Sábado, 25 Marzo 2017 17:04

Ley surgida en la lucha ambiental va en camino a ser derogada

Escrito por Gonzalo Núñez

Con la media sanción al proyecto de Ley para el “Plan maderero entrerriano”, el jueves pasado en el Senado, ponen en riesgo la ley que prohíbe venderle rollizos de madera a las pasteras.

El 8 de marzo de 2007, la Legislatura entrerriana aprobó la Ley de la Madera Nº 9.759. La normativa se dictó a fin de “preservar los derechos ciudadanos a gozar de un ambiente en condiciones adecuadas de salubridad” y entre sus puntos principales se estableció la prohibición de “venta y salida de madera destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminante radicadas o a radicarse en la República Oriental del Uruguay”.

La disposición se enmarcó, en esa oportunidad, en el precepto que consagra el artículo 41° de la Constitución Nacional y “que tiene su correlato en el artículo 5° de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, entendiéndose que las plantas de producción de pasta de celulosa representan un futuro foco de contaminación ambiental que se considera en infracción a las cláusulas del acuerdo que sobre la administración del Río Uruguay tienen celebrado la Argentina y Uruguay en el año 1975”. Sin embargo, 10 años después, la ley surgida desde la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, va camino a ser derogada.

Este jueves 23 de marzo, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de Ley que crea en el territorio provincial el denominado “Plan maderero entrerriano”, que, entre otras cosas, deroga la ley que prohíbe venderle rollizos de madera a las pasteras. La incitativa fue impulsada por el gobernador Gustavo Bordet, quien envió el proyecto en octubre de 2016, que luego sería modificado por los legisladores que integran la comisión de Producción de la Cámara Alta, que preside Mario Torres (Victoria-FPV).

El proyecto fue aprobado por 16 senadores y fue rechazado sólo por el senador por el departamento Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda (Cambiemos), mediante un dictamen de minoría. Ahora sólo resta el voto definitivo de la Cámara de Diputados para que la ley reemplace a la normativa nacida en medio del conflicto con la pastera exBotnia, ubicada en Fray Bentos, Uruguay, a escasos kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú, epicentro de la lucha ambiental antipapeleras.

Diferentes sectores vinculados a la industria forestal pidieron derogar la ley que prohíbe exportar madera a papeleras. Entre ellas se encuentra la regional Río Uruguay de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Entre Ríos, Industriales Madereros y Forestales de Entre Ríos y Sur de Corrientes. (I.M.F.E.R.) y el Centro de Desarrollo Foresto- Industrial. (CE:DE.F.I.).Esta último organización nuclea a actores del sector maderero e industrial y a organismos como el INTA, INTI, Universidad de Concepción del Uruguay, UNER, UADER, CAFESG y al municipio de Concordia. En tanto, la iniciativa oficial, fue objetada por ambientalistas de Gualeguaychú y la Fundación M´Biguá Ciudadanía y Justicia Ambiental.

El “Plan Maderero Entrerriano”, tiene como objetivo promover, desarrollar y sostener la actividad foresto-industrial. El plan prevé generar “mano de obra genuina y local”, promover inversiones para emprendimientos forestales y aumentar la superficie implantada. En el proyecto se incluyó, además, algunas exigencias que buscan calmar los reclamos de los ambientalistas. Por ello, se dispuso que todo emprendimiento forestal deberá incluir un estudio de impacto ambiental y respetar los presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos previstos en la Ley Nacional 26.331.

El proyecto también estableció que el Ministerio de la Producción, a cargo de Carlos Schepens, será la autoridad de aplicación, es decir, observará que se respete la nueva ley y sus objetivos. En tanto, la Secretaría de Ambiente, podrá hacer aportes para alcanzar “el cumplimiento de las normativas de calidad y contralor ambiental exigidas en las normativas específicas”.

El presidente de la comisión de Producción, Mario Torres, dijo este jueves que el proyecto recibió el aporte de los diferentes sectores involucrados: funcionarios, legisladores, empresarios forestales, trabajadores de aserradores y organizaciones ambientalistas. En el recinto también sostuvo que “se intenta generar una controversia entre la foresto-industria y el medio ambiente, y eso está absolutamente alejado de nuestro trabajo”.

El rechazo de Mattiauda

El senador por Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda (Cambiemos), presentó este jueves un dictamen en el que expresó su rechazo al proyecto que deroga la Ley de la madera. “El proyecto enviado por el Ejecutivo provincial atenta contra la larga lucha que viene dando el pueblo de Gualeguaychú”, dice el documento al que accedió Entre Ríos Ahora.

En su escrito, el senador resalta que está de acuerdo con el espíritu del proyecto, que busca generar inversión y empleo, pero que ello debe “articularse un conjunto de instrumentos, en base a principios y objetivos sólidos, para velar por el logro de una gestión biológica y la implementación del desarrollo sustentable como parte de este Plan Maderero Entrerriano”.

En otro párrafo de su dictamen, Mattiauda sostiene que “deviene fuera de lugar, improcedente y contraria a derecho, la pretensión de derogar la Ley Provincial Nº 9.759”. Y fundamenta que, en primer lugar, “significaría afectar el principio de no regresividad al eliminar una protección ambiental consagrada en la norma y socialmente incorporada como un baluarte en defensa de derechos de raigambre constitucional, como la vida, la salud y el no otorgamiento de licencia social a emprendimientos contaminantes”.

En segundo término, señala el senador que la Ley de la madera “integra el plexo normativo que la Legislatura provincial ha sancionado en distintos momentos y que se erigen en el conjunto de leyes que realza e identifica a una sociedad que viene construyendo un perfil propio al pensar el desarrollo sustentable”.

Para respaldar su afirmación, mencionó la “ley anti represes, la que declara a Entre Ríos libre de plantas productoras de pasta de celulosa, el avance en el rechazo al sistema fracking de exploración y explotación de hidrocarburos y la ley 9.759”.

Mattiauda, advierte, no obstante, que actualmente la producción forestal “no se ha desarrollado” ya que existe la “misma superficie plantada que hace diez años, pero hay que rescatar la función ambiental que ha tenido en estos años la Ley 9.759”.

Finalmente, el senador por Gualeguaychú, sostiene que “nada impide que se pueda llevar adelante el plan foresto-industrial sin la necesidad de derogar la ley Nº9.759. Es más la derogación de la ley en cuestión reduciría el rol de la industria maderera entrerriano, a ser proveedor de materia prima, sin valor agregado, para pasteras contaminantes”. Y agrega que el plan maderero que busca llevar adelante el Poder Ejecutivo podría ser llevado a cabo con un programa creado por el Ministerio de Producción. “Lo que faltan son políticas públicas de estímulo a la producción”, sentencia.

El informe del Estado

Un párrafo aparte merece el informe “El Estado del Estado”, publicado por el gobierno nacional en diciembre de 2015. En aquel extenso documento, el gobierno de Mauricio Macri dio un diagnóstico del estado de la administración pública al asumir el 10 de diciembre de 2015: el informe pasa revista sobre diferentes aspectos de la década kirchnerista y da cuenta de los principales problemas o irregularidades que se detectaron en diferentes organismos estatales (Banco Central, Indec, Anses, PAMI, Enarsa, Vialidad nacional, Correo Argentino, entre otros). Allí, en la página 99, se hizo referencia explícita a la Ley de la madera, a la cual se consideró como una “herencia” del kirchnerismo que perjudicó la industria forestal.

En apenas 14 párrafos, se concluyó: “El sector forestal, por su parte, se vio comprometido por el manejo del caso Botnia, que tuvo efectos negativos importantes. En Entre Ríos, provincia con fuerte vocación forestal, dejó de plantarse. Desde el sector público provincial no hubo apoyo ni contención al sector. Por el contrario, el kirchnersmo legó la Ley de la Madera, que prohibía la exportación de rollizos a Uruguay por los puertos entrerrianos. Los esfuerzos de los productores argentinos para apoyar la actividad forestal generaron una importante producción de madera pero una muy baja industrialización posterior. En diciembre de 2015 se seguía perdiendo crecimiento y madera en los montes por no haber estado liderando el proceso de instalación y trabajo con las industrias. En este marco, las inversiones fueron durante años a los países vecinos. En el momento del cambio de gobierno cerca del 40% del crecimiento de los montes de la provincia de Corrientes no se aprovechaba adecuadamente”.

La conclusión de que la Ley de la madera fue un “legado” del kirchnerismo no es acertada, ya que la normativa nació desde la asamblea ambiental de Gualeguaychú y fue llevada a la Legislatura entrerriana por el entonces diputado radical (hoy dirigente del GEN) Osvaldo Fernández, que actualmente ostenta el cargo de Director de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

 

Publicado por Río Bravo el 25 de marzo de 2017

 

Tomado de Entre Ríos Ahora

Modificado por última vez en Sábado, 25 Marzo 2017 17:19
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