Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos se declararon en estado de alerta ante el desmantelamiento del RUV. Con solo tres trabajadores y sin edificio propio, están en riesgo 20 años de archivos sobre la dictadura y la identidad entrerriana. La Multisectorial y la RODHER exigen una audiencia urgente con el gobernador Rogelio Frigerio. "Es patrimonio de toda la sociedad", advierten.