámara bajísima de medios, donde se vetan leyes que no llegan al Congreso, sin que ninguna otra minoría las discuta: ahí la derecha tiene mayoría absoluta."

Para que los medios hegemónicos, sus jueces marionetas, la sociedad rural y sus aliados, "aplaudan" al gobierno, el precio a pagar es no avanzar en este tipo de proyectos. Es decir, que no se desarrollen las políticas para las que se votó a un gran frente nacional y popular. Es decir, que sigan gobernando ellos.

Vicentín es, en este sentido, una pulseada más en la eterna disputa por resolver quién gobierna en Argentina. Y esto no quiere decir que para gobernar haya que cerrar ojos y oídos, todo lo contrario. Desde estas páginas saludamos a comienzos de este año los gestos del gobierno cuando modificó proyectos de ley en función de sendos reclamos de sindicatos docentes universitarios y de chacareros. Lo que está en discusión hoy es si esta vez serán escuchados los que la historia oficial, los medios hegemónicos y el poder más concentrado de nuestro país, siempre silenciaron. Si esta vez otras voces podrán oírse por sobre los gritos de guerra que lanza la oligarquía cuando siente que sus intereses no son los que orientan las políticas en la Casa Rosada.

Desde que se desató la pandemia que obligó al aislamiento social, el gobierno nacional demostró un poder de convicción muy importante para no dejarse torcer el brazo por los Paolo Rocca y compañía que en nombre de la "libertad" salieron a bombardear, con toda la artillería que tienen a disposición, las medidas en defensa de la salud pública. Veremos qué pasa, ahora, con Vicentín.

Quienes creen que pueden seguir gobernando aunque el pueblo les haya dicho que no, se frotan las manos desde el viernes con el fallo del juez amigo.

Quienes esperamos que las "familias" Vicentín, Rocca, Etchevere y compañía, no sigan mandando como patrones de estancia por estos pagos, también estamos atentos y expectantes para ver cómo sigue la pulseada, y para jugar nuestras fichas también.

Esta nota, de hecho, es un humilde aporte para visibilizar la cancha y qué es lo que está en juego. Que sí, en eso los caceroleros y bocineros tienen razón, es mucho más que la empresa de "la familia Vicentín".

Acá no se termina ningún partido, obvio. Pero hay jugadas que pueden definir mucho de lo que viene después, mucho más allá de esa jugada. Y esta, cada vez está más claro, esta es una de ellas.

Publicado por Río Bravo el 21 de junio de 2020.

Cuando el gobierno de los Fernández asumió, el 10 de diciembre, el multitudinario acto en Plaza de Mayo cerró con un estruendoso show de bombas y fuegos artificiales. Las asociaciones de familiares de personas con trastornos autistas (así como las que luchan por los derechos de los animales) no perdieron la oportunidad de volver a plantear su reclamo contra el uso de pirotecnia de estruendo y de altos volúmenes de sonido. Hoy, el gobierno nacional publicó el Decreto 96/2019 prohibiendo el uso de estos artefactos en actos públicos e invitando a todas las provincias y a la ciudad de Buenos Aires a adherir a la normativa.

Es tan sólo una muestra de algo que para algunos será superficial (aunque para otros/as signifique tanto), pero tampoco es un caso aislado.

Desde el vamos, el paquete de declaraciones de emergencia que el gobierno nacional impulsó, contenía un artículo (el famoso 85) que recibió críticas por los "superpoderes" que concentraría en la figura del Presidente.

El mismo fue dado de baja, atendiendo a las sospechas y reclamos que había generado incluso desde las propias filas del frente gobernante.

Pero las reformas planteadas a raíz de diversos cuestionamientos no quedaron allí. Los sindicatos docentes lograron que no se toque la movilidad de sus jubilaciones (considerada especial en el régimen general), los chacareros, pequeños productores del campo y cooperativas consiguieron el compromiso de compensaciones por los ajustes en las retenciones (atendiendo así al histórico reclamo de que paguen más los que más concentran la propiedad de la tierra), y ante el masivo reclamo contra los verdaderos privilegiados en materia de jubilaciones (jueces y diplomáticos, por ejemplo) se resolvió preparar una ley especial para revisar integralmente estos casos. Finalmente, la crítica contra el vallado del Congreso con motivo del tratamiento del paquete legislativo recibió una respuesta contundente: las vallas no habían sido solicitadas por el PEN sino que habían sido dispuestas por el gobierno de la ciudad.

Ayer no más, el gobierno nacional resolvió no autorizar el aumento en los combustibles que solicitaba la dirección de YPF, después de la indignación que produjo masivamente tan solo el rumor de que supuestamente se produciría a partir de las 00:00 de hoy.

Seguramente hay medidas más importantes que éstas. El plan nacional contra el hambre, el congelamiento de las tarifas, el relanzamiento del plan nacional de lectura, la creación del ministerio de la mujer, género y diversidad, y el de vivienda; sólo por ejemplo.

El destaque realizado en este artículo tiene que ver con otra cosa. Si hay una reivindicación que tiene tradición en nuestro pueblo es el del derecho a ser escuchados. El de un gobierno que pueda revisar, repensar y redefinir en función de las críticas recibidas.

Hay muchos temas cruciales, fundamentales (sólo por ejemplo: uso de agrotóxicos y la explotación minera contaminante), en los que existen reclamos de larga data, que deben ser escuchados. Pero es una buena señal el que, en tan pocos días, ya podamos contar unos cuantos ejemplos de escucha real y concreta, en vez de acting para la tribuna.

Que se consolide y profundice este camino, más allá de estos primeros días, es un buen deseo para el brindis de este fin de año. Que sepamos aprovechar ese escenario, si se confirma, para avanzar en políticas y legislación que impliquen conquistas para el pueblo y el país; es un segundo deseo que va de la mano y se necesita con el primero. Que las organizaciones políticas y sociales populares estén en la calle, luchando por lo necesario, cuantas veces haga falta, es un compromiso que ni siquiera debería ocupar uno de nuestros "deseos" de fin de año. Más aún, es el reaseguro para garantizar que esas políticas que se plantearon en campaña y ante la Asamblea Legislativa, se traduzcan realmente en hechos, leyes y medidas a favor de los más postergados.

Que así sea.

Publicado por Río Bravo el 30 de diciembre de 2019.