Desde la década del 90, el juego ha sido botín de distintos empresarios, según las conveniencias políticas de los gobiernos de turno. En la provincia fue Moine quien inauguró el ingreso de los privados al juego con las máquinas tragamonedas. La gestión de Montiel profundizó el camino, aún con la confrontación de los sectores estatales. Lo que siguió con Busti es la perduración de una política que comenzó en los ‘90 sin que alguien se atreviera a pensar con la lógica de Perón; el juego en manos del estado. Con la firma de la resolución N° 1550 el gobierno de Urribarri da el gran paso en la privatización al entregar parte del paño del Casino Provincial de Victoria a manos de un grupo privado, y con la resolución N° 1551 habilita la apertura de una sala totalmente privada a tan solo 200 metros del Casino Provincial de Concepción del Uruguay, emprendimiento que se llevará a cabo en el Mercado 3 de Febrero, a pesar de las múltiples movilizaciones de los artesanos que ocupan el lugar. Miguel Marizza, propietario de “Entretenimientos de la Costa”, firma adjudicataria del Mercado- Terminal donde se llevará adelante el emprendimiento de la nueva sala, es además el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, seccional Entre Ríos, con quien Urribarri confiesa mantener una buena relación.
El gobierno y los funcionarios del IAFAS promueven la privatización aduciendo el déficit que generan los casinos, y que el estado no está en condiciones de hacer negocios con el juego. Cualquier parecido con las argumentaciones del menemismo es pura coincidencia. Pero los números objetivos exponen otra realidad.
Por un lado dan por tierra con los argumentos apócrifos del déficit: los casinos crecieron en los últimos 5 años más de un 30 %. Por el otro, expone las desigualdades en las contrataciones. En el caso de Mautone Daniel, de Casinos Victoria, se queda con el 70% de las ganancias mientras el estado se queda con el 30%, con lo que debe pagar empleados, mantenimientos y pautas publicitarias, entre las cuales se abonan $30.000 a El Diario, $90.000 a Canal 9, $100.000 a Mirtha Legrand, todo a cargo del IAFAS para que la gente venga desde distintos puntos del país a jugar en beneficio del señor Mautone. Con Ferrari, propietario de “Newtronic”, y los tragamonedas adjudicados por Montiel en su último gobierno, ocurre algo parecido. Mientras las ganancias son repartidas en partes iguales, el estado debe hacer frente a los costos salariales, gastos operatorios y el 12 % del IVA.
Tal como están las cosas, hoy el estado se queda con el 100% del juego tradicional y con el 40% de las máquinas tragamonedas mientras el otro 60% es propiedad de empresarios privados. En el 2010, el estado recaudó a través del juego 300 millones y los privados 210 millones.
Si los guarismos resultan a favor del estado, aún en estas condiciones desfavorables de contratación, ¿por qué Urribarri quiere privatizarlo? ¿Obedece solamente al axioma neoliberal de los 90 o hay algo más detrás?
El zar del juego
Silvio Vivas fue incorporado al IAFAS en calidad de Gerente General a partir de febrero del 2008, habiendo sido funcionario en la misma área en la provincia de Buenos Aires desde el gobierno de Ruckauf hasta el 2007. Con el devenir del tiempo sus lazos con el zar del juego, Cristóbal López, fueron creciendo al punto tal que hoy es sospechado de ser su testaferro. Pareciera que con el juego la provincia habrá de correr la misma suerte que con el BERSA. La presión que ejerce el gobierno nacional sobre el provincial termina por imponer sus deseos. Así como Néstor Kirchner le impuso su testaferro bancario Esquenazi a Busti, Cristina Kirchner pretende imponerle a Urribarri (con su consentimiento) su testaferro del juego, Cristóbal López.
En los últimos diez años Cristóbal López talló una fortuna que supera en cuatro a la riqueza de Amalia Fortabat. En los ‘90 contaba con una sola sala de juego en Comodoro Rivadavia, hoy cuenta con 13 casinos con 6.390 máquinas tragamonedas distribuidos en 9 provincias. Sus inicios con Casino Club S.A. teniendo por socios a Héctor Cruz (interventor del Casino Neuquén en la última dictadura) y Ricardo Benedicto (apostador crónico) vieron incrementar su fortuna con la ayuda de Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz. Lo que ocurrió en adelante es la suerte que no tienen los jugadores que visitan sus salas de juego. En diciembre del 2007 Néstor Kirchner prorrogó por decreto la explotación de las 4.000 máquinas tragamonedas que rinde más de un millón de dólares diarios, hasta el 2032. También fue beneficiado con el Casino de Rosario, proyecto concebido por el ex gobernador de Santa Fe, Obeid, y adjudicado por Cristina Kirchner junto a Binner, pese a las críticas manifestadas en los medios de prensa.
Con la privatización, no sólo se busca apoderarse de un enorme negocio con perjuicio social, sino también blanquear el dinero proveniente de la prostitución, el narcotráfico y otros negocios non santos. Un ejemplo claro lo exponían los trabajadores del IAFAS mientras montaban guardia en la carpa: “Vos entrás con un millón de pesos y te gastás todo en fichas, después vas a otra ventanilla y devolvés las fichas, recuperando el millón con un certificado extendido por el casino que blanquea el origen desconocido de ese dinero”. El casino no pregunta por el origen del dinero que ingresa, lo que sí hace es extender un recibo por el dinero entregado, un círculo que se cierra sin dificultades. En un país como el nuestro, con Jaime y su narco aerolínea “Souther Wings”, con el incremento en la trata de blancas y la prostitución en estos años, con el ingreso de capitales sin explicación de origen, se entiende porque no es casual que quienes crecen en el negocio del juego, sean socios de los gobiernos.
Publicado por Río Bravo, el 09 de febrero de 2011.
