Martes, 19 Septiembre 2017 23:37

Una ley a pedir de los jefes narcos

Escrito por José Amado*

La futura Ley de Narcomenudeo marcha viento en popa y los grandes narcos de la provincia están de parabienes: la Justicia y la Policía de la Provincia van a estar más preocupados en perseguir a los giles del negocio, mientras ellos seguirán amasando fortunas y causando daños en la vida de muchas personas.

Hay dos proyectos en la Legislatura provincial: el del oficialismo de una carilla y media, y el de Cambiemos, de dos páginas y otras dos de fundamentación con varias citas del compañero Perogrullo.

Los juzgados federales de Paraná y de Concepción del Uruguay han dado golpes a organizaciones narco de mediana y gran escala, en algunos casos vinculadas. En Paraná hubo más de 50 detenidos en varias causas en el último año y medio, de bandas desarticuladas, donde las investigaciones llegaron a las cabezas y en algunos casos a otras zonas del país. En el oeste de la capital provincial se allanó el camino para que otros organismos del Estado irrumpieran con políticas de prevención e inclusión social de sectores que son carne de cañón de los narcos. ¿Qué hicieron desde las áreas de salud, educación, deportes o trabajo? Nada. Por eso, la oferta de droga ya empieza a crecer nuevamente, las bandas se reorganizan y se imponen nuevos jefes en el negocio.

Pero la respuesta del Estado para demostrar que quieren hacer algo es una ley para atacar a "los kioscos de droga en los barrios", cuya definición ya es una estigmatización de los sectores populares, como si en el centro no campearan los narcotraficantes. 

Cambiemos sostiene en su proyecto que "el principal problema de Entre Ríos no es la presencia de grandes cárteles, sino la presencia de los que venden en los barrios, los famosos 'transas'". Este argumento es una absoluta falacia y además una trampa. Podría ser discutible la existencia de cárteles, pero no pueden negar las organizaciones narcos con inversiones en distintos rubros de la economía e incursiones en la política, los clubes y el sindicalismo. Lo más llamativo es que piensan al transa independiente del jefe narco.

El negocio del narcotráfico no escapa a la lógica comercial básica: producción, distribución, almacenamiento, venta, etcétera. Tampoco escapa a la dinámica del capitalismo: concentración del mercado y el brazo del Estado en favor de alguno de los competidores. Que legisladores provinciales desvinculen al kiosco de droga del resto del universo narco es tan absurdo como preocupante.

El proveedor de la droga necesita lógicamente del kiosco de narcomenudeo. Cuando volteen una boca de expendio, buscará abrir otra y no le costará demasiado. Esto pasa todos los días. La provincia va a llenar las cárceles ya sobrepobladas de los que, junto a los que transportan la droga, son los eslabones más débiles del delito, que ven una forma de subsistencia tan espuria como fácil, apretados por la falta de oportunidades. El poder lo tendrá la Policía de Entre Ríos, donde los datos de investigaciones y allanamientos se filtran como agua entre los dedos, los celos y la competencia interna es feroz, y los contactos de los narcos llegan a considerable altura.

Van a invertir millones en sueldos de fiscales y estructura para atacarlos. Podrían hacerlo en más personal capacitado e instrumentos para investigaciones que lleguen a las cabezas de cada banda. Y sobre todo en políticas de prevención y asistencia a quienes padecen el consumo de drogas. Pero parece más fácil y mediáticamente redituable la foto del secuestro de unas bochitas de droga con un perejil detenido.

* Diario Uno Entre Ríos, publicado el 19 de septiembre de 2017, reproducido por Río Bravo.

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