Las crónicas oficiales exaltaban en 2012 el sueño de exportación de maquinas agrícolas que iban a ser construidas 100% en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en Concepción del Uruguay.

Fueron Cristina Kirchner y Urribarri los que inmortalizaron, por cadena nacional, lo que será recordado como, ni más ni menos, un papelón: hablamos de la foto de 2012 de la presidente y el gobernador trepados en un prototipo de cosechadora, denominada Maag Mitos (valuada en más de 300 mildólares), que tenía como destino Angola.

Pero para llegar a la postal hay que buscar en el archivo. Todo comenzó en 2009 cuando el Grupo Senor, se reunió en la Casa de Gobierno con el por entonces vicegobernador entrerriano, José Eduardo Lauritto. Aquella vez los empresarios presentaron un proyecto de “inversión” para dar trabajo en la provincia con la instalación de la empresa en estas tierras. Querían construir cosechadoras y para ello necesitaban de la mano del Estado, es decir, el dinero de los entrerrianos.

En agosto de ese mismo año, Lauritto mantuvo otro encuentro con los empresarios, esta vez acompañado por funcionarios provinciales y del municipio de Concepción del Uruguay. El objetivo era lograr que la firma se instale en esa localidad.

Luego, en noviembre, el gobernador Urribarri recibió a un representante de la firma para definir la radicación de la fábrica de cosechadoras en La Histórica. En la audiencia también se habló de la financiación.

Antes de que finalice el mes los aportes económicos de la provincia para la empresa ya eran una realidad. El primer préstamo llegó el 18 de noviembre de 2009 cuando Urribarri firmó un decreto con el que otorgaba a “B.S.V. SA, del Grupo Senor” un préstamo de 574.500 pesos provenientes del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (FINVER). En los papeles se dejó en claro que el gobierno provincial a través de la Secretaría de Producción y el FINVER controlarían la marcha de la gestión y el uso del crédito. 

En tanto, en junio de 2010, ante el gobernador Sergio Urribarri, se firmó el convenio entre el municipio de Concepción del Uruguay y el Grupo Senor.

En febrero de 2011 el jefe del Ejecutivo firmó un nuevo decreto asignando a Grandes Máquinas SA un crédito por 4,5 millones. 

En octubre de 2011 el director de Grandes Máquinas SA, Ricardo Senor, hablaba ante las cámaras de televisión sobre la instalación de la fábrica en Concepción del Uruguay y esto decía ante la consulta sobre por qué tardó en ubicarse la empresa: “demoró mucho por toda esta formación de la sociedad –se refirió a Grandes Máquinas SA-. Reunir los capitales demoró un tiempo que por ahí había gente que creía que era algo que no lo estábamos haciendo. Hoy demostramos que estamos haciendo todo el proyecto que habíamos prometido”.

Anuncios cuesten lo que cuesten

El año 2012 comenzó con anuncios grandilocuentes sobre el sueño de exportación de maquinas agrícolas. El Estado entrerriano ya había puesto capital del FINVER para el emprendimiento, pero no sería suficiente.

Una semana después de la foto de Cristina sobre la Maag Mitos –el 12 de marzo de 2012-, el mandatario entrerriano firmó otro decreto –del 19 de marzo- por el cual se le otorgaba un nuevo crédito a Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA, esta vez por 1 millón de pesos. 

Tras aquel evento el periodismo hizo lo que tenía que hacer: investigar e informar. Y comenzaron las preguntas. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? ¿Cuándo se formó? ¿reciben financiamiento del Estado? ¿Cuál es el estado de las cuentas del grupo empresario? Entre otras.

Las respuestas no tardaron en llegar. La empresa “Grandes Máquinas Concepción del Uruguay S.A.” la constituían tres socios radicados en Córdoba: Ricardo Senor, su hijo homónimo y el contador Sergio Scravaglieri. A la firma la crearon en diciembre de 2010, meses antes de ponerse a fabricar el prototipo de cosechadora y luego de mantener contacto con funcionarios entrerrianos –que lo venían haciendo desde 2009-.

También se conoció un antecedente que hablaba de la “confiabilidad” del grupo: en 2008, y a través de otra empresa controlada llamada BSV SA –que aparece en los decretos entrerrianos-, se montó una escena similar en Formosa. Allí recibieron dinero del Fondo Fiduiciario Provincial (Fonfripo) para un emprendimiento que no concretaron.

Además saltaron las deudas y maniobras con cheques sin fondos (al menos 106).

Ante los hechos que comenzaron a ser denunciados por periodistas entrerrianos y de medios nacionales, en abril de 2012 el bloque de diputados provinciales del GEN-FAP presentó un pedido de informes sobre el tema en la Legislatura. En rigor pidieron conocer “los montos otorgados en concepto de créditos, prestamos y/o subsidios así como cualquier otro tipo de transferencia de recursos realizada en beneficio de las firmas: BSV Senor, Grupo Senor, Grandes Máquinas Concepción del Uruguay S.A., S Consulting, Ups Management y/o Business Hub, desde 2009”. Nunca obtuvieron una respuesta. 

El 29 de abril las sospechas sobre la empresa y las ventas de cosechadoras que no estaban construidas son ventiladas en el programa de Jorge Lanata. "Ratificamos que Grandes Máquinas, firmó una carta de intención de venta de 18 cosechadoras, tolvas y plataformas en la República de Angola, durante la misión comercial organizada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación”, fue la respuesta al programa de uno de los directivos de la firma, Ricardo Senor, según publicó Tiempo Argentino. El 6 de mayo se emitiría otra parte de la investigación.

Junio de 2012 llegó con el embargo de los bienes del galpón que la empresa tenía en La Histórica. Fue por la denuncia de uno de los tantos proveedores a los que le pagaron con cheques sin fondos.

Denuncia

En agosto de ese mismo año el abogado Guillermo Mulet –el mismo que denunció que el jardinero K, Ricardo Barreiro, que siendo funcionario entrerriano fue contratado para dar un servicio de transporte-presentó una denuncia ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge García, para que se investigue la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública por parte de funcionarios del Gobierno provincial y de Ricardo Senor, titular de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA.

Imputados

A raíz de la denuncia de Mulet, los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Bohl fueron imputados por presunta defraudación al Estado.

La responsabilidad de los funcionarios

A pesar de que el abogado penalista denunció que se investigue a empresarios y funcionarios, la justicia sólo fue por los privados. Según los decretos firmados de puño y letra por el gobernador entrerriano, hay un grupo de funcionarios que debía controlar el destino de los créditos otorgados a la empresa de las cosetruchas. Entre los responsables se cuentan a Roberto Schunk, ministro de la Producción de la provincia; Mabel Solanas, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver); y Roque Marcelo Agosti, actual vocal a cargo del organismo.

El gobierno mantuvo siempre su línea de acción: el silencio. Ni una palabra de un funcionario responsable de controlar el uso de los créditos, ni siquiera de Urribarri. Tampoco hubo comunicados oficiales.

Luego pasó todo el 2013 y el gobierno sólo centró sus esfuerzos en catapultar a Urribarri a la Nación. Para ello se montó la versión de una Entre Ríos prospera, con trabajo, con empresas operando sin dificultades, con trabajadores registrados. Sin problemas sociales.

El 2014 llegó con un baldazo de agua fría para la administración de uno de los presidenciables del kirchnerismo. Y es que el juez en lo Civil y Comercial de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, dispuso la quiebra de la empresa Grandes Máquinas SA el 14 de marzo en el concurso preventivo de acreedores que había sido solicitado por la propia empresa en ¡¡¡octubre de 2012!!!

El escándalo fue nacional. Recorrió todas las tapas de los diarios impresos y digitales. Ocupó espacio en las columnas políticas de los programas radiales y televisivos. Las redes sociales eran un hervidero.La imagen común con la que todos los medios ilustraron las crónicas, fue la de Cristina Kirchner y el gobernador K que “cosecha” respaldos de la órbita del kirchnerismo más duro. Aquél al que poco le importa lo que se haga con los dineros públicos. El que avala el ocultamiento y la farsa.

El 5 de abril de 2014, el gobierno entrerriano culminaría con un silencio de años. A través de un comunicado intentó desligarse de la situación arguyendo que “la Provincia fue damnificada en este caso”. En ese marco se indicó que hay una investigación administrativa: “El eventual daño fiscal lo evalúa en Tribunal de Cuentas de la Provincia en el Expediente 610-2012 ‘Empresa Grandes Máquinas SA - préstamos concedidos a través del Finver’. Es decir, las responsabilidades emergentes por este fallido asunto están siendo evaluadas por órganos independientes tal como es tradición en nuestra provincia”.

El Tribunal de Cuentas de la provincia que estudia lo sucedido será presidido en poco tiempo por Guillermo Smaldone, quien actualmente es Ministro de Trabajo y es hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Ramón Smaldone. Todo queda una vez más en el círculo cercano del gobernador.

Deudas con el Estado

Según publicó Página Judicial, entre una larga lista de acreedores, la principal deuda de la empresa de las cosechadoras es con el Estado entrerriano. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) exige el pago de 778.000 pesos y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) reclama una deuda de 250.000 pesos; mientras que el Ente Autárquico Puerto Concepción del Uruguay presentó documentos por 56.000 pesos en concepto de alquileres impagos por el galpón que utilizaba la empresa en la ciudad del su entrerriano. La garantía del pago de los créditos del Finver eran los socios y el seguro de caución era del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). Es decir, el propio Estado entrerriano.

Voces

Luego de conocerse la quiebra de la empresa de las “cosechadoras”, Río Bravo dialogó con el diputado provincial Lisandro Viale, uno de los legisladores que pidió al Ejecutivo que informe sobre los criterios con que se dieron créditos a una empresa ya de por sí casi quebrada. “Sería bueno que alguna vez en esta provincia y país se haga justicia”, dice el socialista.

Y pide que se avance con los responsables del Estado: “creemos que el avance que hizo la justicia respecto de la quiebra de esta empresa es muy positivo. Pensamos que no sólo hay que investigar a los pseudos empresarios, ya que en realidad son estafadores del Estado, sino también a quienes le otorgan este crédito sin ningún tipo de control. Deberán responder el Ministro de Producción y el propio gobernador que tiene estampada su firma en el otorgamiento de este crédito”.

Por su parte el abogado que denunció las irregularidades en la justicia, Guillermo Mulet, recordó que: “tomo la posta –en el caso- a partir de las investigaciones periodísticas y presento una denuncia penal a los fines de incentivar al Ministerio Público Fiscal a que investigue la posible comisión del delito de defraudación a la administración publica con la participación de particulares y funcionarios. Hasta el momento sólo se imputó a los particulares, aquellos que supuestamente iban a fabricar las cosechadoras. A partir de la quiebra decretada entiendo que se debería abrir de manera urgente una investigación hacia los funcionarios público que participaron en estos hechos”.

El letrado entiende que los funcionarios descuidaron el control sobre el destino de los préstamos provinciales y que ello posibilitó que se lleve a cabo la defraudación al Estado. “Hay una responsabilidad por omisión de parte de los funcionarios”, explica.

Mulet es uno de los abogados que denunció dos casos de resonancia en la provincia, el del jardinero K y el de las cosechadoras. Profesor de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y disertante en cuanto panel organiza el Colegio de Abogados de Entre Ríos, sólo expresa que hizo su deber de ciudadano. “No soy ejemplo de nada hice lo que tenía que hacer, lo puede hacer cualquier persona. Cuando uno ve situación como estas tiene que presentare, golpearle la puerta a los fiscales y decirles ‘acá posiblemente se esta cometiendo un delito’. Es lo que pasó. Si uno no denuncia y los fiscales no se mueven esto queda en la impunidad”, cierra.

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Publicado por Río Bravo el 08 de abril de 2014