“El crecimiento acelerado de los recursos destinados al pago de intereses sobre la deuda, y el aumento del endeudamiento público” son algunos de los aspectos del presupuesto 2015 denunciados por la Audiencia pública contra el pago de la deuda externa realizada el martes pasado en la Cámara de Diputados de la Nación, motorizada por la Asamblea por la Suspensión de Pagos e Investigación de la Deuda.

 El título de la declaración es “Patria o Deuda” y asegura que “el único acreedor es el pueblo”, marcando la diferencia con la dicotomía de “patria o buitres” que difunde el kirchnerismo.

La Asamblea denuncia que el presupuesto 2015 del kirchnerismo, “sin incluir pago alguno” a los fondos buitre y holdouts, “ajusta hacia abajo los recursos dedicados a la política social y laboral, mientras eleva (…) lo que proyecta pagar para servir a una deuda ilegítima e ilegal”. La cifra que el presupuesto destina al pago de los intereses equivale a “un Hospital del Bicentenario por día”, dicen.

Lo que es “una mera promesa de divisas para pagar deuda a corto plazo, y la certeza de mayor endeudamiento y peores condiciones a mediano y largo plazo” es denunciado por la Asamblea como una de las causas de la sanción apurada de “leyes nefastas como la de Hidrocarburos, la de Semillas y la del nuevo Código Civil y Comercial”. En el mismo plano ubican a los convenios secretos con Chevrón y China, a los que califican como “una vil entrega del patrimonio y los bienes naturales de todo el pueblo argentino, y de la jurisdicción judicial”.

Rechazan estas “políticas de ajuste y entrega” al mismo tiempo de denunciar “lo ilícito de seguir pagando una deuda que ha sido condenada por fraudulenta y arbitraria”. De inmediato, desde el texto se reclama al Congreso y al Gobierno “que suspendan todo pago de deuda hasta no quedar establecida su legitimidad y licitud”.

La ley de “pago soberano”

La Asamblea recuerda que hace un mes fue creada por la Ley 26.984 la “Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación”, cuya “inmediata puesta en funcionamiento efectivo” reclaman. En el texto de la declaración exigen que esa comisión sea dotada “del poder, recursos y personal necesarios e idóneos” para que al establecerse “la Verdad del sistema de endeudamiento público, se consolide la Memoria pública al respecto, y se haga Justicia”. Plantean también que las mismas “Memoria, verdad y justicia” que son patrimonio de la “cultura política” del pueblo argentino en lo que respecta al terrorismo de estado, deben establecerse también “respecto del sometimiento económico vía endeudamiento y saqueo de los bienes comunes, contracara inescindible del mismo terrorismo dictatorial”.

Al mismo tiempo critican que la ley declare primero “de ‘interés público’ el pago de una deuda que ha sido condenada en sede judicial argentina” y que recién después de establecer “nuevas modalidades de pago de la misma” disponga crear “una Comisión parlamentaria con el fin anunciado de investigar las irregularidades que pudiera tener”. Denuncian asimismo, “por improcedente y violatorio” del derecho a la información, “la cláusula de confidencialidad” incorporada a la ley 26.984.

Transparencia y participación ciudadana

Todas las acciones de la Comisión Investigadora deberán ser transparentes y publicitadas, exigen y que se haga la denuncia penal y civil “de los responsables de generar, pagar y cobrar una deuda ilegítima”. La Asamblea reclama también “la necesaria participación social y ciudadana en la investigación de la Comisión y la elaboración de sus conclusiones”. Para ello, “deberá buscar, recibir y escuchar, los testimonios y aportes desde los diversos sectores de la población y regiones del país cuyos derechos han sido violentados por acción del sistema de endeudamiento”.

A continuación enumeran quiénes son estos sectores: “el pueblo trabajador, desempleado, jubilado y/o pensionado, las mujeres, los pueblos originarios, el campesinado, los y las jóvenes, la población en situación de calle o sin acceso a una vivienda digna, las comunidades afectadas por la megaminería, las megarepresas, el agronegocio, el fracking, la sobrepesca, la especulación inmobiliaria urbana y rural” y otros megaproyectos vinculados “al sistema de endeudamiento y saqueo”.

La Asamblea finaliza su declaración comprometiéndose a compartir con la Comisión Investigadora Parlamentaria “los resultados de años de investigación, análisis, denuncia y movilización”; monitorear la acción de la Comisión; continuar con el “llamado al pueblo argentino”, al que consideran “verdadero y único acreedor”, para debatir “las causas, las consecuencias y las alternativas” a lo que califican como un “sistema de dominación y saqueo”. También explicitan el compromiso de “movilizarnos por el no pago de lo que no debemos, la sanción de los responsables de los crímenes y violaciones cometidos por el sistema de endeudamiento y la restitución y reparación de lo que hemos sido obligados a pagar indebidamente”.

La actividad fue convocada por la Asamblea por la Suspensión de Pagos e Investigación de la Deuda y por la Defensa del Patrimonio Nacional y los Bienes Comunes y contó con la participación como oradores del premio Nóbel Adollfo Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo (LF) Nora Cortiñas, el embajador Miguel Ángel Espeche Gil, los legisladores Gustavo Vera y Pablo Bergel, el pastor Ángel Furlan, los diputados del FIT Néstor Pitrola y Pablo López, el ex embajador ante el Vaticano Carlos Custer, Beverly Keene de Diálogo 2000 y los secretarios general adjunto de ATE Hugo Godoy y CTA Ricardo Peidro. El documento de la asamblea fue leído por Julio Gambina, director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA.

Leer la declaración completa en el blog del Foro de la Deuda 

Publicado por Río Bravo el 17 de octubre de 2014.