Lunes, 08 Mayo 2017 10:27

El ajuste en el Cuarto Poder en Paraná

Escrito por Ramiro García

 

Cuatro despidos en canal 9 y seis en diario UNO, junto al incumplimiento crónico en el pago de sueldos en El Diario vuelven a mostrar la precarización laboral de los trabajadores de prensa.

Dos hechos que ocurrieron con pocos días de diferencia volvieron a demostrar la precarización en las condiciones laborales de los trabajadores de prensa en Paraná y que los mismos son variable de ajuste. Fueron cuatro despidos en canal 9 y seis en diario UNO, que se suman al incumplimiento crónico en el pago de sueldos en El Diario. No son casos aislados, sino síntomas de una realidad que -paradójicamente- poco sale en la tele, el diario, la radio y los portales de noticias.

"Cuando me dijeron que estaba despedida se me nubló todo, dejé de escuchar lo que se estaba diciendo. No estamos entendiendo bien. Estábamos en blanco, recibíamos sueldo, vacaciones, aguinaldo. Nos gustaba lo que hacíamos, estábamos cómodos. Si nos preguntás, seguro te decimos 'queremos volver'". Son las palabras de una de las periodistas despedidas por el 9 Litoral en Paraná el 21 de abril.

Canal 9: "no son los únicos y no van a ser los últimos"

Como dijimos, dos hechos sintomatizaron otra vez la realidad del sector. Canal 9, alegando que 'no le cierran los números', decidió echar a cuatro trabajadores  de su portal de noticias online, el 9 Ahora. En rigor, son tres despedidas y un despedido. Dos se desempeñaban como periodistas del sitio y dos como diseñadoras gráficas. Los casos se suman al retiro "voluntario" de uno de los locutores del canal en diciembre pasado, un hombre con muchos años de experiencia y antigüedad en la empresa. Son manifestaciones de lo que los propios gerentes en Paraná reconocen como una "crisis".

Los trabajadores y trabajadoras del canal y el sitio de noticias comenzaron a notar indicios de ajuste el año pasado: se recortó la inversión en viandas, se terminaron las horas extras, se demoró el arreglo de la señal satelital para los móviles exteriores, y cuando se arregló -ahorrando gastos- quedó con baja definición; incluso en octubre la empresa dejó de pagar a sus empleados la obra social, aunque "ahora aparentemente andaban", como comenta a RÍO BRAVO la trabajadora cesanteada, que pidió reserva de identidad.

"Según lo que nos dijeron, el portal estaba dando números en rojo, tirando a pérdida y en la cuerda floja", repasa. Ese día, cuando citaron a los cuatro futuros despedidos a la oficina de la apoderada legal del canal, el mensaje fue contundente: "las condiciones no son las mejores y vamos a disponer de su trabajo. El canal está en crisis. No son los únicos y no van a ser los últimos. Esto va a seguir". Según el relato de la periodista entrevistada, la empresa los tenía 'marcados': los criterios de despido eran tener poca antigüedad, vivir con los padres, no tener hijos y no ser afiliados al SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos).

El sindicato, por cierto, tuvo un rol confuso en medio de la conmoción que generaron las cuatro exoneraciones. Organizó una asamblea en las instalaciones del canal -que fue "masiva", indica la entrevistada- pero allí informó a los trabajadores que no podía hacer nada por los cuatro casos en cuestión ni por ningún otro periodista que eventualmente sea echado. "Los que están afiliados al sindicato no se tocan", sentenciaron los dirigentes, en presencia de empleados agremiados y no agremiados al SATSAID. 

Pese a la renuencia de los dirigentes televisivos que se hicieron presentes en la asamblea, los periodistas y empleados de otros sectores debatían posibles medidas de acción en repudio y alerta por los despidos. "La gente del área periodística tenía un montón de propuestas: reducir horas de trabajo y mantener a todo el equipo, hacer visible el conflicto mediante alguna protesta... Los que se negaron fueron los del sindicato. Decían que no era el momento, que las aguas estaban muy caldeadas. El sindicato sabe más de lo que dice", concluye la trabajadora consultada para esta nota. 

Las posibilidades de reincorporación de ella, las demás despedidas y el despedido son prácticamente nulas: en medio del shock, firmaron un acta que los gerentes no les permitieron leer y acordaron cobrar la indemnización correspondiente.

La debacle del papel y el ajuste sobre los gráficos

El otro hecho ocurrió cinco días después y consistió en seis despidos y un retiro. Fue en la planta de impresión del diario UNO Entre Ríos, ubicada en Almafuerte 4801 de la capital provincial. El grupo América, propietario de la firma, envió a Paraná a su asesor legal Carlos Waigandt muñido de 3 millones de pesos para negociar las indemnizaciones de seis dependientes cuyos puestos de trabajo ya estaban destinados a "ahorrarle costos" a la empresa. UNO pertenece al mendocino Daniel Vila, dueño de señales nacionales como América TV, radio La Red y A24 y de decenas de medios provinciales. El séptimo despido fue en realidad una jubilación anticipada a un empleado gráfico que estaba próximo a acogerse al beneficio.

En la planta de avenida Almafuerte eran 23. Ahora quedaron 16: nueve en maquinaria y tres en fotomecánica -los 12 afiliados al sindicato gráfico- y cuatro en expedición (del Sindicato de Prensa de Entre Ríos, un protagonista mudo e invisible en el tema de la nota), además de cuatro empleados de mantenimiento (también afiliados a Gráficos). "El sector gráfico periodístico está en un declive que no sé cómo va a terminar. La tendencia en los medios gráficos es a desaparecer. Es una situación muy grave, porque los costos de la impresión son sumamente elevados comparados con las noticias online", advierte a RÍO BRAVO Javier Gariboldi, de la Comisión Directiva del Sindicato Gráfico de Paraná.

El dirigente precisa al respecto la poca cantidad de ejemplares que los dos diarios de la capital entrerriana vienen imprimiendo en los últimos años. La tirada de El Diario está en 3.000 ejemplares en días hábiles y 5.000 los fines de semana; la del UNO, 5.000 los días hábiles y 16.000 los fines de semana. "Hace entre tres o cuatro años el UNO tiraba 25.000 los fines de semana", grafica Gariboldi. El sector hizo algún que otro intento para mejorar la situación pero no lo consiguió: "nos hemos reunido con los directivos de El Diario para ver si podemos tener alguna medida del gobierno, por ejemplo imprimiendo folletería, pero sin respuestas. Incluso nos reunimos con (el gobernador Gustavo) Bordet, pero nada", lamenta.

El Diario: a la tradición periodística se suma la de lucha

Hay otro medio, el más tradicional de la ciudad y quizás de la provincia, cuyo ajuste sobre los trabajadores se ha vuelto crónico desde hace unos cinco años, así como lo viene siendo la visibilización del conflicto por parte de ellos. El Diario no cumple con el pago en tiempo y forma de los salarios y lo hace fraccionándolos en tres, cuatro y hasta cinco cuotas, sin precisar nunca cuándo va a efectivizarse. La realidad de los empleados -periodistas, gráficos y administrativos- es grave y últimamente han decidido autofinanciarse con iniciativas como una feria americana ("La Leonor", en irónico homenaje a una de las propietarias de la centenaria gaceta paranaense) y una venta de locro. Acciones que hacen, a su vez, a la protesta.

Hay por lo menos tres irregularidades más: la falta de pago de un retroactivo que abarca desde septiembre a diciembre del 2016, que se generó al renovarse la paritaria de Prensa a fin de año y equivale a un 65% del sueldo; el incumplimiento de los aportes en tiempo y forma a las distintas obras sociales de los empleados; y la retención de la cuota alimentaria a un grupo de ex esposas de trabajadores. Desde septiembre del año pasado la empresa se queda con la parte del sueldo que por ley corresponde a los respectivos hijos. 

Silvio Méndez, miembro de la Redacción e integrante del Sindicato de Trabajadores de Prensa y Comunicación de Entre Ríos (SETPyC), ilustra a RÍO BRAVO las perspectivas que tienen hoy en El Diario. Por un lado, advierte que el Estado provincial evade su responsabilidad en el conflicto. "Ha sido indulgente con la empresa", sintetiza. "Lo que nos queda es la vía judicial o el reclamo público, que es lo que puede llegar a conmover a los socios. Pero la Justicia tiene otros tiempos que no son los que necesitamos para cobrar los sueldos en el mes como corresponde", explica Méndez.

También han sobrevolado distintas ideas para solucionar el vaciamiento de El Diario, como convertirlo en una cooperativa, pero, según el redactor, por el momento no hay condiciones para concretarlas. "Se ha hablado de pedir que se haga de utilidad propia, que se expropie, hacer una cooperativa o tomar la empresa. Por ahora no están dadas las condiciones, pero cuando se den se irá a plasmar alguna de estas ideas. Seguramente no va a haber un acuerdo unánime, pero se verá en el momento", indica Méndez. 

Desde hace al menos siete años, no se puede hablar de la situación del matutino parananese y soslayar lo que el periodista consultado describe como "la intervención política de la línea editorial". El gobierno de Sergio Urribarri, a través de empresarios aliados, compró la mayoría del paquete accionario -que pasó por varios manos y hoy la ostenta Ramiro Nieto- y subordinó la línea del centenario medio a las directivas de la prensa oficial. "Ha coadyuvado a la pérdida de lectores. El producto se hace poco creíble si hay una tendencia muy marcada y que no es explicitada", dijo Méndez. Consultado sobre si la política editorial ha mejorado desde que Urribarri le dejó el sillón de Urquiza a Bordet, el periodista considera que no: "es evidente que el dueño sigue siendo el mismo", sugiere.

Precarización

Hay un conjunto de características de las condiciones laborales de los periodistas en Paraná que las convierten en precarias. La mayoría de los mismos no está 'en blanco' (en relación de dependencia comprendido en el Sistema Integrado Previsional Argentino), sino 'en negro', es decir al margen de la ley y de la regulación de sus derechos y obligaciones. Existe un estadío intermedio entre ambas situaciones que es el del periodista monotributista: un atajo para varios empresarios, que incluye al trabajador de prensa en los márgenes de la ley pero de forma falsa, ya que en los hechos su relación con la empresa es de dependencia. 

La negritud laboral de los periodistas tiene como consecuencia otra de las principales debilidades de sus condiciones de labor: muy pocos están contemplados en el convenio colectivo de trabajo correspondiente, el 541/08 de Trabajadores de Prensa, que establece el régimen correcto de contratación, pago y prestación de tareas para el sector. En este punto hay que advertir que los trabajadores técnicos en los medios de comunicación tienen otros acuerdos que rigen según su rama: televisión, radio, gráfica. Pero en todos los medios -diarios, revistas, TV, radio, sitios digitales- quienes ejercen las tareas periodísticas son periodistas. Y hay un convenio que los abarca. O debería abarcar.

Muchos, totalmente privados de ley, cobran directamente todo en negro y muchos otros son incluídos en otros convenios: otra trampa de los propietarios de los medios. "No se paga con relación al convenio de periodista. Hay radios FM que pagan a los trabajadores como empleados de comercio y lo mismo hacen canales de TV. También es precarización: trabajar pero no en condiciones laborales de acuerdo a convenios vigentes para el sector", explica el secretario General del SETPyC, Simón Volcoff, que trabaja en la radio estatal LT 14. Tampoco estar regido por el convenio 541/08 es una garantía total, como lo evidencia el caso de los trabajadores de El Diario.

La secretaría de Trabajo: ciega, sorda y muda

Por lo que se deduce de los testimonios recabados, hay dos deficiencias claras en el rubro cuyos responsables son los empresarios y el Estado. Méndez afirma que, como muestra del 'vaciamiento' de la firma, "hay una desidia empresarial que hace que la empresa esté a la deriva por decisión de los socios. No les interesa generar una ganancia". Volcoff ve algo parecido: la "falta de proyección de las propias empresas hacia el futuro. No se ve un horizonte, cómo hacer viable las firmas", explica. Desinterés. Entonces, "más fácil es reducir y la variable de ajuste siempre son los trabajadores", agrega el titular del gremio de prensa entrerriano.

Al mal desempeño empresarial se suma el estatal. La cartera responsable es la secretaría de Trabajo, que encabeza Oscar Balla. Entre sus funciones, el organismo admite que debe: "proteger, impulsar y promover el empleo y el trabajo decente"; "difundir  la legislación laboral, controlando el efectivo cumplimiento de la norma"; "entender en todo lo atinente a las relaciones laborales en el ámbito público y privado"; "intervenir en la protección integral del trabajador, en el ejercicio de la Policía del Trabajo y en la promoción y perfeccionamiento de la Legislación Laboral", entre otras obligaciones.

Sin embargo, según las opiniones de los trabajadores de prensa, la oficina no parece honrar al pie de la letra su tarea. "No ha hecho mucho por solucionar la situación. Tiene herramientas -multas, intimaciones, inspecciones-, que ha retaceado, y ha sido indulgente con la empresa", asegura Méndez. Volcoff, asimismo, observa que "falta acompañamiento. Hay una dificultad de años de la secretaria de Trabajo y del ministerio de Nación, que funcionan como escribanías: facilitan que las partes se reúnan, pero pocas veces aportan a la solución". En el mejor de los casos, el Estado provincial sanciona a los empresarios con multas por incumplimientos. "Que no son la solución al conflicto. A nosotros nos interesa que les paguen el salario a los trabajadores", cuestionó el secretario General del SETPyC.

Tareas pendientes

El ajuste sobre el sector, expresado tanto en despidos como en el manoseo de salarios y la precarización de contratos laborales, no está aislado del contexto provincial y nacional que afecta a la clase trabajadora en general. Pero no es una situación nueva. "Los despidos se profundizaron en esta etapa quizás por la problemática de la economía a nivel nacional. De todas maneras, venían desde hace años, a modo de goteo: un mes uno, a los dos meses otro", ejemplifica Volcoff. En los últimos años, la radio donde se desempeña, LT 14, ha sido otro de los medios envueltos en protestas contra cesantías y recortes. El Diario es otra muestra. Méndez reseñó que "el pago fraccionado podríamos remontarlo a 2015. Desde ese año se constituyó en algo crónico: empezamos a cobrar en dos, tres veces, y se agravó esa situación: el último sueldo lo cobramos en cinco veces".

El contexto actual y las prácticas de flexibilización laboral que rigen -muchas veces naturalizadas- en redacciones y estudios de televisión y radio encuentran al sector de los trabajadores periodísticos en una situación que merece reflexión. Persisten una dispersión y una falta de práctica sindical que dificultan hacer frente o mejorar las condiciones, lo cual se agudiza con el incumplimiento de los convenios en las empresas y la consabida anuencia de la secretaría de Trabajo. "No estábamos bajo ningún convenio, por eso el sindicato no pudo hacer nada", explica, por ejemplo, la periodista despedida de canal 9.

El redactor de El Diario, Silvio Méndez, ofrece un diagnóstico crítico. Aunque advierte que "uno no puede juzgar mucho más de lo que uno participa", señala que "no vemos una solidaridad de trabajadores de prensa. Hay una cierta inmovilización. Un medio despide gente y los sindicatos con participación en ese medio no vemos que pongan el grito en el cielo". 

La conducta de los periodistas de El Diario irrumpe en ese escenario de desmovilización. "Nosotros estamos en un ejercicio de lucha que viene de 2012 más o menos. En El Diario hay movida, pero porque venimos de años de activismo", evalúa el periodista, ofreciendo tal vez un ejemplo a seguir para enfrentar las realidades que RÍO BRAVO hoy contribuye  a denunciar.

 

Publicado por Río Bravo el 08 de mayo de 2017

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