El periodista Fernando Míguez hizo público a través de su cuenta en la red social Facebook el resultado positivo del hisopado de Covid19. En un detallado relato contó cómo, a pesar de haber tomado todos los recaudos, se infectó de todos modos. Y aunque deja en claro que "no es una gripe más", como minimizan algunos escépticos y adeptos a teorías conspirativas, el testimonio va más allá de lo personal e incluye un fuerte llamado a la solidaridad, a la empatía y un agradecimiento "a quienes se cuidan, a quienes no niegan la gravedad de lo que vivimos y a quienes se rompen el lomo por la salud pública".

Frente a la pandemia por Coronavirus, ¿no existe otra opción que elegir entre sacrificar vidas o hundir la economía? ¿Hay alternativas superadoras? ¿Por qué el impuesto a las riquezas podría ser una herramienta para cuidar la salud de la población al mismo tiempo que el trabajo, la producción y el poder adquisitivo de los argentinos? ¿Quiénes se oponen y por qué? Algunos de esos interrogantes tuvieron respuesta en el conversatorio virtual organizado por el Partido del Trabajo y del Pueblo del que participaron Juan Manuel Abal Medina, Alcira Argumedo, Claudio Lozano y Juan Carlos Alderete.

La pandemia de Covid-19 puso en jaque a la economía mundial y en evidencia las propias limitaciones del sistema capitalista -sobre todo desde las concepciones liberales más ortodoxas- para hacer frente a sus crisis. Los países que no quisieron o no llegaron a tomar medidas a tiempo pagaron su acción tardía con vidas y con desastrosas consecuencias económicas que llamativamente se secundarizan. Otros, como la Argentina, definieron la cuarentena con los primeros casos y el nivel de contagio y casos fatales es sensiblemente menor. Sin embargo, las consecuencias negativas desde el punto económico son innegables y emerge una gran discusión sobre cuál es la salida; si no queda otra que elegir entre la salud y la economía o Argentina puede construir un camino propio para preservar la salud de la población sin que se destruya su economía o, a la inversa, preservar su economía sin dejar a sus ciudadanos librados a su suerte. En torno a estos debates giró el conversatorio organizado por PTP sobre el impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, que ya es motivo de polémicas y debates en todo el espectro político, en los medios de comunicación y en parte importante de la sociedad.

Lozano: “El impuesto a las grandes fortunas es indispensable”

El presidente del Banco de la Nación Argentina y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, se refirió al impuesto a las riquezas como “un paso necesario dentro de una estrategia general que obliga a otro conjunto de regulaciones para reorientar el rumbo económico, social y también político de la Argentina”.

Lozano señaló que en el contexto de la pandemia se producen dos fenómenos: “Se suspende el funcionamiento del sistema económico capitalista y se agigantan las desigualdades” y sostuvo que en ese marco “en un país donde tenemos más de la mitad de la población laboral en situación de informalidad, las condiciones de reproducción de la vida sólo se pueden resolver sobre la base de un Estado que intervenga decididamente estableciendo un piso básico de ingresos que permita que nuestra gente se sostenga durante este tiempo”, argumentando sobre uno de los destinos que tendría la creación del impuesto en debate.

En relación con las diferentes objeciones que surgen en torno al tema, algunas apoyadas sobre antiguos lugares comunes como que “Argentina tiene una presión tributaria muy alta”, el economista afirmó que Argentina está por debajo de varios países incluso de América Latina, como Brasil y Uruguay.

El ex diputado nacional hizo referencia a la presión de grandes grupos empresarios, mediante amenazas con despidos, para que se levante la cuarentena, y su resistencia a las medidas como la que fue eje del conversatorio: “Desde la dictadura militar para acá se ha consolidado una lógica en el accionar de los grandes capitales que consiste, sobre todo en la relación con el Estado, en demandar permanentemente subsidios para el desarrollo de sus negocios, en general de alta rentabilidad, pero luego no invierten en relación al excedente que capturan, llevan adelante un proceso permanente y sistemático de fuga de capitales y al mismo tiempo se resisten a pagar impuestos. Al mismo tiempo estos capitales están confrontando con esta idea de un impuesto a las grandes fortunas; piden que se le mejore la oferta a los acreedores; es decir, piden que el Estado gaste más en pago de deuda y al mismo tiempo han demandado que el programa de asistencia al trabajo, que paga el salario e inicialmente era para las pymes, se amplíe a las empresas de casi 800 trabajadores”.

Según Lozano, información mundial da cuenta de que a junio de 2019 había 50 fortunas en la Argentina que sumaban un total de 57.920 billones de dólares y había 114 mil argentinos que tenían más de un millón de dólares de patrimonio neto, es decir todas las riquezas libres de toda deuda.

Sin embargo, en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la Argentina, en realidad los que tienen más de un millón de dólares en bienes personales son apenas 32.000. Frente a esto lanzó una pregunta retórica: ¿Por qué esta diferencia? Porque una de las cosas que suelen decir los voceros de la derecha para cuestionar este impuesto es que no se podría recaudar demasiado. Y la verdad que el tema tiene que ver con que lo que llevan adelante estos señores es un proceso permanente de encubrimiento de sus patrimonios y de sus rentas”.

Finalmente, el actual titular del BNA apuntó a la necesidad de “un grado de articulación política y social mucho mayor para poder limitar la capacidad de presión que los sectores de mayor poder económico tienen hoy sobre la gestión del Gobierno nacional”. No obstante insistió con que el impuesto a las fortunas “es absolutamente indispensable; junto con la suspensión de los pagos de deuda pública también y el financiamiento de una renta universal, sería lo que deberíamos garantizar”.

Argumedo: “El coronavirus agravó una crisis que ya se venía produciendo”

La socióloga Alcira Argumedo, ex diputada nacional de Proyecto Sur, consideró que el tema del impuesto a las riquezas será “de sentido común” en muy poco tiempo “porque hasta el Financial Times, un vocero de los grupos financieros, está llamando la atención sobre la necesidad de producir ciertas transformaciones, porque el Coronavirus lo que en realidad hizo fue detonar y agravar una crisis que se venía produciendo”.

En ese sentido, advirtió que “el 1% de la población concentra el 50 por ciento de la riqueza y el 20% de la población mundial tiene el 95,5% de la riqueza, según datos del programa para el desarrollo de las Naciones Unidas y los otros 6.500 millones se reparten el 4,5%, de los cuales 4.500 millones están por debajo de la línea de pobreza. Esto de por sí estaba generando una crisis de sobreproducción por carencia de demanda, porque ese 20% es un mercado excesivamente chico para el salto cualitivo de productividad que se viene produciendo”.

En ese marco, Argumedo indicó que “la crisis más similar a esta, la de 1930, generó dos grandes alternativas: una fue el New Deal, que fue esta redistribución de la riqueza, aumento de los salarios reales, baja de la jornada laboral; y la otra fue Hitler, que era salir de la crisis a través del incremento de la industria de guerra, con persecución y genocidio de la población indeseable. Verdaderamente, no nos engañemos, estas son las dos grandes alternativas que se están dando en la crisis”.

Por otro lado, seguramente polemizando con el viejo latiguillo liberal de que quien tiene una fortuna es porque se esforzó para que así fuese, la ex legisladora habló de “tres grandes momentos” en la historia Argentina donde se produjo el gran salto de esa acumulación de riquezas: fines del siglo XIX y principios del XX con la apropiación de tierras por parte de grandes familias como los Martínez de Hoz, los Bullrrich, Braun Menéndez, Menéndez Behety, a partir del genocidio perpetrado con la Conquista del Desierto y los beneficios para la producción lanera y ganadera luego de la Primera Guerra Mundial; una segunda etapa desde comienzos de la dictadura hasta fines de los 90, comenzando con la estatización de deudas privadas por 25.000 millones de dólares y una tercera etapa centrada en el período de gestión del expresidente Mauricio Macri, con la entrega por 400 millones de dólares a su amigo Nicolás Caputo (empresario y miembro) de dos usinas termoeléctricas valuadas en 1200 millones o el bono a 100 años al 7,9% anual mientras en Estados Unidos estaba poco más del 1% (siete veces más pero durante 100 años), con el grupo Noctua Partners fundado por Luis Caputo (ex Ministro de Finanzas de la gestión Cambiemos) como uno de los que compraron esos bonos.

Otro negociado “descomunal” mencionado por Argumedo fue la compra de acciones al Estado -del fondo de sustentabilidad de la ANSES- por parte del grupo Pampa Energía, de Joe Lewis y Marcelo Mindlin, a 10 dólares la acción para vender 72 horas después a 18 dólares: un 80 por ciento.

La dirigente de Proyecto Sur se enumeró una serie de indicadores para graficar el panorama económico, social, productivo y energético, entre otros aspectos, que dejaron las políticas de desguace del Estado y desregulación que predominaron desde la dictadura iniciada en 1976: “El nivel de saqueo y destrucción económico y social de la Argentina no lo tuvo ningún país que no haya tenido una guerra en su territorio. Del 74 al 2020 se pasó del 6 al 40 por ciento de pobreza; del 90 y tanto de trabajadores en blanco y con derechos sociales al 46; de un 3% de desocupación al 20%; se destruyó el sistema nacional de ferrocarriles, la flota mercante y fluvial, un sistema educativo público de calidad que había dado dos premios Nobel en ciencia; se pagaron más de 530.000 millones de dólares en concepto de una deuda fraudulenta; perdimos 420.000 millones de dólares  más en concepto de renta petrolera y gasífera por la privatización de YPF y 200.000 millones dólares en fletes como consecuencia de haber destruido la flota mercante y fluvial. Por lo tanto la decisión del cobro de un impuesto a las grandes fortunas tiene que ir acompañada de una transparencia profunda, porque siguen estafando, hay que controlar al comercio exterior”. Sobre este último punto aludió al y evasión de las mineras que tributan sobre sus exportaciones sobre la base de declaraciones juradas, omitiendo gran parte de los minerales y metales que extraen de nuestro suelo y se llevan fuera del país. “Si no frenamos estas venas abiertas del saqueo de América Latina no vamos a ningún lado y el primer paso es un impuesto a las grandes fortunas”, concluyó.

Alderete: “Para sostener la cuarentena se necesita plata, ¿de dónde va a salir?”

En coincidencia con Argumedo, el diputado nacional, coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y dirigente del PTP-PCR, Juan Carlos Alderete, expresó que “la emergencia sanitaria desnudó las grandes desigualdades sociales”. Frente a eso, “algunos los gobiernos volcaron millonarios recursos buscando atenuar las consecuencias sociales en sus pueblos, otros los han abandonado a su suerte”. Aunque no hubo alusiones particulares, resulta evidente el caso de Brasil que hoy ya se ubica como el cuarto país con mayor cantidad de infectados a nivel mundial, con 230.000 casos (15.000 en las últimas 24 horas cuando Argentina no llega a 8.000 casos desde que comenzó la cuarentena). “Quedó en evidencia que el actual orden político y económico del mundo no puede dar respuesta a las emergencias económicas y sociales. Frente a este panorama se abre un interrogante: ¿Quiénes pagarán las consecuencias de esta crisis?”, se preguntó el dirigente

Alderete advirtió sobre el ingreso en una fase de contagio donde el virus llegó a las grandes barriadas populares, con una situación muy delicada en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Frente a eso consideró necesario -en oposición a quienes bregan por levantar la cuarentena- “profundizar las medidas sanitarias contra el Coronavirus. Y para sostener la cuarentena, para la ayuda social, económica y para dar la batalla sanitaria que se está desplegando; insumos médicos, respiradores, construcción de hospitales, test, lugares de aislamiento, para todo se necesita plata; ¿de dónde va a salir?”.

Pareciera ser el gran debate que se abre, por lo menos entre quienes sostienen que no se debe aflojar con las medidas de aislamiento social para atenuar la circulación del virus. Esa discusión y la propuesta que se impulsa en el seno del bloque de diputados del Frente de Todos busca abrirse paso entre la herencia de una matriz tributaria profundamente regresiva.

“En Argentina proporcionalmente pagan más impuestos los pobres que los ricos. Esta es una matriz impositiva heredada de la última dictadura. Pero cuando se discute un poquito los intereses de los poderosos algunos se ponen muy nerviosos y eso que estamos hablando de un impuesto por única vez. Hace semanas que estamos discutiendo esta propuesta. Bajarle los salarios a millones de trabajadores el 20, 30 o 40% se resolvió muy rápido. Ahí no hablan de confiscación”, cuestionó el dirigente del PTP-PCR y la CCC.

Entre los detractores de esta iniciativa u otras similares, proliferan cuestionamientos dirigidos a descalificarla como una especie de invento argentino, carente de seriedad y coherencia y hasta con apelativos de corte maccartista. Sin embargo, Alderete recordó que “este es un tipo de impuesto que no sólo se ha usado en distintos momentos en nuestra historia nacional”, como el aplicado en 1815 sobre la elite cuyana para financiar el cruce de Los Andes del Ejército Libertador sino también en otros países de Europa y Asia, como los que impusieron Alemania y Japón para la reconstrucción pos Segunda Guerra Mundial de hasta el 50% y 80%, respectivamente, o los que hoy discuten, en el marco de la pandemia, España (del 1 al 2%), Italia (del 4 al 8%) o Rusia (13%).

“El impuesto extraordinario a las grandes fortunas consistirá en una contribución gradual para fortunas de a partir de 10.000 millones de pesos en una escala que iría del 1 al 5 por ciento, mientras que para los bienes en el exterior serían de entre el 3 y el 15 por ciento”, explicó el legislador de la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, planteó que “este es el camino” para superar la crisis, junto a otras medidas como aplazar el pago de los vencimientos de la deuda externa hasta 2024, avanzar “en una YPF enteramente estatal, estratégica para la Argentina y nuestra soberanía energética pero además una medida clave para la recuperación económica que tendremos que afrontar”; mayor intervención estatal sobre el comercio interior y poner  límite “a los que amasan ganancias extraordinarias con la especulación y la timba financiera”, con el objetivo de “volcar esos recursos para combatir la pandemia, terminar con el hambre, impulsar el trabajo y la producción nacional y fortalecer el sistema público de salud”.

Abal Medina: “Pandemia de por medio, la reforma tributaria va a ser una obligación”

El ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, considerando la parálisis económica generada por la cuarentena, realizó un pormenorizado análisis de la composición de la recaudación impositiva en nuestro país, qué tipo de tributos son los que más fondos aportan hoy al presupuesto nacional y qué sectores son los que sostienen en mayor y en menor medida esos ingresos.

Analizando datos impositivos a nivel nacional de 2020, Abal Medina señaló que “lo que más llama la atención de los impuestos es que casi el 43% de lo que recauda el Estado argentino corresponde a impuesto sobre bienes y servicios, casi la totalidad es el IVA (Impuesto al Valor Agregado), que paga lo mismo el que tiene mucho, el que tiene algo y el que no tiene nada”.

Luego aparecen los aportes y cargas a la seguridad social con el 24% de la recaudación y el impuesto a las Ganancias, del que una parte importante pagan los asalariados, con el 21,6%.

“Finalmente, lo más escandaloso, los bienes personales (0,6%) no llegan al uno por ciento de nuestro sistema tributario. Que este número no llegue al 1% de lo que paga alguien por sus propiedades ya es más que notorio y que esté tan lejos los impuestos sobre las ganancias de lo que se paga por la seguridad social y por los impuestos directos, lo mismo”, advirtió.

Aunque podría pensarse que sería tan sencillo como invertir la ecuación, Abal Medina puso el énfasis sobre el carácter político de esa estructura impositiva: “En general, la dirigencia política asume que no se puede hacer demasiado”. Por ejemplo frente a uno de tantos lugares comunes y latiguillos como aquel esgrimido por analistas, comunicadores, empresarios y dirigentes políticos respecto de que “en Argentina se pagan enormes impuestos, que no se puede tolerar este nivel impositivo”, idea que comienza a flaquear cuando se realiza un análisis comparativo con otros países de Latinoamérica o de Europa.

“En general –evaluó Abal Medina- no se hacen muchas reformas impositivas porque cuando las cosas andan más o menos bien nadie quiere tocarlas. Si la AFIP funcionaba, recaudaba, por qué tocarla -dijo en una suerte de autocrítica sobre las limitaciones del período de gestión kirchnerista- y cuando anda mal es muy poco lo que se puede tocar”. Sin embargo fue tajante dada la coyuntura y evaluó que “pandemia de por medio va a ser una obligación”.

El ex jefe de Gabinete hasta 2011 esbozó algunos de los lineamientos que, según su visión deberían trazarse para un nuevo esquema impositivo: “Tenemos que llevar adelante un conjunto de políticas de reforma tributaria que haga mucho más justo nuestro esquema tributario y la mitad al menos de la recaudación argentina tendría que ser de los impuestos directos. Pasar del 75-25 al 50-50 y esto significa generar un gran consenso, una amplia mayoría política y social que lo sostenga, porque no por casualidad la mayoría de los impuestos argentinos son indirectos. ¿Eso por qué? Porque el impuesto indirecto nadie sabe cuánto paga. Cuando cualquiera de nosotros va a comprar algo a un almacén, ¿cuánto se paga de Ingresos Brutos? No lo sabemos, no tiene costo político subir ese impuesto. Siempre es mucho más fácil subir el impuesto indirecto, el más injusto y el más ineficiente”.

“En cualquier sistema tributario serio del mundo, la base central tiene que ser impuestos directos; que pague cada uno de acuerdo en base a lo que tiene y gana. Avanzar en esa dirección es la tarea central”, dijo Abal Medina, con una aclaración final: “Que lo sectores medios entiendan que esto que estamos haciendo no es quitarle a los que producen sino al revés; una propuesta tributaria mucho más justa donde los que más tienen más paguen pero que también a los que más cumplen mejor les vaya”.

Publicado por Río Bravo el 17 de mayo de 2020.

Las imágenes de la cuarentena exhiben escenas de solidaridad, de represión, y de xenofobia, entre otras. Permiten observar esa otra grieta social de la que poco se dice pero que nos sigue dividiendo. Una grieta que nos atraviesa la cabeza poniendo de un lado el desprecio por los que menos tienen y por el otro a los que entienden que la clave está en ser solidarios porque “nadie se salva solo”.

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Muestran en televisión al ejército dando comida a familias en la Matanza. La cola de las mujeres con tuppers se prolonga en el descampado. Los hombres en traje de combate cargan con cucharones un guiso de fideos y verduras. Lo hacen ataviados de barbijos y guantes. El vapor de la comida se eleva en el aire y se pierde. Un niño les entrega dos dibujos hechos con fibras de colores en dos hojas A4. Se trata de un helicóptero y un tanque.

¿Sabrá ese niño que a las clases populares el ejército las persiguió durante la dictadura?

¿Sabrá ese soldado que fueron miles los niños como este que ahora le entrega los dibujos que durante la dictadura, su ejército los arrancó de sus padres y les asignó una nueva identidad?

Lo saben. La democracia lo ha enseñado. Ni este es el mismo ejército ni ese es el mismo soldado. Lo saben ellos, los sabemos nosotros y lo saben Alfredo Astiz y Miguel Etchecolatz que lo miran desde el penal donde pagan por ser responsables de crímenes de lesa humanidad. Desde ahí lo miran porque les acaban de negar la excarcelación que solicitaron por el coronavirus.

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En 1871 la fiebre amarilla asoló la ciudad de Buenos Aires. Un tercio de su población se condenó a un exilio interno o externo escapando de una muerte segura. Las cifras oficiales de decesos en aquel periodo señalan 14.000 pero hay otros que hablan de 17.500. Para una población que por entonces no superaban los 200 mil habitantes, las cifras son escalofriantes. El origen de la enfermedad hay que buscarlo entre los soldados que regresaban del Paraguay, de la masacre del pueblo paraguayo durante la guerra de la Triple Alianza. Más precisamente en los barcos donde el mosquito Aedes aegypti era el vector de transmisión. Esto lo expuso diez años más tarde el doctor Carlos Finlay, en un congreso médico en La Habana.

Pero las primeras reacciones frente a la enfermedad no fueron impulsadas por reflexiones científicas sino por la xenofobia más descarnada. Se acusó a la comunidad italiana de ser responsables del contagio y se los expulsó de los conventillos e inquilinatos donde vivían hacinados. Fueron sacados a empujones por las fuerzas del orden, sus pertenencias arrojadas a la calle y el lugar desinfectado. Muchos fueron deportados. Esos que bebían aguas de aljibes contaminados o del riachuelo donde iban a parar los desechos de los saladeros. Esos que convivían en calles que se anegaban y donde flotaban los cadáveres porque habían sido enterrados al ras. Esos, finalmente, que vivían hacinados con aguas servidas exhibiendo condiciones insalubres. Esos fueron los señalados como responsables de la epidemia. Y contra ellos fueron.

Funcionarios de las primeras líneas del gobierno de Alberto Fernández han manifestado preocupación por las reacciones sociales frente a posibles casos de discriminación en los barrios populares. Para ser más precisos, están pensando qué ocurrirá cuando en los barrios populares cuyas condiciones de hacinamiento no tienen nada que envidiar a la de aquellos integrantes de inquilinatos y conventillos, llegue el Coronavirus. Lo están pensando con la historia en la mano, de aquello que ocurrió hace 150 años pero también con el presente. Con las reacciones de aquellos que piensan que el mal en la Argentina está en el Estado grande que da de comer a los choriplaneros.

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Las redes sociales se han colmado con la cuarentena. Entre los múltiples mensajes que circulan, hay muchos que se regodean con la violencia hacia los jóvenes de clases populares. Mientras que el gobierno dice que el enemigo es invisible, por eso hay que hacer cuarentena, hay sectores que han identificado al enemigo. Con el manual de la xenofobia lo han identificado. El problema para ellos son los barrios populares donde no se respeta la cuarentena. Esos barrios donde no hay agua potable, donde viven hacinados, donde no tienen garantizada la comida diaria y donde conviven con aguas servidas.

Como esos son los culpables, festejan cuando la policía insulta a unos jóvenes que salieron a caminar juntos, o cuando maltratan a un delivery que está trabajando con indumentaria de trabajo y papeles de trabajo, o cuando aleccionan a unos pibes haciéndoles hacer saltos ranas como si estuvieran en la colimba. Festejan que se aleccionen a los jóvenes de clases populares, cuyo futuro y presente les fue arrancado desde antes de nacer por fuerza y obra del Mercado y del Estado cómplice. Festejan que se los castigue porque son los que sobran en esta sociedad.

La “doctrina Chocobar” tiene tantos adeptos porque da vía libre a estas ideas. En manos del gobierno de Mauricio Macri permitía castigar a esos que sobran, con la impunidad de eliminarlos. Hoy quienes la siguen reclamando, exigen que el Estado resuelva los sobrantes del Mercado y calme las ansiedades para habitar “un país tranquilo”. Por eso es necesario adoctrinar a los jóvenes de clases populares que no cumplen con la cuarentena. La “doctrina Chocobar” está en sus cabezas, no tiene fuerza de ley; tiene la potencia del deseo.

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Una enfermera de Mendoza acaba de recibir una noticia sorprendente. La dueña de la casa donde vive (y a quien conoce solo por Whatsapp) le acaba de anunciar que no le cobrará los próximos 2 meses de alquiler. Se lo comunicó por teléfono, cuando la inquilina le dijo que en ese momento no podía atenderla porque estaba de guardia. “¿De qué trabajás?” “Soy enfermera”. Eso fue suficiente, dijo la dueña del departamento. “Sentía que algo tenía que hacer por los que tantos hacen por nosotros. Vivo en Buenos Aires y soy paciente de riesgo. Los vecinos del edificio me hacen las compras para que no salga”. Algo tenía que hacer, repitió en la radio donde le hicieron el reportaje. Ahora la enfermera está buscando el modo de replicar el favor con otro. “Tenemos que armar cadenas de favores. La enfermedad nos está enseñando a ser más solidarios”.

Técnicos, profesionales e idóneos agrarios pertenecientes a la Corriente Nacional Mártires López dieron a conocer un documento llaman la atención acerca de "los viejos problemas del pueblo y del sector productivo en su conjunto" que la pandemia de Coronavirus pone en evidencia. Destacan la importancia en estos momentos de los productores pequeños y medianos, agricultores familiares, campesinos y originarios que, resaltan, "son la base fundamental de la producción para hacer frente al hambre que apremia en toda la Argentina".

Desde la organización firmante del documento se presentan como "una corriente nacional de técnicos, profesionales y trabajadores idóneos vinculados a las organizaciones campesinas, a sus problemáticas, sus luchas, sus conquistas, vinculados también a ámbitos académicos, de investigación, de transferencia, y distintos espacios estatales relacionados con el sector", que buscan abrir debate sobre los problemas estructurales de nuestro país, sobre la concentración de la tierra y el modelo productivo imperante y la dependencia económica y tecnológica.

En ese marco, consideran que "sin cambiar de raíz estos dos grandes problemas es imposible resolver los graves problemas que padecemos", por lo que ponen como norte la necesidad de "un campo con campesinos (...), un país con 1 millón de nuevas chacras, quintas o unidades productivas, donde predomine un modelo productivo ambiental, cultural y económicamente sustentable".

Al tiempo que destacan que estos sectores siguen adelante con la producción de alimentos a lo largo y ancho del país en esta situación de pandemia, "haciendo  haciendo un gran esfuerzo y generando alternativas para poder llegar con su producción a la mesa de cada argentino", también advierten que "se encuentran algunas producciones, como es la floricultura y la producción de plantas ornamentales, que están no solo paradas sino que están sin poder vender absolutamente nada, perdiendo toda la producción, siendo producciones perecederas en su mayoría y gran demandante de mano de obra calificada que hoy se encuentra desocupada y con peligro de perder su fuente de trabajo".

Sin embargo así como valoran positivamente las sanitarias y económicas del Gobierno nacional, sostienen que "en el área de la Agricultura Familiar, de los pequeños y medianos productores, hace falta aún planificar desde el Estado la asistencia y ayuda a esta población productora y proveedora de alimentos, tarea fundamental para enfrentar a corto, mediano y largo plazo los estragos de la pandemia".

A continuación, reproducimos el documento completo:

Estamos en un momento de crisis sanitaria internacional por el COVID-19, que pone en manifiesto los viejos problemas del pueblo y del sector productivo en su conjunto. Esto hace que se tenga que agudizar el ingenio para poder encontrar las posibles soluciones, y crear instancias donde el pueblo y sus organizaciones tomen en sus manos esta grave situación, sabiendo que esta crisis genera nuevos escenarios y nuevos problemas, teniendo que enfrentar la situación con medidas a corto, mediano y largo plazo.

En la Argentina venimos de cuatro años donde el Gobierno de Macri agudizó todos los problemas estructurales que traíamos, principalmente el de los más necesitados y excluidos, inmersos en una crisis alimentaria y ahora sanitaria que demuestra que el neoliberalismo ha dejado marcado a fuego en estos sectores su sello de desigualdad, desocupación y miseria.

La producción agropecuaria es de suma importancia en estos momentos. Principalmente lxs productxres pequeñxs y medianos, lxs agricultores familiares, campesinos, originarios, son los que producen alimentos, venden en las ferias de cientos de pueblos y ciudades del país, arman bolsones de frutas y verduras, leche, huevos, quesos, carne, a precios justos. Son la base fundamental de la producción para hacer frente al hambre que apremia en toda la Argentina. Son solidarios con precios no especulativos. Son la contracara de las grandes cadenas de supermercados y mercados que especulan con los precios en este momento tan difícil. También colaboran con la principal consigna “Quedate en casa” para hacer frente a la pandemia, llevando alimentos sanos y frescos a domicilio.

En la Argentina las familias agricultoras siguen con la producción de alimentos a lo largo y ancho del país en esta situación de pandemia. Están haciendo un gran esfuerzo y generando alternativas para poder llegar con su producción a la mesa de cada argentino.

Pero también se encuentran algunas producciones, como es la floricultura y la producción de plantas ornamentales, que están no solo paradas sino que están sin poder vender absolutamente nada, perdiendo toda la producción, siendo producciones perecederas en su mayoría y gran demandante de mano de obra calificada que hoy se encuentra desocupada y con peligro de perder su fuente de trabajo.

Desde la Corriente Mártires López estamos convencidos que el rol del Estado en estos momentos esta siendo fundamental, las medidas sanitarias tomadas por el Gobierno Nacional para cada fase de la pandemia que estamos pasando han sido acertadas, a la hora de cerrar las fronteras y decretar la Cuarentena Obligatoria, las prácticas de distanciamiento social y sanitarias impuestas, por nombrar algunas, ha quedado demostrado en los números y en las gráficas que el nivel de contagio e infección no ha sido lo terrible que fue en otros países donde tomaron este tipo de medidas mucho más tarde que la Argentina, subestimando el virus. También las medidas frente a la Emergencia Alimentaria, que tuvieron a los sectores mas postergados como principales beneficiarios, comprando y distribuyendo alimentos, aumentando al AUH, dando un bono a los jubilados y ahora último la EFI para aquellos que no poseen nada, entre otras. Pero así como acordamos con las medidas del Gobierno Nacional sanitarias y económicas, creemos que en el área de la Agricultura Familiar, de los pequeños y medianos productores, hace falta aún planificar desde el Estado la asistencia y ayuda a esta población productora y proveedora de alimentos, tarea fundamental para enfrentar a corto, mediano y largo plazo los estragos de la pandemia.

Existe una estructura Estatal que es posible movilizar al servicio de las miles de familias agricultoras, pequeños y medianos productores y pueblos originarios. La Secretaria de Agricultura Familiar, el INTA, el SENAF, hoy inmovilizados, no solo por la pandemia sino también por falta de lineamientos y presupuestos acordes a la situación. Se necesitan hoy y se va a necesitar en el futuro, más esfuerzos y más trabajos en los territorios. Para esto hay que empezar por reincorporar ya a los compañeros despedidos por el Macrismo , que en el caso de la SAF son más de 700, desmantelando la estructura institucional y los equipos territoriales. Hoy es imperativo poner al servicio de las organizaciones, del otro campo, estas políticas públicas. En la SAF dar definiciones precisas como las coordinaciones provinciales, los lineamientos y los medios necesarios, para poder ayudar y acompañar no solo técnicamente sino también en todo el proceso de comercialización de lo que la agricultura familiar produce para enfrentar la pandemia.

Por todo esto desde la Corriente Nacional Mártires López en esta situación de emergencia planteamos:

- Fomentar la creación de los Comités Interdisciplinarios de Crisis en cada estamento gubernamental, nacional, provinciales y por Localidad, que ayuden a resolver no solo la situación sanitaria y de hambre, sino que puedan tomar el tema de la producción y distribución de los alimentos.

- Que en el compre estatal de alimentos se contemple la compra a los Agricultores Familiares locales, y que un porcentaje del presupuesto destinado a la compra de alimentos sea destinada a la compra de producción de la Agricultura Familiar y por localidades.

- Inmediata reincorporación de los Técnicos despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar en todo el País.

- Lineamientos claros para bajar a territorio con acciones concretas que ayuden a fortalecer el sector de la Agricultura Familiar, campesina e indígena en todo el territorio nacional de todos los Organismos del Estado vinculados al sector, garantizando todos los medios de protección sanitarias necesaria.

- Presupuesto acorde a la situación que garantice la movilidad de los técnicos, así como la asistencia financiera para los productores familiares. Creación de un Fondo de Emergencia ante la pandemia del Covid 19, que financie las producciones esenciales para el autoabastecimiento de los pueblos, impulsando la producción Agroecológica.

- Acceso a la tierra, creación de un Banco de Tierras, incorporando las tierras fiscales ya sean Nacionales provinciales y locales, en primer instancia y luego evaluar las diferentes acciones para poder sumar más tierras, dejándolas al servicio para quienes quieran ponerlas en producción, generando miles de chacras de producciones mixtas. Fomentando la Chacra Mixta de autosostenimiento local agroecológica, dando trabajo genuino a miles de desocupados y generando alimento.

- Acceso al agua potable a las familias campesinas y pueblos originarios. Sin agua potable es imposible hacerle frente al coronavirus ya que existen poblados de la Argentina donde el acceso al agua es escaso, necesitando una respuesta urgente de parte del Estado para encontrar una solución para tener acceso a este bien vital

- Asistencia inmediata a los Floricultores y productores de plantas ornamentales, para poder enfrentar la crisis y evitar que desaparezcan, quedando muchas familias sin trabajo.

- Apertura inmediata de todas las Ferias y Mercados Populares en todas las localidades donde los Municipios las han cerrado. Estos eran un lugar de venta directa entre el productor y el consumidor, siendo en su mayoría en lugares abiertos por lo que, tomando todos los recaudos sanitarios necesarios, se puede volver a tener este espacio de comercialización que tanto ayuda a los productores y a las familias de la localidad, apostando siempre al compre local ..

Esta Pandemia está haciendo crujir a la economía mundial, ha puesto en discusión el modelo económico y el modelo de producción de alimentos, generando una discusión mundial de hacia dónde vamos como planeta, si seguimos con este modelo extractivista y contaminante, con el único fin de sustentar al lucro de unos pocos o generamos cambios en pos de un modelo más inclusivo, igualitario, sustentable y soberano, en busca de un Desarrollo Nacional y Popular de nuestros pueblos en su conjunto.

Publicado por Río Bravo el 13 de abril de 2020

Las regionales Gualeguay, Gualeguaychu y Villaguay de la Confederación General del Trabajo (CGT) difundieron un comunicado en el que analizaron la situación del movimiento obrero frente a la ofensiva de despidos de sectores empresarios en el marco de la cuarentena. Analizaron el contexto de debilidad de la economía y de los derechos laborales tras los cuatro años de gobierno de Cambiemos y expresaron su respaldo a las medidas y acciones de los gobiernos nacional y provincial. "Seguro que cuando esta pandemia pase nos dejará más devastados económicamente dado que ya veníamos de una crisis, pero es allí donde cobra valor la política que requerirá de mayor empatía y Solidaridad", afirmaron.

El documento

Parece lejos en el tiempo la situación más desastrosa  en términos económicos, sociales y financieros que vivió nuestra Argentina y que, indefectiblemente, las urnas juzgaron hacia una corrección del rumbo en esta materia.

Ante ello el Movimiento Obrero en su conjunto fue marcando el debilitamiento en la estructura gubernamental en pos de un crecimiento del sector privado como regulador fortalecido en las distintas actividades. Pero también es cierto que desde el gobierno nacional anterior, el deterioro no solo fue eliminar  ministerios y clasificarlos a secretarias, sino también hoy quedan expuestos los desfinanciamientos en todo el ámbito de la salud, infraestructura, equipamiento y la poca valoración al capital humano y profesional de la actividad.

El andamiaje laboral también sufrió el descuido abarcando otros rubros como por ejemplos, la Justicia, abogados y demás sectores de profesiones liberales. Así van quedando expuestos respecto a muchos Convenios Colectivos sin respetarlos mínimamente,  incluso en algunos con fallos denunciados ante la OIT, hoy muestra la peor faceta.

Empleadores que tienen a sus trabajadores a media jornada, otros  hacen abusos a una situación de crisis por ende prefieren despedir trabajadores, algunos más empáticos despiden por una cuestión de costo.

Siempre nos dijeron "nosotros ponemos el capital y  ustedes el trabajo", pero hoy nos dicen que no pueden afrontar los salarios sin trabajar por ende el verdadero generador de recurso es la fuerza del trabajo, sin ella no hay recurso.

El Movimiento Obrero Organizado sabe que venimos de una crisis que comenzó en el 2015, lejos de relativizar esta pandemia y que tampoco ha terminado, inmediatamente respondimos como trabajadores organizados, con SOLIDARIDAD poniendo todo lo que está a nuestro alcance; nuestra gente; nuestros consultorios; nuestras Clínicas; nuestros Hoteles; nuestros recursos; nuestras organizaciones y obra sociales. Porque nunca nos pensamos solos necesariamente lo hacemos colectivamente!

También conocemos del rol de la POLÍTICA, reivindicamos el valor de la POLÍTICA en toma de decisiones  que marcan el rumbo y destino de nuestra Nación y la Provincia,  en ese sentido destacamos la firmeza de nuestro presidente ALBERTO FERNÁNDEZ, de proteger a todos los Argentinos con toda la energía, generando la asistencia de un estado presente protector e involucrado en atender todas las necesidades de su pueblo, desde los más vulnerables y desprotegidos hasta los más ansiosos emprendedores.

En una línea similar nuestro Gobernador Gustavo Bordet, asistiendo y articulando mecanismos para contener las demandas que a diario suenen.

Seguro que cuando esta pandemia pase nos dejará más davastados económicamente dado que ya veníamos de una crisis, pero es allí donde cobra valor la Política que requerirá de mayor "Empatía y Solidaridad", que hay tareas del Estado que son indelegables como la salud y la educación tales que el sindicalismo viene bregando desde siempre.

Los trabajadores somos el motor de la Patria Argentina, la Política es la herramienta para transformarla, juntos con el sector empresarial comprometido en construir una nueva nación para todos, seremos potencia en calidad humana y mejores personas. Éstas Regionales de CGT están a disposición del gobierno provincial cuando así lo requiera y donde nos necesiten.

El escrito lleva la firma de Claudio De Los Santos, Aníbal Brugna y Hugo Retamar, secretarios generales de Gualeguaychú, Gualegua y Villaguay, respectivamente.

Publicado por Río Bravo el 10 de abril de 2020

Los agricultores familiares y los pequeños productores agropecuarios tiene una tremenda responsabilidad en esta pandemia que es alimentar a la poblaciones cercanas a sus chacras, en el caso -como indican muchos voceros- de se agudice más la situación de la infección en las ciudades con el Covid 19.

Los agricultura familiar fue objeto de derecho por varios años en la Argentina; en el 2009 se creó la subsecretaria de Agricultura Familiar y luego se logró el Monotributo Social Agropecuario para que estos productores que vivían en la informalidad, que no podían tener acceso a una obra social y a aportes jubilatorios, los pudieran tener. Además, se creó una red de técnicos que recorrían a lo largo y ancho nuestro territorio, acompañando a las organizaciones de campesinos para crecer y fortalecerse.

En los últimos cuatro años se dio una política de desguace de este organismo del Estado y de toda política que fomentara la Agricultura Familiar, a tal punto que eliminaron el Monotributo Social Agropecuario, pasándolos a todos a Monotributo Social, teniendo que pagar la Obra Social, cosa que antes era a costo cero para el productor, además de despedir a más del 70 % de los técnicos de terreno, muchos de ellos profesionales con varios años de trabajo en el sector.

¿Porque recordar esto en este momento? La idea no es seguir alimentando la grieta, pero sí recordar el por qué se está hoy en el lugar que estamos y quizás pensar en lo diferente que hubiera sido si en estos últimos 4 años se hubieran destinado los fondos suficientes para que la agricultura familiar siga creciendo y que todos los técnicos se encontraran trabajando en el territorio acompañando a los miles de agricultores familiares en todo el país durante esta pandemia.

Hoy la responsabilidad que recae sobre estos agricultores familiares en este momento de pandemia es inmensa, son los responsables de hacer llegar la verdura, frutas, los huevos, la carne a la mesa de cada una de las familias de nuestro país, ya que son los productores de cercanía los que están en los periurbanos, los ejidos, los cinturones de las ciudades y son ellos los que producen y son capaces de llegar con esta producción a cada rincón del país.

Para esto se necesita un Estado presente, un Estado que no sólo garantice condiciones de producción, generando estrategias de fortalecimiento como pueden ser ayudas en insumos, créditos, maquinaria, herramientas; sino también en los procesos de comercialización de estos productos y generando la logística para su distribución.

Estamos seguros que los agricultores familiares se van a poner al hombro esta responsabilidad ya que lo han demostrado sosteniendo las ferias, los mercados populares, los verdurazos y demás acciones que han demostrado el poder de organización que se posee y el alcance que pueden tener.

La tarea que nos va a quedar para cuando salgamos de esta situación y que venimos planteando desde las organizaciones sociales es la incorporación de varios miles más, recreando cordones verdes alrededor de los pueblos y ciudades, cediendo tierras públicas y haciendo ordenanzas que permitan incorporar otras, con desgravaciones impositivas para sus propietarios. En una Argentina con millones de desocupados que no pueden llevar el sustento a su hogar sería una doble medida estratégica generando trabajo y alimentos de forma agroecológica.

En lo inmediato proponemos una primera medida concreta para fortalecer a los productores hortícolas, con un aporte en insumos (semillas, plantines) y tecnologías apropiadas (riego, mediasombra) para aumentar y mejorar la producción de estos productores familiares.

Planteamos la entrega de semillas, plantines, manguera de riego, mediasombra, para los productores que hoy están en plena producción, que estén vendiendo en las ferias o mercados populares de cada localidad, que no posean mas de un empleado (ya sea permanente o transitorio) coordinando con los organismos del Estado nacional, provincial y municipales, así como con las organizaciones de la agricultura familiar de cada provincia o región, para identificar estos productores, entregándose los insumos, apuntando a aumentar en el mediano plazo la producción local y ayudando en la logística para llegar con estos productos en forma rápida y segura a las familias de las ciudades.

Esperamos que los gobiernos nacional, provincial y locales entiendan y den respuesta para poder lograr que miles de pequeños productores y la agricultura familiar de la Argentina den un paso importante, garantizando, como se dijo, el alimento en la mesa de nuestras familias.

(*) Pablo Benetti es Ingeniero Agrónomo e integrante de la Federación Nacional Campesina (FNC) de Entre Ríos.

Publicado en Río Bravo el 31 de marzo de 2020

Por decisión de sus autoridades, el agente financiero de la provincia limitó la extracción de dinero de sus cajeros a los clientes del banco, contrariando disposiciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Trabajadores del Salario Social Complementario se vieron impedidos de percibir su ingreso y sólo pudieron cobrar en algunas localidades luego de reclamos y gestiones de la CCC ante autoridades de la provincia.

Ante la mayor afluencia de usuarios, el Nuevo Bersa restringió en los últimos días el uso de sus cajeros automáticos en toda la provincia. De esta manera configuraron las máquinas para que solo sus clientes puedan extraer dinero.

Esto generó una grave complicación. Miles de personas se vieron impedidas de extraer dinero en el cajero más cercano a su domicilio, teniendo así que elegir entre quedarse sin efectivo para disponer o, en forma obligada, desplazarse contrariando de algún modo el decreto y las recomendaciones del Gobierno nacional que establecen el aislamiento social preventivo obligatorio hasta el 31 de marzo, con la excepción general de compra de alimentos y medicina. Y para ello, en muchos casos, siguen siendo necesarios el billete y la moneda.

Una de las situaciones más delicadas se dio con los trabajadores del Salario Social Complementario (SSC), que perciben su ingreso mensual de 8.500 pesos mediante una tarjeta del Banco de la Nación Argentina.

El SSC es presentado oficialmente como un complemento a los ingresos mensuales de aquellos trabajadores que precisan de la generación de su propio trabajo para subsistir, buscando generar o comercializar bienes y servicios que sirvan de insumo para lograr el sustento del desarrollo propio y familiar. A partir del impulso de cooperativas de trabajo por parte de las organizaciones sociales conocidas como Los Cayetanos -Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Somos Barrios de Pie- y mediante convenios realizados con gobiernos provinciales y municipales muchos de los trabajadores que acceden a este programa vienen realizando pequeñas obras publicas en distintas provincias y trabajo de limpieza y desmalezado, como también otros emprendimientos productivos como ladrillerías, producción de bloques de cemento, panaderías, entre otras iniciativas

Este jueves, al momento del cobro, los trabajadores se encontraron con que el sistema les rechazaba la tarjeta. Según contó a Río Bravo Alejandro Sologuren, de la CCC, en un inicio advirtieron ese impedimento en la ciudad de Santa Elena y ante el reclamo, la respuesta del gerente de la sucursal fue que trasladaran hasta La Paz (¡41 kilómetros!) a cobrar su haber. Esto motivó el enojo y los reclamos de los trabajadores y desde la organización denunciaron la situación ante autoridades del gobierno provincial: “Se llegó hasta la ministra de Gobierno (Rosario Romero) y al de Economía (Hugo Ballay)”, afirmó Sologuren. Luego de las gestiones realizadas lograron que la sucursal Santa Elena destrabara un cajero para la extracción de dinero con tarjetas de otros bancos.

Pero la situación no estaba limitada a Santa Elena y pudieron corroborar que lo mismo ocurría en todas las localidades de la provincia, incumpliendo así la entidad financiera con las disposiciones del BCRA al respecto, que estableció mediante la Circular A-6945 que hasta el 30 de junio “no habrá límites de importe –salvo los que expresamente se convengan por razones de seguridad o resulten de restricciones operativas– ni de cantidad de extracciones. Tampoco habrá distinción alguna entre clientes y no clientes, independientemente del tipo de cuenta a la vista sobre la cual se efectúe la correspondiente operación”.

Accedé a la resolución del BCRA haciéndo clic aquí

“La medida tiene como objetivo que las personas circulen lo mínimo indispensable para contribuir al aislamiento social dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para contener la pandemia de Coronavirus COVID-19”, fundamentaron. Nada de eso pareció importarle a las autoridades del Nuevo BERSA hasta que llegaron los reclamos, aunque todavía en muchas ciudades sigue sin resolverse el problema.

“Es una vergüenza lo que hizo el Banco Entre Ríos. Dice que lo van a ir resolviendo poco a poco, porque ellos habían tomado la decisión de no atender a ningún banco y durante todo el fin de semana largo estuvieron tocando todos los cajeros y ahora lo van a tener que hacer al revés”, cuestionó el dirigente de la CCC.

Ante la severa parálisis que provoca en la actividad económica el inevitable paquete de medidas dispuesto por el gobierno nacional para contener el avance del Coronavirus, el sindicato de las organizaciones sociales (la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) impulsa el otorgamiento de un bono paliativo para trabajadores en negro o del monotributo social.

La pandemia de Coronavirus, que ya suma casi 330.000 casos a nivel mundial, con más de 14.000 víctimas fatales (225 y 4 en Argentina) motivó que la mayoría de los gobiernos de la región a tomar medidas que apuntan a restringir la circulación de personas para evitar la propagación del virus. Estas medidas, aunque resultan ineludibles para evitar un agravamiento mayor de la situación sanitaria, provocan un fuerte impacto para una economía claramente deteriorada por cuatro años de franco retroceso de la producción, el empleo y el poder adquisitivo, sobre todo de los sectores populares.

En este contexto, son los llamados trabajadores de la economía popular, changarines, trabajadores en condiciones precarias o de informalidad -que definen en cada jornada el plato diario de comida- quienes más sufren las consecuencias de la parálisis económica. Es en este marco que la UTEP (el sindicato impulsado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la organización Somos Barrios de Pie) proponen que el Estado nacional otorgue un bono especial de 5.000 pesos a personas que “no tengan trabajo en blanco, no sean jubilados o pensionados, no sean monotributistas comunes (pueden tener monotributo social), no pueden percibir ningún plan social nacional, sean mayores de 18 años, posean DNI y CUIT o CUIL”.

Además, solicitan que no estén impedidos de percibirlo extranjeros residentes en el país y personas casadas con beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo o algún otro plan social. Por el momento, el otorgamiento del bono sería por única vez.

Según manifestaron desde la UTEP, hay conversaciones muy avanzadas al respecto con el Gobierno nacional y las organizaciones llevan adelante un relevamiento “para que el Ministerio de Desarrollo Social pueda canalizar rápidamente este beneficio extraordinario en el marco de la crisis que atravesamos”, indicaron desde la Asociación para la Promoción de los Derechos del Niño y el Adolescente (ADPENA), entidad que colabora con la recolección de información.