Los tributos son pagos obligatorios que puede exigir un Estado a sus ciudadanos con el objetivo de financiar las actividades que realiza y los servicios que presta a la comunidad. Existen diferentes tipos de tributos: los que recaen sobre los que más tienen y más ganan (llamados progresivos), y los que afectan a los que menos tienen y menos ganan (denominados regresivos).

Se considera que un sistema tributario debe ser siempre equitativo, es decir, que el grueso de los tributos sean pagados principalmente por las personas (físicas o jurídicas) de mayor riqueza y mayor poder adquisitivo, y sean cobrados sobre las actividades donde se produzcan mayores manifestaciones de riqueza y de capacidad contributiva, en especial si vivimos en una sociedad donde existen grandes desigualdades sociales.

Lamentablemente en nuestro país, desde la última dictadura militar en adelante, se ha generado un sistema tributario altamente regresivo, donde la mayor parte de los impuestos recaudados provienen de tributos que afectan proporcionalmente más a los que menos tienen y menos ganan. Un ejemplo de ello es el IVA, otro el Impuesto provincial a los ingresos brutos, etc. En ambos casos al impuesto lo paga siempre el consumidor final, aunque carezca absolutamente de recursos.

Como contrapartida, en la Argentina se da el contrasentido que el peso de los impuestos progresivos es sustancialmente menor. Ello beneficia especialmente a los sectores de mayor poder adquisitivo, que aportan proporcionalmente menos al fisco. Un ejemplo de un impuesto progresivo se considera el que grava a las ganancias, ya que debe ser pagado por los que tienen más altos ingresos, y que paradójicamente en nuestro caso ocupa un lugar menor dentro de la estructura de la recaudación.

La situación es más grave aun, pues el llamado Impuesto a las Ganancias es un tributo que debería recaer básicamente sobre la rentabilidad de los propietarios de capital, es decir, ser abonado por los empresarios cuya actividad tiene como fin principal el propósito de lucro. Pero de manera inexplicable, en nuestro país una parte sustancial de la recaudación de este tributo proviene de lo que se les cobra a las personas físicas en relación de dependencia, los trabajadores.

Esto significa que se agrava más todavía la condición de regresividad e injusticia tributaria, puesto que la mayor parte de los impuestos son regresivos (afectan más a los que menos ganan). Y del principal impuesto progresivo que existe, una parte sustancial lo pagan los propios trabajadores.

¡Es el paraíso de los empresarios, su sueño hecho realidad!.

Más irracionalidad

A lo largo de este tiempo se ha ido construyendo un edificio jurídico-tributario que tiene como principales víctimas a los sectores más vulnerables y de menores ingresos de la población, y que beneficia con tratamiento preferencial y absurdos privilegios a las minorías más concentradas y que obtienen mayor rentabilidad en sus actividades.    Para ello, el legislador ha ido otorgando facultades y poderes plenipotenciarios a la AFIP (organismo recaudador), que en lugar de usarlos contra los grandes contribuyentes para que aporten según su riqueza e ingreso, las utiliza de manera brutal e irracional contra los más pequeños (los giles y los perejiles en el lunfardo criollo).

Así, en general, dentro de los estratos empresarios, cuando más reducido es el tamaño de un establecimiento (como las micros y pequeñas empresas), más estará afectado por el peso de la carga tributaria. Y no sólo que se ven obligados a pagar proporcionalmente más, sino que tienen que cumplir con tantas formalidades, que muchos deben dedicar una parte importante de su tiempo para cumplir con obligaciones administrativas que no se justifican. Todo eso profundiza la tendencia natural del mercado capitalista, que promueve de manera permanente la concentración y el mayor beneficio de los grupos empresariales más poderosos.

Pero la irracionalidad con que opera la AFIP ha llegado a límites absurdos, ya que lo que no les exige a los poderosos, comienza a exigir a los que nada tienen que ver con el pago de los diferentes tributos. En los últimos años viene imponiendo obligaciones inútiles a los propios trabajadores en relación de dependencia, dentro de los cuales se incluyen los mismos empleados del Estado en sus diferentes niveles de gobierno.

Es el caso de la Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto sobre los Bienes Personales, que a raíz de una Resolución General del organismo, deben presentar obligatoriamente todas las personas en relación de dependencia que tengan determinados ingresos mínimos, aun cuando nunca por su situación esas personas tengan que abonar ninguno de ambos impuestos.

Doblemente absurdo siendo que según lo dispuesto por la Ley del Impuesto a las Ganancias, si se trata de personas en relación de dependencia, quien tiene siempre la obligación de retener y abonar ese impuesto por la parte que corresponda a su empleado es el propio empleador.

El colmo del absurdo se produce cuando esta exigencia llega aún en los casos de que el empleado en relación de dependencia lo hace dentro del Estado, puesto que no se justifica de ninguna manera que siendo el propio Estado el empleador y el obligado a retener e informar a la AFIP, igual se le exija al trabajador una declaración jurada.

Dado que la gran mayoría de quienes se encuentran en la franja de obligados a hacerlo no conocen acerca de las cuestiones técnicas del sistema tributario y de ambos impuestos a declarar (Bienes Personales y Ganancias), se ven en la necesidad de contratar los servicios de un profesional para cumplir con la absurda, irracional e inútil disposición de la AFIP, lo cual a su vez tiene un costo.

Mientras tanto, mientras millones de giles y perejiles, laburantes de todo el país, trabajadores públicos, que sostienen con su esfuerzo y con sus impuestos la marcha de la economía y el funcionamiento de la sociedad, se ven obligados también a presentar esa declaración; las grandes corporaciones empresarias, las grandes empresas transnacionales y los grandes capitales financieros se benefician ampliamente con las disposiciones legales y reglamentarias de nuestro sistema tributario, que les permite saquear impunemente nuestra riqueza a simple declaración jurada y sin mayores controles, o directamente quedan exentos del pago de numerosos impuestos.

Así, mientras las megamineras depredadoras se llevan puesta la cordillera a simple declaración jurada y con escandalosos privilegios impositivos, mientras las petroleras vaciaron nuestras reservas con similares beneficios; los mal pagos docentes argentinos que sostienen la educación pública y forman ciudadanos, deben cumplir con estas obligaciones inaceptables.

Como lo afirmaba en el título: un sistema tributario para giles y perejiles…