Sábado, 15 Junio 2019 10:32

El ocaso del “republicanismo”

El juez federal Alejo Ramos Padilla concursó para una vacante en el Juzgado Federal de primera instancia nº1 de La Plata, juzgado clave por ser de competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Quedó primero en el concurso. El gobierno de Macri lo salteó y, trapisondas varias mediante, envió el pliego de quien quedó detrás en el concurso pero que le es afín políticamente.


En el Consejo de la Magistratura, el senador Miguel Ángel Pichetto ocupa un lugar por la “oposición”, por el PJ. El senador, que le prometió a Macri y a sus socios en su último viaje a EEUU, “la cabeza de Ramos Padilla”, renunció al bloque del PJ y oficializó su pase al oficialismo. Pero a su lugar en el Consejo no se lo entrega a quienes les corresponde. Exactamente lo mismo ocurre con la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

En el juicio a López (el de los bolsos, ¿recuerdan?), todo fue amplificado, difundido y festejado, menos, justamente, el juicio en sí. ¿Por qué? Porque podría ventilarse allí (aunque al tribunal el tema nunca le interesó) de dónde venía los famosos millones de dólares de los famosos bolsos. Y esa información, qué sorpresa, podía perjudicar a unos cuantos empresarios aliados y funcionarios del gobierno nacional.

Quienes se llenaron la boca, golpeándose el pecho, hablando de instituciones, respeto, republicanismo, división de poderes, transparencia, y democracia; ¿no piensan decir nada al respecto? ¿Era todo chamuyo? ¿Ni siquiera para diferenciarse y decir “hasta acá llegamos”, “en ésta no bancamos”?

¿O será que no hay contradicción alguna y, en realidad, el paquete entero de las políticas de Macri necesita de estas trampas para funcionar?

 

La imagen es del Página 12: juega con la idea de Pichetto como el Frank Underwood argentino, en referencia al personaje de la serie yanqui House of Cards.

Publicado por Río Bravo el 15 de junio de 2019.

Publicado en Noticias clandestinas
Domingo, 02 Junio 2019 09:42

“Aunque sea de casualidad…”

“Habrás escuchado hablar de movida o aunque sea de casualidad” de la causa que lleva adelante Ramos Padilla por espionaje ilegal, entre otros delitos. Así abría el periodista Jorge Lanata el bloque principal del programa Periodismo Para Todos del pasado domingo 26 de mayo, bajándole el precio con tono despectivo a la investigación en curso. La causa, “que habrá que ver cómo sigue a partir de mañana”, también dijo Lanata, es el blanco principal del aparato mediático, político y judicial de Cambiemos, y no es “casualidad” que el periodista ultraoficialista se refiera en esos términos a la misma.

La causa de Dolores

¿En qué consiste la causa que investiga el Juez Federal Alejo Ramos Padilla, desde Dolores? A partir de pruebas de diversos tipos, surgidas de escuchas telefónicas, allanamientos, declaraciones de víctimas, testigos y de los propios investigados, el juez busca alumbrar y desbaratar el accionar de una banda dedicada al espionaje ilegal, el armado de causas y el plantado de pruebas como herramientas de persecución política y venganzas personales, extorsiones y chantajes de diversa índole.

Entre los principales sospechosos de hacer andar esta maquinaria están el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, y aparecen mencionados nombres como los de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la diputada nacional Elisa Carrió y su compañera de bancada de ARI - Cambiemos, Paula Oliveto, entre otros. Casualmente, estos últimos nombres forman parte de la primera línea de los abanderados de la “cruzada anticorrupción” que supuestamente el gobierno nacional lleva adelante.

La causa de “los cuadernos”

¿Por qué esta causa ha puesto profundamente nerviosos al aparato mediático, judicial y político oficialista? Porque entre las que aparecen más contaminadas con sospechas de haber sido terreno para el armado de pruebas y la extorsión está la famosa causa “de los cuadernos”. Dicha causa se basa fundamentalmente en cuadernos que nunca aparecieron y en declaraciones de políticos y empresarios “arrepentidos” que sólo eran liberados si declaraban contra la expresidenta Cristina Fernández. Los periodistas que más promovieron esta “investigación” llegaron a decir que tal o cual detenido sabía que podría pasar “navidad en familia” sólo si implicaba a la expresidenta en sus declaraciones; y lo contaron con orgullo, como si eso fuera un gesto saludable de la justicia y la democracia de nuestro país.

Esta causa tiene entre sus pilares, además, a las declaraciones del “empresario arrepentido” Leonardo Fariña, cuyo testimonio, lo está demostrando Ramos Padilla, fue guionado y repetido textualmente de un original escrito por la abogada Florencia Guijo, que sí conocía de inversiones y de obra pública. Fariña, que tenía que apuntar directamente a CFK y a De Vido en su “confesión”, no tenía la menor idea de lo que le querían hacer decir; por eso debió seguir un libreto y asistir a sesiones de “coacheo” para aprender a parecer un conocedor del tema.

Esta causa que ahora está bajo sospecha es el caballito de batalla del gobierno nacional en su propia campaña, le sirve para demonizar al anterior gobierno y es además el tema que más letra le da a los medios que no quieren hablar del desastre económico provocado por las políticas de ajuste, retracción y desinversión productiva.

Las no-causas de la corrupción actual

Es la causa de “los cuadernos” la que ha permitido presentarse como abanderado de la lucha contra la corrupción a un gobierno que ha generado una deuda externa monumental, impagable, y una licuación y fuga de capitales sin precedentes en la democracia argentina, enriqueciendo a bancos y empresarios amigos con una fenomenal bicicleta financiera que está pagando y podría seguir pagando por décadas el pueblo argentino con su trabajo. Es decir: Macri, quien acumula decenas de motivos para ir preso el día que se le termine la cobertura política, mediática y judicial, aparece en los medios hegemónicos y en el propio relato de los empresarios del “círculo rojo” y de sus funcionarios, como alguien que está encabezando un proceso tipo “mani pulite” para terminar con la corrupción en el país.

La doble vara judicial

En este marco, los integrantes del anterior gobierno se han ido presentado en tribunales, todas y cada una de las veces que fueron convocados, pese a que es evidente a esta altura que en Comodoro Py existe una banda judicial dedicada a seleccionar, acomodar, armar e impulsar causas y denuncias según le convenga al gobierno nacional. Y no sólo eso: estamos ante un equipo de jueces y fiscales oficialistas que hacen uso y abuso de las prisiones preventivas como herramienta de presión, más allá de toda justificación y lógica.

Sólo a partir de esta doble vara político judicial se entiende que dirigentes del gobierno anterior como Diego Bossio, que han estado al frente de entidades como ANSES, con sus multimillonarios movimientos de fondos, no tengan problemas porque no han sido oposición durante el macrismo; mientras que los dirigentes que sí han enfrentado al actual gobierno tienen que desfilar por tribunales cada vez que hace falta meter una noticia que nos distraiga un poco del malestar que provocan la creciente desocupación y la pérdida de salario real.

Sólo a partir de esta doble vara político judicial se entiende también que el fallecido dirigente sindical Gerónimo “Momo” Venegas, quien murió multimillonario pese a representar al sector más pobre y castigado de los trabajadores (los peones rurales, principalmente), haya sido presentado por Mauricio Macri como un sindicalista modelo, mientras que el dirigente de camioneros, el opositor Hugo Moyano, a la cabeza de un sindicato que consiguió para sus afiliados salarios que están muy por encima de la media entre los trabajadores, es hostigado con batería de causas y presentado en la prensa como el ejemplo paradigmático de la mafia sindical corrupta y patotera. A esta altura, todo parece indicar que si Moyano mañana se despertara “macrista”, las denuncias que hoy lo tienen contra la pared caerían en fila como si se tratara de un fallido juego con fichas de dominó.

El fiscal “rebelde”

En este contexto, el fiscal Carlos Stornelli, en su momento se negó a entregar su teléfono (él, que tantos y tantos teléfonos ha secuestrado a partir de indicios irrelevantes) y lleva 65 días eludiendo a la justicia. Evade las convocatorias a declarar en Dolores, bajo el amparo del procurador Eduardo Casal, que evita removerlo y considerar su desafuero para que pueda ser obligado por la fuerza pública a declarar; sumado a la vista gorda (o miope) de la Oficina Anticorrupción (a cargo de la militante oficialista Laura Alonso); apañado por el propio Presidente Macri, que no tiene empacho en seguir mostrándose con él y “bancándolo” públicamente pese a su estado de “rebeldía”; y, obviamente, protegido por un cerco mediático que lo sigue presentando como un espadachín de la justicia contra la corrupción.

Probó con desbarrancar al juez Ramos Padilla pero la Cámara de Mar del Plata lo confirmó al frente de la investigación. Tiene la mala suerte de haberse cruzado en el camino con un juez que sale primero en cuanto concurso se presenta y al que, luego de tirarle todo el aparato de inteligencia encima para remover su pasado y encontrarlo culpable “de algo”, sólo pudieron acusar de haber participado en marchas por la memoria los 24 de marzo (de hecho, es un juez que ya como abogado había llevado adelante procesos contra genocidas de la última dictadura).

La operación “puf”

Así llegamos al domingo pasado, cuando Lanata en su nuevo ciclo de PPT presentó lo que denominó operación impunidad y operación “puf”. A partir del acceso a escuchas ilegales, obtenidas de pinchazos de teléfonos realizados por equipos de inteligencia vinculados al servicio penitenciario nacional, Lanata y Wiñazki pretendían “tirar abajo” la investigación que lleva adelante Ramos Padilla. ¿Qué es lo único que demostraron? Que algunos de los “presos K” (así los llaman, no tienen empacho en reconocer el carácter político de las detenciones) sabían de antemano que se presentaría la denuncia.

¿Qué cambia a partir de esto? Legalmente, nada. Política y mediáticamente, mucho: le dio changüí al aparato político y mediático oficialista, con el propio Macri a la cabeza, para embestir nuevamente buscando correr al juez federal de Dolores de la investigación. También les sirvió para “levantar el muerto” de Stornelli, a quien ya le costaba tener cara para seguir mostrándose risueño, incluso en los canales de televisión y las radios que siempre lo trataron como un pulcro funcionario de la justicia, a quien todo se le perdona, desde sus lejanas alianzas con la barra brava de Boca en adelante, todo.

Lo que está en juego

Es mucho lo que está en juego y se define por estos días alrededor del destino que tengan estas causas. Y en todo ello tenemos que ver todos y todas, no sólo “los K” y los oficialistas.

Por empezar, está en juego que efectivamente podamos saber hasta dónde realmente existió o no cartelización y corrupción en el otorgamiento de las obras públicas, de vialidad y en general, en la Argentina. Así como están llevando las causas el tándem Stornelli-Bonadío, es esperable que tarde o temprano todo quede en nada, en un papelón, en una declaración de nulidad que vuelva todo a foja cero y que nos haya hecho perder, a los acusados la posibilidad de defenderse, y a todos/as la posibilidad de saber con más precisión los modus operandi pasados y actuales.

Pero está en juego también el derecho que tenemos todos y todas a defender las garantías constitucionales, pilar de nuestra democracia, diferencia fundamental con el accionar de cualquier dictadura. Si un grupo de jueces alineados con el poder político de turno pueden disponer de las prisiones preventivas a gusto y piacere, sin necesidad de atarse a procedimientos y derechos establecidos y ecuánimes, y extender esas prisiones preventivas como herramienta de extorsión (o sea: declarás lo que el juez quiere o te quedás adentro); todos y todas perdemos. Aún si no te importaran quienes hoy están siendo hostigados de este modo, debería importarte que, rota esta barrera, cualquiera puede ser la próxima víctima.

Pero además, finalmente…

“Aunque sea de casualidad…”

Lo que Lanata y el aparato mediático buscan con esta nueva embestida es, nuevamente, levantar su precio. Él, que se jacta de haber inventado la categoría de “la grieta” que tanto le ha servido a Macri para llegar al gobierno y luego para sostenerse en él; y que si no tuviera un último límite de vergüenza podría jactarse de formar parte de las primeras líneas de periodistas que contribuyeron a garantizarle impunidad al presidente (desde los primeros días, cuando su nombre en los Panamá Pappers pasó por la agenda pública nacional sin pena ni gloria, mientras en otros países renunciaban primeros ministros y funcionarios de toda índole por el mismo motivo).

De la causa que investiga Ramos Padilla, esa que Lanata dice que podés haber conocido “de casualidad”; surge que el periodista Daniel Santoro utilizaba sus denuncias, sobre todo desde el programa de televisión Animales Sueltos, como herramienta de extorsión. Empresarios y funcionarios eran amenazados, si no pagaban o no accedían a las condiciones que imponía la banda de D’Alessio, con el armado de causas y con el escrache público, Santoro y Animales Sueltos mediante. La banda, Santoro mediante, espió hasta a sus compañeros de trabajo, principalmente a Romina Manguel. “Mañana a la noche salís en América”, le decía D’Alessio a sus víctimas, y Santoro cumplía, tal como se desprende de la causa en marcha en el juzgado federal de Dolores.

“Vamos a contarte quiénes son los jueces que pueden salvar a Cristina de la cárcel y por qué”, amenazó Lanata con el escarnio, en el ciclo que conduce, antes de desplegar su informe “Operación Impunidad”. En este informe, desde la vereda de enfrente, el ministro Garavano, el jefe de gabinete Marcos Peña y la diputada nacional Elisa Carrió, aparecen como los paladines de la lucha contra la corrupción en el país.

Que este periodismo de guerra, defensor de las políticas antipueblo del presidente Macri, vea reforzado e incrementado su poder, es lo que también está en juego por estos días.

La corrupción da asco

La corrupción, sobre todo cuando es entendida como la suma de mecanismos que permiten a quienes deberían representarnos utilizar los bienes y herramientas públicos en beneficio personal, da asco. Además, es sabido, la corrupción mata. Hiere confianzas y también personas reales. Duele al país y a sus víctimas directas. En este mismo medio hemos denunciado reiteradamente las causas y consecuencias de la corrupción en distintos gobiernos.

Ahora bien, cuando la corrupción es utilizada como excusa para suspender las garantías constitucionales, para perseguir a opositores políticos y para blindar las mafias actuales y las políticas de entrega y sometimiento nacional; el escenario se complejiza.

Para que no sea “de casualidad”

En tiempos oscuros, mucho peores que éstos pero que, en las actuales condiciones de posibilidad, encuentran en sus políticas económicas una clara continuidad; Rodolfo Walsh escribió: “Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copia a sus amigos; nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.”

Las cuestiones aquí planteadas, lo sabemos, son “piantavotos”. No es fácil remar contra la marea mediática que entronizó en el altar de la pulcritud a tremendos mafiosos y demonizó hasta límites sin precedentes a quienes, culpables o no de los hechos de los que los acusan (con el tándem Stornelli y Bonadio no podremos saberlo), hoy son culpables fundamentalmente de estar en la vereda de enfrente del gobierno de Macri.

Animarnos a plantear lo que parece prohibido, a denunciar aquello que se da por bueno, y a advertir las posibles consecuencias de la continuidad de Macri y su pandilla al frente del gobierno nacional; es una obligación periodística, política y personal para quienes nos paramos del lado de quienes están sufriendo la implementación de este modelo económico, político, social y cultural.

Aunque nos señalen y etiqueten, aunque, desde su lógica chica y perversa piensen que sólo por conveniencia personal uno se puede mover en este terreno, habrá que dejar en claro dónde estamos parados. Para que no sea “de casualidad” que nos tengamos que enterar de la maquinaria puesta en marcha. Las consecuencias de callarnos en este momento serán más sufrimiento para el pueblo por mucho tiempo más, y no hay aquí “casualidad” alguna.

¿O también hace falta aclarar que nada de lo que denunciaba la “campaña del miedo” era mentira?

Publicado por Río Bravo el 02 de junio de 2019.

Publicado en Noticias clandestinas

Con la sentencia conocida hoy a Gustavo Rivas cierra un ciclo de ocultamiento y complicidad de todos los que integramos la sociedad de Gualeguaychú hacia un personaje manipulador y perverso.

Sin embargo, se abre otro ciclo a partir de ahora. El de revisar y demandar justicia completa, tras un fallo que nos deja un sabor amargo. El sabor propio de las faenas incompletas.

Sólo se lo juzga por un caso y se declara la prescripción para todos los demás, aún cuando el tribunal reconoce que los hechos sucedieron.

Pareciera que el tiempo borra los dolores, las angustias, las injusticias. Según la mirada de estos jueces, lo ocurrido no dejó huellas o ya se borraron por siempre. Es como estar juzgando un robo menor. Pero en estos casos, el robo fue mayor. Les robaron la inocencia, la sonrisa.

No parece ser demasiado importante eso para la justicia. Seguramente, hay leyes, artículos y fría jurisprudencia de la cual se toman para justificar su veredicto.

No importa el ser humano, sus derechos, sus dolores, sus tristezas. Importa no salirse de las estructuras. Importa no salirse de lo que dicta la norma, la ley. Esa misma ley que debiera protegernos, cuidarnos, preservarnos, asegurarnos que podemos vivir felices, cultivando nuestros valores.

El acusado sale airoso. "No hay declaraciones", expresa con cierto aire autoritario. No nos hacen falta sus declaraciones doctor. Nos hace falta su arrepentimiento.

¿Habrían dictaminado lo mismo estos jueces si hubiesen sido sus hijos los que frecuentaran el departamento o el coqueto barco de Rivas? ¿No habrían encontrado algún vericueto legal para evitar la prescripción? 

Me pregunto que estarán pensando los denunciantes que fueron deshechados por la "prescripción". Sus testimonios no sirvieron, están fuera de tiempo, se les acabó el plazo. En pocas palabras, lo que vivieron ocurrió, pero ya pasó demasiado tiempo como para que lo recordemos. Según la justicia, el tiempo lo cura todo. Sin embargo, hay heridas a las que no les alcanza una vida entera para cerrar. 

De eso, sabemos mucho los argentinos. Tenemos tantas heridas sin cerrar todavía. Tantos dolores que nos sacuden todos los días. Tantas injusticias no reparadas.

Los que conocemos a la familia Rivas, no podemos evitar tener sentimientos encontrados. Muchos somos amigos o conocidos de sus hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, sobrinos y sobrinas. Todos ellos, respetados y queridos por muchos de nosotros. Y eso, nos coloca en una posición incómoda, porque de algún modo sentimos que ellos también están siendo afectados y no deseamos que eso ocurra. Sin embargo, esta situación es inevitable, y también tiene un sólo culpable, que deberá hacerse cargo frente a sus familiares.

El doctor, sabelotodo, influyente, simpático, entrador, tiene otro rostro. Es el mismo que estuvimos viendo durante 40 años con simpatía, negándonos a ver el otro lado, el más oscuro.

¿Y por qué ocurren estas cosas en una comunidad que se vanagloria de ser pujante, autora de sus propias obras? Buena pregunta para que comencemos a buscarle respuestas. ¿Por qué miramos y no vemos? ¿Tal vez padecemos una esquizofrenia colectiva? ¿Tal vez nos avergonzamos tanto que no nos animamos a gritar a los cuatro vientos lo que pasa? No estoy en condiciones de dar esa respuesta y supongo que pocos pueden hacerlo.

Sí creo que un dictamen judicial acorde a lo que la mayoría de la sociedad demanda, ayudaría en gran modo a reparar nuestros males.

Publicado por José Alberto Dorati y reproducido por Río Bravo el 22 de mayo de 2019. Foto: eldiaonline.

Publicado en Costa del Uruguay
Lunes, 15 Abril 2019 23:34

El Ecuador y la expulsión de Assange

En el año 2008, cuando viví en el Ecuador como miembro de la Auditoría de la deuda, conocí al entonces vicepresidente de la Nación, Lenín Moreno, quien además asistió en un acto público fundamental, donde por pedido del presidente Correa informé al país sobre los resultados de la investigación que habíamos hecho. Jamás hubo alguna observación de Moreno a las políticas desarrolladas por el presidente Correa, no solo durante su participación en el gobierno, sino después. Pero ocurre que los conversos son sujetos de la peor especie, y su fundamentalismo tiene el propósito que no se recuerde quienes fueron y qué hicieron en el pasado.

Lenín Moreno, intenta engañar al pueblo ecuatoriano sobre su pasado en Alianza País y como colaborador del presidente Correa, haciendo exactamente lo contrario de lo que se hizo en los últimos años, y ha procedido a tomar decisiones que tienen como propósito que el país vuelva a las anteriores décadas de sometimiento y claudicaciones ante los grupos de poder que saquearon al Ecuador. Sería largo extenderme sobre sus acciones, y solo voy a referirme a la expulsión de Julián Assange, y la cesación de la, protección diplomática.

Ayer escuché al presidente Moreno, y después vi la exposición hecha por el precario canciller José Valencia, quien intentó justificar la decisión del gobierno, y realmente me asombraron la precariedad de los argumentos, las argucias empleadas, y las manifestaciones sofísticas que fundaron la expulsión.

Nunca hablo de lo que no sé, ni me gusta efectuar calificativos abruptos sobre hechos y situaciones que merecen un análisis riguroso, pero lo ocurrido con Assange es un ejemplo de los extremos a los que ha llegado el actual gobierno de Ecuador.

En principio, es más que dudoso que una persona avezada e inteligente como Assange haya cometido la torpeza de meterse en los archivos de la Embajada, haya pretendido interferir comunicaciones y afectar decisiones de otros estados, como sostuvo Moreno y después su canciller. Han justificado la decisión que se adoptara, pero además se han violado normas constitucionales y han transgredido principios del derecho internacional sobre el asilo

Se limitaron los derechos a la nacionalidad establecidos por el artículo 6 de la Constitución, se desconoció el derecho de asilo fijado por el artículo 41 que dice: "Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad". A su vez, el art.66, inciso 14 de la norma constitucional establece que “Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su étnia, religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas".

Se desconoció la Ley de Movilidad Humana y e los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Como lo planteara ayer la Defensoría del Pueblo "Es necesario recordar que el Estado ecuatoriano otorgó una carta de naturalización a Julian Assange, la cual solo puede ser anulada observando lo establecido en el art. 81 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el cual dispone que: “ Sin perjuicio de la sanción penal correspondiente, previa acción de lesividad, la autoridad de movilidad humana declarará nula la naturalización de una persona cuando ésta haya sido otorgada sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión. La decisión deberá ser motivada; para su declaratoria se deberá seguir el debido proceso y será notificada a las autoridades correspondientes.”

Ni el presidente Moreno, ni el canciller Valencia, han mostrado evidencias concretas de transgresión alguna por parte de Assange. Solo palabras y afirmaciones, sin mostrar las pruebas que llevaron a la expulsión.

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que todo procedimiento que pueda tener un impacto sobre los derechos a la nacionalidad o a la personalidad jurídica deberá observar las garantías del debido proceso, entre ellas: “1) la notificación previa de la existencia del proceso, 2) tener una audiencia para la determinación de los derechos en juego, 3) el derecho de ser asistido jurídicamente, 4) a ejercer una defensa y a disponer de un plazo razonable para preparar los alegatos y formalizarlos, y para evacuar las correspondientes pruebas, 5) derecho a que las actuaciones y decisiones del proceso se consignen por escrito, 6) el plazo razonable del procedimiento, 7) el derecho a la revisión judicial efectiva de decisiones administrativas, 8) a una decisión fundada, 9) a la publicidad del accionar de la administración, entre otros.”

El artículo 79 de la Constitución del Ecuador establece "En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador." Es decir que ante cualquier transgresión de Assange se lo debería haber sometido al debido proceso, y mientras no fuere posible llevarlo a cabo, mantener su condición de asilado. Al respecto es necesario señalar que es ciudadano ecuatoriano y está protegido por las leyes del país.

La Opinión Consultiva 25-2018 solicitada por el Ecuador a la Corte IDH, la cual tiene efectos vinculantes, señala “que el Estado de acogida debe, por tanto, arbitrar todos los medios necesarios para proteger a la persona en caso de un riesgo real a la vida, integridad, libertad o seguridad si es entregada o removida al Estado territorial o si existe un riesgo de que ese Estado a su vez pueda expulsar, devolver o extraditar posteriormente a la persona a otro Estado donde exista ese riesgo real”. Por este motivo, el Estado ecuatoriano, en atención al principio de no devolución, debía analizar todas las alternativas viables a fin de no poner en riesgo los derechos de la persona asilada.

Ninguna de las normas citadas, ha tenido valor alguno para el presidente Moreno, que ha decidido desconocerlas, aunque se promulgaron cuando él era vicepresidente del Ecuador, pero además no ha existido ninguna actuación administrativa que le permitiera a Assange defenderse.

Desconozco como serán las decisiones del gobierno de Gran Bretaña, pero Donald Trump, está listo para pedir la extradición y sabemos lo que puede ocurrir, ya que es bien sabido, que Assange puso en descubierto ciertas tramas que debían permanecer en el más impenetrable de los secretos. No descarto que a cambio de esta decisión del Ecuador, haya algún favor del gobierno norteamericano, presiones o exigencias de variada naturaleza, ya que hoy la soberanía del Ecuador es una ficción, aunque las autoridades enfaticen sobre su ejercicio pleno.

Ya lo demostró acabadamente Stephen Krasner, célebre profesor de la Universidad de Stanford, de cómo la soberanía legal internacional muchas veces nada tiene que ver con la realidad, y cómo siempre los fuertes se imponen a los débiles, para torcer su voluntad.

Publicado por el autor y reproducido por Río Bravo el 15 de abril de 2019.

Publicado en Noticias clandestinas

La adolescente de 14 años fue vista por última vez el 17 de marzo de 1990. Desde entonces se desconoce su paradero. La Justicia de Entre Ríos expurgó la causa en 2012. Ahora reconstruirán la investigación.

Llevaba un rato largo sentado en el banco de madera, mirando los afiches pegados sobre la puerta cerrada. Debajo de sus pies, el piso con mandalas de origami se movía de acuerdo a la sombra o al parpadeo de un foco bamboleante. Había esperado tanto tiempo por alguna novedad sobre el paradero de su hermana, que podía esperar un rato más. Junto al movimiento de la calle comenzó a oír el ruido de las puertas y los pasos de los empleados apurados por llegar a sus escritorios. Entonces fue invitado a pasar a uno de los despachos del entrepiso del edificio de Tribunales.

Al final de la escalera, un hombre estiró el brazo y estrechó la mano de Juan Sola.

Faltaban pocos días para que se cumplieran los 29 años de aquella tarde de marzo en la que Blanca Susana, su hermana de 14 años, desapareciera en las inmediaciones de las calles Schachtel y 2 de Abril, sin dejar rastro.

“Le pido perdón en nombre del Estado, lo que ocurrió con el expediente de su hermana no debería haber pasado. Pero pasó, y creo que corresponde hacerme cargo de la situación, pedirle disculpas aunque sean insuficientes e informarle que voy a ordenar la inmediata reconstrucción de la causa”. Esas fueron las palabras del Dr. Ignacio Telenta, quien juró como Juez de Garantías y Transiciones N° 2 de Gualeguaychú en noviembre pasado, y a quien fueron dirigidos los pedidos de la familia de Blanca Susana y de este medio para acceder al expediente de la causa.

BLANCA SUSANA SOLA: LA CHICA QUE SE TRAGÓ LA TIERRA

“Dicen que los huesos pueden ser de la chica que se tragó la tierra”, comentaban los vecinos que ese mediodía del 10 de diciembre del 2018 se acercaron para ver qué ocurría en las inmediaciones del muro gris que hace 15 años unos albañiles construyeron sobre el terreno antes conocido como la Chacra de Hernández.

“La chica que se tragó la tierra”: Así de literal y tremendo, porque hace 29 años que nada se sabe de Blanca Susana Sola, la adolescente de 14 años que supuestamente desapareció en el breve y misterioso trayecto de las dos cuadras que separaban la casa de su hermana Gloria y la casa paterna ubicada frente a Obras Sanitarias.
Esa fue la primera vez que escuché sobre la desaparición de Susana, y a partir de ese momento algo empezó a andar, basado en el simple y evidente principio de que a las pibas no se las traga la tierra: las matan, las secuestran, pero no se evaporan camino a su casa.

EN LA PANADERÍA DE LOS SOLA

Aquella tarde del sábado 17 de marzo de 1990 hacía calor, el verano se resistía a irse del todo. Susana –como la llaman sus hermanos- se bañó, se vistió con una pollera de jean, una remerita negra y unas topper rosadas que de tan gastadas “de lejos parecían blancas”. Eran las cinco de la tarde. Víctor la vio salir rumbo a lo de su otra hermana: “¿A dónde vas? Le pegué el grito. Voy a lo de Gloria, me contestó Susana. Y se fue así, alegre como siempre andaba ella, alegre y apurada. Susana tenía 14 años pero no era como son las gurisas ahora, era una nena”, soltó su otro hermano Víctor, al igual que lo hizo en varios momentos de la charla que mantuvimos aquel mediodía entre las máquinas y los sacos de harina de la panadería de los Sola. Habían pasado tres días luego del hallazgo de esos pocos y pequeños huesos que el Ministerio Público Fiscal envió al Departamento Médico Forense de Oro Verde, donde aún se encuentran a la espera de un estudio que concluya sobre el origen (humano o animal) de los mismos.

“Era una nena”. Esa frase era la forma a la que recurrían sus hermanos para reafirmar lo que con profunda convicción cree la familia Sola. Susana no se fue. “A Susana se la llevaron o no sé qué pasó, pero ella no se fue por voluntad propia”, asegura Juan Sola, uno de los hermanos mayores que reaviva la brasa caliente que estos 29 años de angustia y falta de respuestas no han podido arrebatarles: “Yo tengo esperanzas de que si está viva, un día se entere que la seguimos buscando y pueda volver”. Susana tendría 43 años.

Luego de aquel caluroso mediodía en la panadería de los Sola, la charla con Juan se extendió hacia otras tantas charlas en su casa, a las que se sumaron otros miembros de su familia. Fue entonces que una anécdota contada por Juan y su esposa Liliana, nos reveló como pese a los años, aún afrontaban una especie de búsqueda permanente e imposible de su hermanita: “Acá se dijeron muchas cosas cuando desapareció Susana. Yo trabajaba afuera todo el día, hacía poco que había llegado de Buenos Aires, no estábamos con los hermanos más chicos. Algunos vecinos decían que una camioneta de unos vendedores que andaba dando vueltas por el barrio se la pudo haber llevado, mi hermana Gloria se acuerda de un asentamiento de gitanos cerca de su casa además del que estaba en donde construyeron la escuela Pablo Haedo, y así muchas cosas”.

“Un día viajamos a Campana con mi familia. Yo me había llevado de acá un papelito con una dirección anotada de una familia que había oído que mi hermana podía estar en esa ciudad. Fuimos, preguntamos y llegamos a un almacén que atendía un muchacho entrerriano. Él nos indicó como llegar al clan gitano de Campana. En la vereda vi a una chica con la fisonomía muy parecida a la que yo imaginaba que hubiese tenido Susana. Era el año 2015. Pregunté su nombre, no era ella”, contó Juan emulando el gesto de sostener un pequeño papel en la mano, como si fuera una esperanza arrancada de un cuaderno o un pasaporte improvisado hacia su hermana. Juan habló con los referentes de la comunidad gitana de Campana, anduvo por la ciudad, recordando aquello que la misma policía le había dicho en aquellos primeros años: “Cruzando el puente de Zárate nosotros no podemos hacer nada”. Juan sabía que nadie buscaba a su hermana. Sus padres fallecieron sabiendo que ya nadie más que su familia la buscaba, así que salir a preguntar con un papelito en la mano en una ciudad desconocida, era todo lo que tenía, porque el Estado ya los había abandonado.

LA ÚLTIMA TARDE

Susana corrió a través de los terrenos baldíos que separaban su casa de la de su hermana Gloria. “Siempre lo hacía, porque acá antes no había tantas casas. Ella corría por calle Schestel y entraba a su casa cruzando un terreno baldío, el mismo donde los perros perdían el rastro al buscarla”, contó a R2820 Ema Mercado, la vecina que declaró ver a Susana volver de lo de su hermana aquel último sábado, cerca de las siete de la tarde.

Susana avisó que se iba a lo de su hermana mayor poco antes de las cinco. Gloria bañaba a sus dos hijitos. Los preparaba para llevarlos al cumpleaños de un año que celebraba una vecina a una cuadra de su casa ubicada en calle Panozzo. “¡Susana! ¡Qué bueno que llegaste!, le dije. Pareciera que supieras que me venís a dar una mano grande llevándome a los gurises hasta el cumpleaños”, contó Gloria, la última de los hermanos Sola que vio a Susana esa tarde.

“Ella estaba vestida como siempre, se había bañado porque ese día hacía calor. Vino a casa como siempre venía, para ayudarme y conversar conmigo. Ella era como la hermanita mayor de sus sobrinos, jugaba con ellos, los cuidaba. Me preguntó si podía quedarse en el cumpleaños de la nena. Me dijo que a ella también la conocían y seguro que se podía quedar. Le dije que no, que ya era grande, que se viniera a casa después de dejar a los chicos. Y como me había dicho que se quería quedar, la esperé en la puerta, mirándola a lo lejos. Cuando llegó la invité a tomar unos mates mientras yo seguía con lo que estaba haciendo en la cocina”, recuerda Gloria hilando sus gestos con las palabras, porque no se permite olvidar esa última vez en que Susana estuvo sana y salva, sentada en la cocina de su casa.

“Ahí estuvimos con Susana hasta que llegó mi marido. Llegó con otros peones a descargar madera para una obra que estaban techando por Las Piedras. Entró el solo a la casa, entonces aproveché a pedirle el dinero que necesitaba para hacer una compra en un lugar al que iba en ese entonces, a La Familiar. Antes de irme le dije a Susana que me terminara de colar un poco de acelga que estaba preparando para hacer una tarta para la cena. Le dije que después se fuera para la casa de nuestros padres. Me subí a la bicicleta y me fui. Esa fue la última vez que la vi”, contó Gloria. Eran las siete de la tarde.

Cuando Gloria volvió del mercado era poco más de las ocho y media. Su marido 20 años mayor que ella, a quien había conocido cuando trabajaba en una casa de familia en un campo de la zona, se había bañado y estaba en la cocina. “Le pregunté por Susana y me contestó “Se habrá ido”, nada más que eso. Y me pidió que fuera a comprar una damajuana de vino como se usaba en aquella época para tener para la cena. Una vecina me había traído a los chicos y cuando volví Miguel –su marido- ya había ordenado las cosas de la compra que había hecho un rato atrás”, contó Gloria.

“Una vecina, Ema Mercado, la había visto pasar y contó que Susana la saludó. Eso debe estar en el expediente, porque los vecinos fueron a declarar. Y ella nos dijo que la vio pasar por su casa”. El testimonio de la mujer reducía todo a las infinitas posibilidades acontecidas en el breve trayecto de dos cuadras. La distancia que separaba ese último saludo hasta la casa de los padres, a donde Susana nunca llegó.

“Todo era diferente en aquella época. Éramos pocos los vecinos, había mucho terreno baldío y esto era zona de chacras. Nos conocíamos todos, porque además Susana iba a jugar a casa de las amigas vecinas, a la Escuela N° 5 en la que estaba terminando séptimo grado, pero nada más que eso. Susana no iba sola ni a la 25. Era una nena. No se pudo ir sola a ninguna parte”, volvía a repetir una y otra vez Juan cuando la cabeza le rumbeaba por los sinuosos senderos que trazó la desaparición de Susana.

“Al otro día me preparé para hacer unos mandados, levanté a los chicos y los llevé a lo de mami, como hacía siempre. Llegué y pregunté si necesitaban algo de la carnicería, me dijeron que no y seguí viaje. Cuando volví, papi me preguntó por Susana. Le dije que tenía que estar acá. Y él me dijo que pensaron que se había quedado a dormir en casa porque una de mis hermanas les había dicho eso. Le dije que no, que estaba segura que se había vuelto, y ahí nos dimos cuenta que Susana no estaba, que no había llegado pobrecita. Nos desesperamos, empezamos a buscarla por el barrio, a ir a la casa de todos los vecinos y no la encontrábamos en ninguna parte”, cuenta Gloria poniendo los ojos en alguna parte de aquel recuerdo.

“A esa altura eran como las diez de la mañana del domingo. Cuando Susana no aparecía por ninguna parte, fui yo quien hizo la denuncia en la comisaría cuarta”, agrega Juan.

De ahí en adelante todo comienza de nublarse, a cobrar otras formas, a quedar poco claro: como piezas que no encastran en una historia que repite los mismos trayectos hace casi 30 años.

Comenzaron a circular todo tipo de rumores sobre la familia Sola. A lo largo de los meses venideros, los propios funcionarios policiales que intervinieron en el caso destacaron en las escasas publicaciones de la época el daño que “los dichos de la gente” provocaban a la investigación. Rumores que hablan de “actos de rebeldía” por parte de la joven desaparecida, que sumaban y restaban novios de acuerdo a quien contara el cuento, que agregaban o quitaban supuestos “problemas familiares” que la podrían haber llevado a tomar la decisión de irse de su casa, entre otras teorías dirigidas a culpabilizar a la familia Sola por ser humilde y numerosa.

¿Podía planear una fuga de su casa una niña de 14 años, sin llevar al menos un abrigo para la noche o su documento de identidad? La Justicia nunca pudo probar ni esta, ni ninguna otra teoría. Vale recordar que estamos hablando de la misma niña que quería quedarse a tomar jugo y comer un pedazo de torta en el cumpleaños de una vecinita un rato antes de desaparecer.

¿DÓNDE ESTÁ SUSANA?

“Susana no se fue por voluntad propia. Estoy segura de eso. Ella era mi amiguita y me hubiese contado”, recuerda Rosana, una vecina del barrio. “Pasábamos mucho tiempo juntas y jugábamos a las cosas que jugaban las nenas en esa época: uníamos medias de nylon para fabricar un elástico y poder saltar, cosas así, y si bien yo era traviesa, ella le hacía mucho caso a su mamá y era muy de su casa”.

“Cuando Susana desapareció algo cambió para siempre en las familias del barrio. No podíamos jugar más afuera, nuestros papás nos esperaban a la salida de la escuela, teníamos miedo”, cuenta Rosana.

“La familia era muy humilde pero no me puedo olvidar a ese papá que la buscaba con desesperación”, contó la doctora Mercedes Raffo a R2820. “Recuerdo verlo sentado afuera del despacho, trayendo tomates de su huerta con la intención de pagar de alguna manera aquello que no podía solventar con dinero”, agregó. “Yo comenzaba a ejercer, era muy joven, pero quien investigó mucho y anduvo durante un buen tiempo buscando a Blanca Susana fue el Dr. Hugo Rosso”, reveló la abogada.

Hugo Rosso ya no ejerce el derecho, pero 29 años después, recuerda el caso: “Hicimos todo lo que pudimos, trabajamos mucho en aquel entonces con el secretario del Juzgado, el Dr. Mario Gómez del Río”, comenzó a contar el abogado que patrocinó a la familia Sola.

“Recuerdo incluso que logramos allanar un prostíbulo que funcionaba en la zona de Ibicuy y rescatar a una menor de 15 años que habían traído de Misiones, pero nunca logramos dar con una pista firme sobre el paradero de Blanca Susana”.

“El caso llegó a mis manos por un conocido que se enteró de lo que había pasado y me llamó para que representara a la familia. Era gente humilde, de campo, que estaba muy preocupada por su hija. Se dijeron muchas cosas, pero finalmente se archivó la causa sin que nos dieran explicaciones. Durante el primer año se investigó mucho, luego quedó todo parado”, concluyó el abogado que recordó cómo se las apañaban con muy pocos recursos para investigar.

Tiempo después cobraron fuerza los rumores sobre un posible abuso sexual; se excavó en un pozo ciego cercano a la casa de los Sola y tampoco se halló nada relacionado a la muchacha. Volvió a tener cuerpo la versión de un chico que vivía en una casa donde funcionaba un quiosco al que iba Susana a comprar chicles. La familia al poco tiempo se mudó y nada se supo de ellos. Todo concluía en el mismo lugar: dando vueltas en círculos de incertidumbre al igual que los perros que luego de oler sus prendas perdían el rastro en la tierra. Hubo quienes alimentaron irresponsablemente teorías conspirativas que jamás fueron probadas pero que hicieron daño a la familia Sola y que se instalaron como verdades indiscutidas. Sin el expediente todo se ha perdido.

“Hoy si una chica no vuelve a su casa, sale en las redes sociales, enseguida se la busca, todo funciona diferente a como funcionaba en aquella época. Antes la frase “se habrá ido con algún noviecito” era muy común”, reconoció Cristian Hormaechea, Jefe de la Departamental de Policía.

“Si me entero que una nena de 14 años desapareció de su casa voy a estar al lado de esa familia, y no voy a repetir lo que digan los diarios o a decir que se pudo haber ido con tal o cual persona. Porque los que pasamos algo así sabemos lo doloroso que es esperarla, buscarla, y no saber nada. Pasa el tiempo y uno ya no sabe que pensar ni que hacer”, reflexiona Juan Sola.

“A mi hermana no la buscaron lo suficiente los que la tenían que buscar, porque no puede ser que haya desaparecido, que no haya vuelto a comunicarse con mis padres si hubiese estado en sus posibilidades”, agrega Juan.

LO QUE EL FUEGO SE LLEVÓ

El 18 de marzo de 1992, diario El Día publicó una nota sobre la investigación judicial al cumplirse dos años de la desaparición: Blanca Susana hubiese tenido en aquel momento 16 años. El artículo recogía las voces desconformes de sus padres, y la voz del juez de la causa –el cuarto y último en intervenir- quien descartó públicamente la línea de investigación basada en “un posible secuestro o privación ilegítima de la libertad” poniendo en relieve como principal hipótesis la existencia de una posible “huida del hogar” para evadir “problemas familiares”. Ese juez era Eduardo García Jurado, quien en aquellas declaraciones, si bien reconocía que “el caso todavía no estaba cerrado” adelantó la futura suerte de la investigación: “Hay órdenes impartidas a la Policía de Entre Ríos y a la Policía Federal para que la busquen hasta los 21 años de edad, momento en el cual ella tenga facultad de elegir su destino” (¿Elegir su destino?). Blanca Susana hubiese cumplido los 21 años el 9 de enero de 1997.

Fuentes judiciales aseguran a R2820 que la causa fue archivada por orden del Dr. García Jurado, para ser finalmente expurgada –es decir, para arder junto a otros expedientes ya prescriptos- durante una quema efectuada en el año 2012”. Consultado sobre este tema, García Jurado -quien lleva retirado varios años de la función judicial- aseguró no recordar si reservó o archivó el expediente: “Recuerdo que me tocó recibir a un padre devastado por el dolor y, tenga por seguro, que en mi Juzgado se hizo todo lo que estuvo a mi alcance para avanzar con la investigación”.

Lo cierto es que la causa fue archivada, y que el último juez que tuvo la causa en sus manos fue Eduardo García Jurado, titular de uno de los antiguos juzgados de Instrucción que se disolvieron cuando entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos en febrero de 2013.

Desde el hallazgo de aquellos huesos el 10 de diciembre de 2018, hasta el encuentro con Telenta - quien antes de jurar como juez actuó como fiscal en la causa que investigó el femicidio de Micaela García- pasaron casi tres meses. No había señales de Susana ni en la calle ni en Tribunales. Tampoco quedaba un solo empleado de aquella época a quien preguntarle. Finalmente la búsqueda de quienes trabajan en el Juzgado de Garantías N°2 logró un nombre y un número en un viejo libro de actas: “Sola José María Domingo - Abril 17/ 40448 – Su denuncia”, y desde esa punta del ovillo se anduvo hasta confirmar que la Justicia había vuelto a desaparecer a Susana. Tampoco hallamos registro alguno en la comisaría cuarta –donde se radicó la denuncia por la desaparición de la niña- ya que según respondieron desde Jefatura Departamental, los archivos probablemente corrieron allí la misma suerte que el expediente judicial: el fuego.

“Se trata de un error garrafal e imperdonable”. Esa fue la manera en que Telenta calificó la destrucción de la causa, y con ella todas las actuaciones realizadas hasta el momento. “No sabemos qué es lo que ocurrió con la causa porque no está asentada en los lugares en donde debería estar asentada. Lo único que encontramos es el dato en los libros de expurgue. No podemos dar cuenta de lo que hizo el Estado, ni de la investigación ni de los alcances de la misma. El expediente tendría que haber sido apartado en un lugar especial hasta tanto se obtenga nueva información para continuar el caso porque este tipo de delitos no prescribe, pero esto no ocurrió y desconocemos que pasó antes de ser expurgada”, completó Telenta.

Esto significaba que aquello que la familia Sola vivenció durante todos estos años como una gran frustración y sensación de injusticia, producto de una investigación ineficaz, que revictimizó a la víctima y a su familia poniéndolos en el centro de la opinión pública, se cumplió en su máxima expresión. La eliminación de la causa resulta la confirmación absoluta del abandono del Estado: A Susana primero se la tragó la tierra del barrio San Isidro y luego la consumió el fuego de la negligencia judicial.

¿EN QUÉ VA A CONSISTIR LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CAUSA?

Ante la consulta de R2820, Telenta explicó: “Vamos a reconstruir la causa con lo que tengamos, con la información que podamos recolectar. Vamos a solicitar una extracción de sangre a los familiares para consultar en todas las morgues y pedir información a los cementerios sobre cuerpos NN que tengan el rango etario de la chica que estamos buscando. Esto es para responder a la hipótesis sobre el posible fallecimiento de Blanca Susana. Se trata de un trabajo muy difícil que lleva su tiempo, pero que no imposible”.
“Atendiendo a la hipótesis de que no estuviera fallecida, vamos a incorporarla a un registro de búsqueda de personas a nivel nacional al que vamos a ingresar sus datos y fotografías. También voy a pedir que se realice la simulación de posibles cambios morfológicos del rostro de la chica, para pedir la localización como ocurre con otros casos de difusión nacional”, especificó el juez.

“También vamos a cruzar datos con ANSES, con el Registro Nacional de las Personas, y demás organismos nacionales, vamos a trabajar con todas las posibilidades que tengamos, vamos a agotar las instancias”, aseguró Telenta.

LAS PIBAS NO DESAPARECEN

Durante la última Navidad, una mujer de 45 años fue rescatada tras permanecer durante 32 años en manos de una red de trata que funcionaba en la ciudad de Bermejo en Bolivia. Fue secuestrada a los 13 años.

La víctima se encontraba junto a su hijo de 9 años y pudo ser localizada a través de una investigación conjunta entre Gendarmería Nacional y fuerzas policiales bolivianas. Según indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad a Perfil, la investigación se inició en el año 2014, pero recién en enero de este año se supo que la mujer, oriunda de la ciudad de Mar del Plata, había sido llevada al país fronterizo. Finalmente, y tras más de 30 años de calvario, la mujer y su pequeño hijo viajaron a su ciudad de origen para reencontrarse con sus familiares.

¿Es posible leer esta noticia y no pensar en Susana?

Seguramente nadie rinda cuentas por haber condenado la búsqueda de Blanca Susana Sola a formar parte de la pila de expedientes que en 2012 fueron a la hoguera para hacer espacio en Tribunales. Aquí es donde nos preguntamos si esto mismo hubiese ocurrido con alguien que no fuera tan vulnerable en términos sociales como Blanca Susana: una niña pobre que no llegó a su casa. Tal vez hacernos este tipo de preguntas es tan inútil como necesario, y tal vez por eso mismo no tenemos que dejar de preguntar. Tal vez así logramos que el fuego no vuelva a consumir la búsqueda de justicia y verdad de nadie más.

Publicado por https://r2820.com y reproducido por Río Bravo el 05 de abril de 2019.

Publicado en Derechos Humanos

Ante un amparo interpuesto por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el juez Oscar Benedetto -vocal de la Cámara Segunda Civil y Comercial de Paraná- dictó un fallo por el cual prohibe la fumigación terrestre con agrotóxicos dentro de los 1.000 metros alrededor de todas las escuelas rurales de la de Entre Ríos, y la fumigación aérea en un radio de 3.000.

Además, el juez ordenó el cese "inmediato" de las aplicaciones con agroquímicos, durante el horario de clases, en las áreas sembradas lindantes a las escuelas rurales, debiendo efectuarse las aplicaciones en horarios de contra turno y/o fines de semana, a modo de asegurar la ausencia de los alumnos y personal docente y no docente en los establecimientos durante las fumigaciones.

La prohibición tendrá vigencia "hasta tanto se determine por las áreas estatales específicas que se obtendrán idénticos efectos preventivos para la salud de alumnado y personal que asiste a los mismos con distancias diferentes", resolvió el magistrado.

En el tercer punto de las resoluciones, Benedetti exhortó al Estado provincial a que, por medio de las áreas correspondientes, efectúe "en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo", los estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al "uso racional de químicos y agroquímicos", "poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños; y a realizar una correcta evaluación que permita determinar el estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse".

Si bien no hizo lugar a los tiempos planteados en la demanda, el vocal de la Cámara Civil y Comercial 2 condenó a la Provincia y al Consejo General de Educación a implantar barreras vegetales a una distancia de ciento 150 metros de todas las escuelas rurales de la Provincia, en un plazo máximo de dos años.

El contexto y los fundamentos del amparo
La presentación judicial, caratulada "FORO ECOLOGISTA DE PARANA y OTRA C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS y OTRO S/ ACCIÓN DE AMPARO" reclamaba que "en el plazo de 15 días -o el que se estime razonable-" se exhorte al Ejecutivo provincial y al CGE a establecer "medidas urgentes para proteger a los niños, niñas y adolescentes, maestros y personal no docente que concurren a las escuelas rurales de la Provincia, de los impactos negativos que la actividad agrobiotecnológica genera en el suelo, el agua superficial y subterránea, el aire y, en consecuencia, en la salud".

Los argumentos del fallo
Entre sus considerandos, el juez Benedetto advirtió que hasta el momento de su resolución y, en particular, durante una audiencia propiciada por el Ministerio Público Fiscal, el Estado Provincial "lejos de brindar una propuesta conciliadora o plan de acción sobre la problemática (en una audiencia propiciada por el Ministerio Público Fiscal) se mantuvo intransigente en su postura sobre la improcedencia de esta acción y la falta de legitimación de la parte actora".

El magistrado admitió que se trata de una situación "extremadamente delicada y sensible" y sostuvo que está en juego "la salud de miles de niños entrerrianos" a lo que agregó -contrariamente a lo que exponen altos funcionarios nacionales como el paranaense Luís Miguel Etchevehere o el propio ministro (¡de Ambiente!) Sergio Bergman, y los representantes de la llamada Mesa de Enlace de entidades agropecuarias- que que es un hecho "absolutamente irrebatible que ningún producto químico que sea esparcido en el ambiente o derramado sobre la superficie terrestre resulta inocuo o carente de efectos".

Benedetto alertó sobre la falta de normativa específica respecto a las distancias de aplicación de las escuelas rurales de la Provincia y cuestionó la "clara omisión estatal en orden a la prevención que este tipo de prácticas requiere", señalando que resulta "evidente" que el sistema de denuncias instaurado es insuficiente, dado que es posterior al daño causado.

En este marco, el vocal reconoció y fundamentó "la necesidad de dar respuesta a la cuestión planteada y la viabilidad de la acción promovida, en orden a la prevención de daños futuros (...) en el entendimiento de que no hay daño ambiental inocuo o completamente reparable, y que el Estado debe prevenir la producción de los riesgos con anticipación, ya que la función resarcitoria en estos casos es tardía y disfuncional".

Si bien aclaró que no se encuentra en condiciones técnicas de determinar las distancias adecuadas porque ello implicaría evaluar los riesgos de contaminación del aire, del agua, del suelo y de las personas, Benedetto evaluó que es "indudable" el riesgo ambiental y que la comunidad educativa no puede esperar a que el Estado Provincial realice las gestiones preventivas que por ley le competen, o que el Poder Legislativo dicte la norma correspondiente, "sobre todo si el tiempo juega como un factor decisivo en la salud de las personas afectadas". Es por eso que sostuvo que la prohibición es "indudablemente necesaria" y en las distancias pretendidas por las amparistas; es decir, 1.000 metros para fumigaciones terrestres y 3.000 metros para fumigaciones aéreas.

En relación a la exigencia de medidas y un sistema de vigilancia epidemiológica y un análisis sobre el agua, Benedetto advirtió que excede las facultades judiciales y que su implementación ("de indudable idoneidad") requiere de procedimientos legales y administrativos previos que no pueden ser valoradas en el proceso judicial. De todas maneras, manifestó en su dictamen que dichas acciones resultan "imprescindibles a la hora de dictar una norma legislativa que fije definitivamente las distancias necesarias" por lo que éxhortó al Estado provincial a que "practique, en forma exhaustiva y sostenida en el tiempo, estudios que permitan delinear pautas objetivas en torno al uso racional de químicos y agroquímicos, poniendo el acento precisamente en la prevención de los daños", ya que según su visión "sólo a través de una correcta evaluación es posible la determinación del real estado de situación actual de contaminación, como paso imprescindible para identificar las medidas que deben adoptarse, su idoneidad y los espacios que deben mejorarse".

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La propuesta fue lanzada en la tarde del sábado, a través de la plataforma change.org. Está dirigida "al juez de la causa" y al "coordinador de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú".

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