En su último pronunciamiento, Plataforma 2012 lanza una objeción a la reforma del Código Civil. Plantean preocupaciones democráticas que los llevan a "rechazar los procedimientos". E impugnan su "contenido sustantivo" por "razones vinculadas con la justicia social, la ecología y los derechos de los más vulnerables".
En cuanto a lo primero, plantean que "la democracia requiere que los asuntos que afectan a todos sean discutidos y decididos por todos" y critican que, "sistemáticamente", el gobierno kirchnerista "ha procurado decidir por sí solo todos los asuntos de relevancia pública –muy habitualmente" y en casos como éste, "en contra de los intereses mayoritarios".
Para Plataforma 2012, "el Código Civil está llamado a impactar directa y seriamente sobre las instituciones más básicas de la vida en común, durante un largo plazo" y la "desatención" por parte del gobirno nacional ante las fuerzas de la oposición "fue de la mano de su pronto sometimiento frente a las pretensiones de corporaciones y grandes grupos de interés". Califican a esta forma de proceder, además de antidemocrática e inmoral, como "contraria a la Constitución".
El apuro del kirchnerismo por sancionar esta reforma "tuvo como consecuencia primera su negativa a debatir en el Congreso", negativa que se contrapone a la "obligatoriedad de la discusión" establecida en los Arts. 78, 83, 100 y 106 de la Constitución, señalan.
El grupo de intelectuales críticos advierten que las "falllas, sesgos y parcialidades" del nuevo Código Civil "se evidencian en un articulado claramente favorable a muchos de los grupos más poderosos de este tiempo" y entre ellos enumeran a "empresas mineras y petroleras, el gran empresariado en quien el gobierno delegó la gestión de los básicos servicios públicos, o la propia Iglesia Católica".
Lo reformado
Señalan ausencias graves en el Código reformado, como por ejemplo "toda referencia al acceso al agua como derecho humano fundamental", esto "se articula con la actual política de Estado, tendiente a privilegiar la privatización o mercantilización del agua", lo que es demandado por "compañías mineras y petroleras".
Se eliminó también las referencias al "llamado camino de sirga”, que era el modo de garantizar "el acceso público a los ríos, y una manera de preservar los ecosistemas costeros". Ahora, no sólo lo "reduce de 35 a 15 metros", sino que en consecuencia, "se elimina el acceso público a la totalidad de los ríos de nuestro país y con ello, nuevos alambrados volverán a poner límite al uso común de recursos que son de todos".
Apuntan al perfil antipopular del Código, reforzado por "la ausencia de un compromiso claro con la función social de la propiedad"; la "supresión de la responsabilidad parental para la mayoría de las personas privadas de libertad"; el desplazamiento "frente a los derechos de las comunidades indígenas" la mayor apertura al avance de la "la tercerización y precarización laborales" y la limitación de la "responsabilidad de los funcionarios públicos".
Se alarman ante la ausencia de artículos que protejan a "aquellos que han quedado privados de propiedad o habitan en viviendas precarias", en un país que implosionó "en materia de desigualdad y pobreza". En contraste, el Código "se apresura a registrar aquellos cambios que pueden interesar a los sectores más ricos (llámese countries, cementerios privados o tiempo compartido)", denuncian.
Derecho de familia
Contra todos los avances en materia de derecho de familia, el kirchnerismo impulsó modificaciones "ajustadas a las pretensiones de la Iglesia Católica"; éstas están simbolizados "en un art. 19 que considera que la existencia de la persona humana comienza en la concepción".
No obstante ello, reconocen algunos "elementos positivos" en aspectos como "régimen patrimonial matrimonial, divorcio a requerimiento de uno de los miembros, reconocimiento de uniones convivenciales, pleno acceso a la adopción, reconocimiento de distintas identidades de género, matrimonio civil sin discriminación de la orientación sexual", etc.
Una oportunidad perdida
Para Plataforma 2012, el nuevo Código "debiera haberse convertido en el gran instrumento nacional para la regulación de instituciones como la propiedad o la familia" de acuerdo a "las necesidades y requerimientos del nuevo siglo". En cambio, contra "tales esperables tendencias", será la herramienta para "consagrar un estado de cosas conservador e injusto" y está destinado a "consolidar las injusticias y desigualdades que caracterizan hoy a nuestra sociedad", concluyen.
Publicado por Río Bravo el 20 de octubre de 2014.
