El "HMS Dauntless" es un destructor que porta misiles antiaéreos Sea Viper y cuenta con 752 metros de eslora, espacio suficiente para alojar helicópteros de guerra como el Chinook. El Sea Viper es un misil supersónico capaz de destruir un avión en 10 segundos. El Dauntless está equipado con una ametralladora Phalanx que es guiada por radar y en cada segundo puede disparar 75 rondas. La Marina Inglesa cuenta con 6 buques de este tipo y dispusieron enviar uno de ellos a Malvinas.
“Son colonialistas”, nos señalan mientras mantienen en nuestras Malvinas una impresionante base militar usada por fuerzas de la OTAN como campo de entrenamiento. Ellos, que construirán una base aérea en la Isla de Santa Elena (la segunda colonia británica más antigua después de Bahamas) para que sus aviones lleguen a Malvinas, nos acusan de colonialistas. Su dispositivo estratégico también incluye en nuestro territorio las estancias (unas 30 mil has) y el aeropuerto (habilitado por la Fuerza Aérea) de Joe y Charles Lewis en la Patagonia.
Todas estas medidas del gobierno de Cameron componen una escalada belicista e intimidatoria. Junto al arribo a las islas del principito para realizar maniobras militares constituyen una ofensa a la memoria de nuestros caídos a 30 años de la gesta de recuperación de Malvinas.
Desde hace un tiempo, capitales británicos realizan exploraciones del petróleo en las islas. Extraen un hidrocarburo apto para el comercio y que adquiere mucho valor en el contexto de la declinación de los yacimientos del mar del Norte. Empresas como Osisko, Barrick, British Petroleum, las bancas Barclays y HSBC, son los capitales involucrados en la explotación petrolera en Malvinas.
Pero al mismo tiempo, en el contexto de la crisis galopante que atraviesa la economía de su país, el gobierno de Cameron debe hacer piruetas para justificar los alrededor de 200 millones de libras esterlinas anuales que le implica mantener la base militar en Mount Pleasent.
De acuerdo a los territorios marítimos que se encuentran en disputa y su proyección a la Antártida, los ingleses pretenden robarnos 5 millones de kilómetros cuadrados (nuestro territorio continental tiene la mitad). Es por eso que mantenemos contra Inglaterra el conflicto de soberanía territorial más importante del planeta. No se trata de una necesidad simbólica de ejercicio de soberanía; lo que tenemos en juego y defendemos son aspectos políticos, jurídicos, económicos, militares y ambientales.
Frente a estos hechos, es necesario que el gobierno de Cristina Fernández abandone la mera verborragia y responda con medidas que golpeen al poder económico y político de los británicos en nuestro país. Urge que Argentina desconozca el Tratado de Madrid donde Menem firmó la rendición incondicional de Argentina y por el cual nuestro país - bajo la figura del “paraguas de soberanía” - acepta no discutir nuestros derechos sobre las Islas Malvinas.
La Ley 26.659
El 16 de marzo de 2011 el Congreso Nacional sancionó un valioso instrumento legal que establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Se trata de la Ley 26.659, publicada en el Boletín Oficial el 18 de abril pasado.
El Artículo 2º de esta Ley prohíbe a “toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina y sus accionistas” a “desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina” sin contar con “la habilitación pertinente” por parte de la autoridad argentina competente. Al mismo tiempo, les impide “tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras”, que desarrollen este tipo de actividades sin “la habilitación pertinente”. Finalmente, el mismo artículo prohíbe a quienes carezcan de tal habilitación “contratar y/o efectuar actividades hidrocarburíferas, transacciones, actos de comercio, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría, ya sea a título oneroso o gratuito, con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina”. Esta Ley, cuya autoría corresponde a los legisladores del Movimiento Sur, Pino Solanas, Mario Cafiero y Alcira Argumedo, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras pero aun no fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Nacional.
El principal valor de la 26.659 consiste en que bloquea a los intereses británicos que operan en la Argentina y que son accionistas de las petroleras inglesas que actúan en nuestras Malvinas. Barrick Gold; Gold Corp; M.I.M Holdings Limited; Anglo Gold Ashanti; son empresas mineras constituidas por capitales británicos asociadas a las petroleras inglesas que exploran y extraen en Malvinas: Borders & Southern Petroleum, Desire Petroleum, Falkland Oil & Gas Limited (FOGL) y Rockhopper Explorationy. A ellas se suman grupos financieros y bancos como Barclays ; HSBC; Bank of America; Allianz seguros; Goldman Sachs; City Bank y Credit Suisse, también vinculados a las petroleras piratas.
Cuando esta Ley sea reglamentada, se podrá sancionar a estas empresas con la inhabilitación “por el plazo de cinco (5) a veinte (20) años”, más las sanciones penales correspondientes. Pero además, esta norma establece que si estos grupos poseen concesiones hidrocarburíferas, serán revertidas “al Estado nacional o a los estados provinciales”.
No habrá buena voluntad por parte de un país imperialista que construyó su poderío sobre la base de la rapiña y la piratería. Necesitamos respaldar con hechos propios las actitudes solidarias de los países latinoamericanos. La reglamentación y aplicación de instrumentos como la Ley 26.659; junto a la expropiación de los latifundios de propiedad inglesa son golpes económicos y políticos a la injerencia británica en Argentina. Si se cumple, estaremos acercándonos a nuestro sueño y el de nuestros caídos de volver a Malvinas.
Publicado por Río Bravo el 02 de febrero de 2012

