El viernes se clausuró la etapa de instrucción, donde la fiscalía debía formular sus requerimientos de elevación a juicio o, como en el caso de Barreiro, el pedido de sobreseimiento.

El empresario está acusado de falsificación ideológica de documento público, delito que prevé una pena de 1 a 6 años de prisión. Irá a juicio oral y público luego de que sus abogados defensores, Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, no se hayan opuesto al requerimiento de elevación a juicio que formuló la fiscal Viviana Ferreyra el pasado miércoles 25 de noviembre, tal como informó oportunamente Río Bravo. El ex jardinero de la residencia presidencial de El Calafate, está procesado en Entre Ríos desde agosto de 2014 porque habría introducido datos falsos cuando se inscribió como proveedor del Estado en la Dirección General de Contrataciones. En rigor, la fiscalía de transición lo acusa de haber ocultado que tenía un cargo en un área que depende del Ministerio de Cultura y Comunicación y así presentarse a una licitación, que finalmente ganó.

El Tribunal de juicio que definirá el futuro de Barreiro saldrá sorteado la semana que viene, posiblemente el miércoles, cuando se retome la actividad judicial luego del fin de semana largo.

La fiscal que pidió llevar a juicio a Barreiro, descartó ampliar la denuncia e imputarlo por negociaciones incompatibles con la función pública, ya que era funcionario y contratista del Estado.

Consultada por Río Bravo, la fiscal de transición Ferreyra explicó: “se estudió la licitación pública y no se encontró mérito. Se cumplió con todos los requisitos y no se daban ninguno de los extremos del tipo para ampliar la calificación”.

Por ello, Ferreyra sólo mantuvo la calificación de falsificación ideológica de documento público, por el que Barreiro fue procesado por el Juez de Instrucción Nº 7 (hoy Juzgado de Transición Nº 4) a cargo de Humberto Franchi y luego confirmado por la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná (integrada por José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Elvio Garzón).

“Sí, es raro, no hubo otros oferentes”

Barreiro fue designado en el año 2012 como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (CEICER), ad honorem, –que dirigía en ese momento Sebastián Lorenzo, su amigo de militancia-. A ese cargo llegó mediante el decreto número 2.693 firmado por el gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. El 13 de diciembre de ese año con el decreto número 3.793, se le asignó viáticos.

En diciembre de 2012 su empresa RP Transportes SA, fue la única que se presentó a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires) a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, el funcionario le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. Su empresa aparece en el Registro de Proveedores con el número 4.711.

El hecho de que no se haya ampliado la denuncia por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, fue un respiro para altos funcionarios del gobierno provincial. Y es que si ello sucedía, una línea de investigación podría haber sido determinar si la licitación fue direccionada por el poder político para beneficiar a Barreiro.

La fiscal Ferreyra insistió en que no se observó irregularidad alguna en la licitación, aunque reconoció que fue “raro” que haya sido el único que ofreció sus servicios.
“Fue revisada toda la licitación pública, porque la contratación se hizo por contratación pública no privada. Se hizo siguiendo las reglas de la licitación pública. Sí, es raro, no hay otros oferentes, pero se publicó en el boletín, fue pública”, argumentó la fiscal que llevó la investigación de la causa desde el 22 de septiembre de 2014, según indicó.

Antes la investigación estaba a cargo del fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, quien imputó a Barreiro por falsificación ideológica de documento público en marzo de 2014.

Ferreyra explicó que fue asesorada por los contadores de la Procuración General, que dirige Jorge Amílcar García, y que luego de revisar la documentación que obra en le expediente se llegó a la conclusión de que “no hubo ninguna irregularidad en la contratación y, viendo desde el punto de vista dogmático y de derecho, no hubo mérito para ampliar a otra calificación”.

Finalmente, Ferreyra indicó que la causa “no tiene peligro de prescripción” ya que el plazo para ello comienza a correr a partir del último acto interruptivo, que fue el requerimiento de elevación a juicio que presentó el 25 de noviembre.

Según la acusadora pública, la prescripción de un delito comienza a correr desde el momento en que se comete el hecho, y después hay actos que van interrumpiendo la prescripción. Uno de ellos es el primera llamado a indagatoria al imputado (en este caso fue en junio de 2014). Ese primer acto suspendió el cómputo de la prescripción y el plazo volvió a correr. El siguiente acto interruptivo fue el pedido de elevación a juicio que se presentó hace 10 días.

Mulet: “un funcionario no puede negociar con el Estado”

La postura de la fiscal de no ampliar la imputación no es compartida por Guillermo Mulet, el abogado que posibilitó que el caso Barreiro llegue a la justicia entrerriana. El letrado fue quien pidió investigar al “ex jardinero presidencial” en mayo de 2013.

En su momento, Mulet solicitó que se investigue la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Lo hizo luego de haber leído los informes periodísticos que dieron cuenta de que el ex jardinero era funcionario provincial y a su vez había participado de una licitación.

En diálogo con Río Bravo, Mulet dio su opinión por la no ampliación de la acusación a Barreiro: “Si es funcionario cómo no va a haber mérito para ampliar la denuncia. Un funcionario no puede negociar con el Estado. Ese sólo mérito es suficiente para ampliar la acusación”, afirmó.

“El sólo hecho de que sea funcionario publico, –continuó- que tuvieran conocimiento tanto las autoridades, el gobernador, el ministro de Turismo, Báez no deben desconocer que él (por Barreiro) era funcionario público. Eso implica una negociación incompatible con la función pública, porque los funcionarios tienen vedado negociar con la administración publica. Ese es el objeto que persigue el tipo penal de castigar a aquellos que siendo funcionarios hacen negocios con el Estado. No entiendo en absoluto que no se pueda ampliar la acusación”.

“O existe una intencionalidad de no investigar y de proteger a determinados funcionarios públicos o existe ignorancia del derecho penal”, concluyó.

Publicado por Río Bravo el 05 de diciembre de 2015